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Documentos confidenciales del tratado de comercio entre Japón y la UE disparan las alarmas ecologistas

El reglamento europeo contra la madera ilegal entró en vigor en 2013.

Raúl Rejón

Cuando un cambio de postura, aún no firme, del PSOE sobre el tratado de libre comercio con Canadá (el CETA) mantiene los focos puestos en la decisión final de los socialistas, la Unión Europea continúa construyendo acuerdos para liberalizar las transacciones con otros grandes agentes económicos. En este caso Japón, mediante el llamado JEFTA.

La negociación está a punto de llegar a su vigésima ronda. Ahora, una batería de documentos internos obtenidos por Greenpeace Holanda que ha podido revisar eldiario.es arroja sombras, especialmente medioambientales, sobre el texto que se prepara.

Las conversaciones entre Japón y la UE también están marcadas por el secreto (una de las principales críticas que se le hizo al finalmente abortado TTIP con EEUU). Los documentos obtenidos por la ONG, que abarcan versiones desde inicios de 2016 a inicios de 2017, revelan que, a la hora de concretar la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible, el articulado utiliza un lenguaje suave. Más firme son los artículos que regulan la evaporación de barreras comerciales, las inversiones empresariales y los tribunales de arbitraje entre países y corporaciones.

Así, los borradores hablan de que “las partes acentúan la importancia de conseguir la potenciación mutua entre comercio y medioambiente” pero aclarando que en ningún caso el JEFTA pretende “armonizar los estándares laborales o medioambientales de las partes”.

En ese sentido, durante todo el capítulo de desarrollo sostenible (los artículos que afectan al medioambiente), los documentos confidenciales repiten que Japón y la UE “reafirman su compromiso” con el Acuerdo de París contra el cambio climático o que ambos “se esforzarán” por facilitar el comercio de bienes y servicios que ayuden a mitigar los efectos del calentamiento global o aquellos “que promuevan los derechos sociales y las prácticas ambientalmente respetuosas”.

Por el otro lado, los textos a los que tuvo acceso la organización desgranan obligaciones concretas de los firmantes en cuanto a la apertura de mercados: ahí sí se especifica qué se tiene que cumplir sí o sí: “Ninguna parte podrá expropiar” inversiones de la otra (salvo con requisitos muy concretos), o que “cada parte reducirá o eliminará las barreras comerciales sobre los productos producidos por la otra parte”.

“Los documentos filtrados muestran que los gobiernos de la UE y de Europa siguen manteniendo conversaciones secretas que ponen en riesgo los avances en materia de medio ambiente ha asegurado el portavoz de Greenpeace, Kees Kodde. La organización teme que, más allá de los aspectos técnicos del tratado, la falta de transparencia conlleve que se conviertan en ”barreras comerciales el conjunto de derechos, salvaguardas ambientales, etiquetado para la seguridad alimentaria o criterios de contratación que definen el bien común“.

Protección de los bosques

Uno de los aspectos concretos en los que la Unión Europea había expresado preocupación previa era el comercio de madera. Uno de los principales impactos ambientales del JEFTA será la expansión de la actividad económica en general que conllevará una mayor demanda e importaciones de ese material

La evaluación previa sobre sostenibilidad del tratado en ciernes con Japón redactada por la UE expresaba que el peligro estaba en “los estados desde los que se importa la madera”. Varios de los estados de origen están calificados como “de alto riesgo” en cuanto a “productos ilegales e insostenibles” por su pobre regulación. Y señalaba a China, Malasia, Indonesia, Filipinas o Vietnam.

La cuestión es que Japón es el mayor importador mundial (no toca sus masas forestales) pero tiene poco control interno sobre importación. La evaluación establecía que “la incapacidad de Japón para controlar efectivamente sus importaciones de madera ilegal ha tenido efecto en las negociaciones de la Union Europa con Malasia para un Acuerdo Voluntario entre partes”.

A pesar de esto, el artículo del JEFTA dedicado a los bosques no le impone grandes dificultades al país nipón: se dice que reconoce la importancia de asegurar la conservación y uso sostenible de los bosques y que promocionará la conservación y contribuirá a atajar la explotación forestal ilegal.

Caza de cetáceos para investigación

Otro ejemplo sobre cómo solo se rozan las implicaciones ecológicas de multiplicar el comercio y la actividad económica atañe al impacto sobre la biodiversidad del planeta. El JEFTA se encamina, según los documentos de trabajo revisados, hacia realizar una declaración amplia de principios: “Cada parte promocionará el uso de productos que sean obtenidos mediante un uso sostenible de los recursos naturales y que contribuyan a la conservación de la biodiversidad”, puede leerse en las últimas versiones.

Contrasta con la campaña anual de caza de ballenas que realiza la flota japonesa en aguas del Antártico. El pasado 31 de marzo terminó su temporada con más de 300 cetáceos abatidos. A pesar de reconocer la Unión que es uno de los puntos más conflictivos, la caza de ballenas ni siquiera se ha discutido.

El acuerdo hace referencia a que se “implementarán medidas efectivas para combatir el comercio de especies silvestres en peligro”. Las recogidas en la convención CITES. Esa convención descansa en los criterios de la Comisión Ballenera Internacional (IWC) para el caso de los cetáceos.

Pero si la IWC tiene establecido la prohibición de la caza comercial de ballenas desde hace décadas (solo Islandia y Noruega no la reconocen), Japón mata en cada temporada unos tres centenares de ballenas. Su Agencia de Pesca justifica que se hace con un “propósito investigador para estudiar el sistema ecológico en el océano Antártico”.

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