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El banco de ADN o la exhumación de cuerpos, en el aire tras el pacto que quiere derogar la ley de memoria andaluza

El pacto PP-Vox para sustituir la ley de memoria andaluza por una de "Concordia" hace peligrar también la creación de una comisión de la verdad o la retirada de simbología franquista

El Gobierno garantiza la continuidad de las exhumaciones de fosas comunes -donde hay más de 45.000 personas- según el director de Memoria, Fernando Martínez

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Trabajos arqueológicos en la fosa de Monturque (Córdoba). | JUAN MIGUEL BAQUERO

PP y Vox apuntan a la ley de Memoria Histórica de Andalucía como su primera pieza a cobrar, aunque Ciudadanos se ha desmarcado y aporta dudas sobre si, como se ha acordado, se derogará el marco autonómico actual para aprobar una "Ley de Concordia".

El Gobierno de Sánchez, que ha anunciado que recupera las partidas memorialistas en los presupuestos de 2019, asegura que va a garantizar las exhumaciones de fosas comunes en Andalucía, según el director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez.

El anuncio de una futura derogación de la ley memorialista andaluza mantiene en vilo a miles de ciudadanos que quieren sacar los huesos de sus familiares para darles un entierro digno. Para analizar el escenario, eldiario.es habla con un miembro del Consejo de Memoria Histórica de Andalucía, con una víctima del franquismo, un activista memorialista y una arqueóloga experta en fosas comunes.

"Un segundo entierro a las víctimas"

La derogación de la normativa memorialista planteada "es preocupante porque había bastante entusiasmo en poner en marcha todas las iniciativas", entiende Manuel Velasco Haro, miembro del Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

El órgano consultivo tiene funciones como fiscalizar el I Plan Andaluz de Memoria Democrática, crear una suerte de 'Comisión de la Verdad' o decidir sobre simbología fascista. Pero apenas hubo tiempo a poner sobre la mesa "los planes de trabajo" que recogen "un plan plurianual que alcanzaba hasta el año 2022 incluso con presupuesto", añade.

Manuel Velasco Haro. | JUAN MIGUEL BAQUERO

Manuel Velasco Haro. | J.M.B.

Todo quedará "en el comienzo", dice, "en una frustración" añadida para las víctimas del franquismo. "El presupuesto que había previsto para abrir fosas comunes parece que se va a quedar fuera", según Velasco Haro.

En Andalucía hay al menos 45.566 personas asesinadas por los golpistas y enterradas en tumbas ilegales. "La inmensa mayoría están sin dignificar", sostiene. Si se cumple el frenazo a la búsqueda de desaparecidos forzados "va a ser un capítulo bastante preocupante, que se quede otra vez en el abandono".

Aunque, precisa, "no sabemos realmente cuáles son los planes" del futuro Gobierno regional. "Estos hablan de una ley de Concordia pero más allá del título no sabemos nada", apunta. E imagina "un segundo entierro de las víctimas y sus familiares".

Lore Sánchez. | JUAN MIGUEL BAQUERO

Lore Sánchez. | J.M.B.

"Nos tratan como a ciudadanos de segunda"

"Pasa el tiempo y los familiares lo están pasando mal. Es una de cal y otra de arena", dice Lore Sánchez, familiar de víctima del franquismo y presidenta de la Asociación 19 mujeres de Guillena (Sevilla).

Como la realidad histórica que cuentan las fosas comunes. Con los restos de miles de civiles asesinados por los golpistas. Con los huesos cubiertos de tierra y cal viva. "No nos vamos a cansar", subraya. En su pueblo la violencia fascista mató a 17 mujeres que yacían en una misma fosa. Dos estaban embarazadas.

Del Gobierno de PP y Ciudadanos espera poco. "No creo que se quieran reunir con nosotros", dice. "Nos tratan como a ciudadanos de segunda", intuye Sánchez. Y frente al desprecio institucional, las asociaciones estarán "activas , pero nos van a cortar las alas", augura.

Lore tiene claro el camino: "Las víctimas no van a parar", repite. "El empuje ya lo hemos tenido, en la sociedad se cuece algo y va a ser complicado frenarnos". También sabe "que llegan tiempos de mucha calle, de mucha lucha, de mucha reivindicación". 

"Entristece mucho", dice, que un marco legal "consolidado en toda España" pueda caer. "Los que hemos estado a pie de fosa sabemos que es un trabajo laborioso, y que cuesta dinero, con voluntariado se puede hacer… ¿pero hasta qué punto?", y señala grandes fosas como las del cementerio de Sevilla o Córdoba.

"Que ahora venga un partido minoritario exigiendo quitarnos nuestros derechos como familiares...", afea. "Son todos nuestros familiares, nuestros muertos, nuestras víctimas, y tienen que estar fuera. Es necesario. Y buscamos eso, justicia y reparación".

Cecilio Gordillo. | JUAN MIGUEL BAQUERO

Cecilio Gordillo. | J.M.B.

Fosas a medias

"Muchas cosas van a quedar a medias, lo de las fosas va a ser tremendo", augura Cecilio Gordillo, coordinador del proyecto Todos (…) los nombres. "¿Y qué pasa con las autorizadas que no tengan partida presupuestaria? ¿Se harán o no?".

No solo la búsqueda de desaparecidos forzados quedará en el aire. "También el Banco de ADN, que lo controla la Junta, o los Lugares de la Memoria que quedan por señalizar y el apoyo a las investigaciones locales", ejemplifica. "Todo no lo van a frenar", asegura, aunque sí "todo aquello que conlleve una partida importante de dinero. Ahí van a tener una repercusión grandísima".

Caso de la excavación en las grandes tumbas con represaliados. "Para fosas grandes es imposible encontrar financiación. La imaginación y el rascarse el bolsillo nunca ha estado de más y las familias no han tenido nunca mucho problema. Otra cosa es una fosa como Pico Reja que supera el millón de euros la intervención. Pero la mayoría son fosas pequeñas. Y ha habido equipos técnicos que se han ofrecido a ir voluntariamente".

Y continúa. "La gran duda ahora es, y el problema, que hay mucha gente que se han hecho ilusiones porque sus intervenciones están aprobadas", y cree que pueden ser paralizadas en caso de que el PP cumpla el pacto con Vox y finalmente lo apoye Ciudadanos.

Las asociaciones de Memoria, reconoce, "no fuimos suficientemente inteligentes cuando vimos que en la ley todo el poder de las intervenciones quedaba en manos de la Junta". La administración regional tiene la potestad de autorizar la apertura de fosas comunes del franquismo.

El nuevo gobierno "con no autorizar los trabajos tienen suficiente". Y lanza un dardo a PP y Ciudadanos: "El anuncio de la derogación pone contra la pared a sus representantes porque se abstuvieron en la votación de la ley de Memoria Histórica y en sede parlamentaria se manifestaron a favor de las exhumaciones de fosas comunes". Esto significa, recalca, "que habría un incumplimiento de hecho de dos organizaciones políticas que van a ser el nuevo Gobierno".

Trabajo arqueológico en El Aguaucho. | JUAN MIGUEL BAQUERO

Elena Vera (izquierda), durante el trabajo arqueológico en El Aguaucho. | J.M.B.

"No es abrir heridas, son derechos humanos"

"Si hablamos de derechos humanos, deben estar por encima de las ideologías. Y abrir las fosas comunes del franquismo son derechos humanos puros y duros", explica la arqueóloga Elena Vera. 

Esto es una realidad "innegable", dice. Porque "no es abrir heridas". Se trata "de que unas familias acaben por recuperar a sus víctimas y otras sepan dónde están, porque hay muchos que son desaparecidos forzados, que 82 años después no están en ningún sitio, ni siquiera en los registros".

El ataque ideológico se ceba, entiende, con los más débiles. "Es tremendo cuando ves a una persona mirando restos óseos de personas represaliadas, que a lo mejor ni siquiera son los de su familiar, y cómo la emoción les recorre", relata. "Por fin se está haciendo", dicen. 

"Hay un proyecto a cuatro años para memoria y esto lo decapita completamente", afea Vera, con amplia experiencia en intervenciones en fosas comunes del franquismo

"Nada más hay que abrir una fosa. Ahí se ven las disposiciones de los cuerpos que se inhumaron, los daños perimortem que tienen, los agujeros de entradas y salida de las balas…", una serie de evidencias que demuestran los asesinatos.

"Los equipos técnicos estamos preocupados a nivel científico, pero podemos seguir en otros temas arqueológicos, aquí el palo es para los familiares, que son los grandes perjudicados", sostiene. Porque abrir fosas y cunetas, reitera, son derechos humanos. "Y se tiene que restablecer la dignidad de las víctimas que fueron aniquiladas de forma sistemática".

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