Hay un único sistema de protección a la infancia: da igual si son niños españoles o extranjeros

Los menores tutelados en acogimiento familiar o residencial son niños y niñas que necesitan una protección especial porque están en situación de desamparo o porque hay otras circunstancias en su familia de origen que obligan a la Administración a retirar la guarda a sus progenitores de manera temporal (o definitiva, como sucede con la adopción). “El sistema de protección en España es único: no hay uno para nacionales y otro para extranjeros”, explica Almudena Escorial, Responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia. “Tanto la Ley española de protección jurídica del menor como la Convención de Derechos del Niño, que es ley en España, obliga al Estado español a proteger a los niños extranjeros exactamente igual que a los españoles. De ninguna manera podríamos no hacerlo, es una obligación tanto moral como jurídica”, recalca.

En la bronca campaña electoral para la presidencia de la Comunidad de Madrid, Vox está intentando fijar un mensaje xenófobo de criminalización a los menores extranjeros, soslayando que no solo el sistema de protección es único independientemente del origen de los niñas y niñas, sino que además hay más españoles que extranjeros viviendo en las residencias que, de los dos modelos que existen, es el más costoso de mantener. Esta Comunidad ha aportado datos actualizados a fecha 31 de marzo que dejan desfasados los últimos que aportó el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en su boletín anual de protección a la infancia en el año 2020. En Madrid hay 3.709 menores con medidas de protección asumidas por la Comunidad, lo cual incluye tanto las tutelas (cuando a los progenitores se les retira la patria potestad) como las guardas. De ellos, 2.637 son españoles (71,1%) y 1.072, extranjeros (28,9%). De ese número de niños, niñas y adolescentes de origen extranjero, los que vinieron a España sin su familia (foco de los mensajes de la formación de ultraderecha) son tan solo 269, un 7,2% del total.

Además, la proporción de extranjeros respecto a españoles no ha hecho más que descender en Madrid, ya que fecha del 31 de diciembre de 2019 eran un 31,9% de extranjeros, es decir han disminuido un 3%.

Solo cinco territorios tienen a más menores extranjeros que españoles

De los 33.200 menores de edad tutelados por las administraciones del Estado, el 60% son de nacionalidad extranjera. Que la proporción de menores extranjeros sea algo mayor que la de españoles en el sistema de tutela es algo reciente, pues dos años antes de los últimos datos disponibles, en 2016, los extranjeros apenas suponían un 29%.

Hay dos tipos de acogimiento para los menores: las residencias y las familias. El primer modelo no solo es peor para el bienestar del menor sino que además es más costoso. La ley recoge expresamente que debe prevalecer el acogimiento familiar sobre el residencial, pero en la práctica no es así. En números absolutos, según datos del último año disponible (2020), en las residencias hay 13.812 menores extranjeros frente a 9.397 españoles, con una proporción equitativa de sexos entre los nacionales pero una clara desproporción entre los extranjeros, que son mayoritariamente niños. En la mayoría de las Comunidades Autónomas se contabilizan más menores españoles que extranjeros viviendo en residencias. Son, en total, diez: Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja y Madrid. En las residencias de Andalucía y Comunidad Valenciana hay el mismo número de menores extranjeros que de españoles. Solo en Catalunya, la Región de Murcia, Navarra, Ceuta y Melilla la proporción se invierte.

De esos 13.812 menores extranjeros, la mayoría (11.380, el 82,4%) ha llegado a España sin la compañía de su familia, son los que se venían denominando MENA pero que ahora se alude a ellos por los siglas NNAMNA (niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados).

Es difícil decir cuál es el coste por plaza en una residencia de menores, como ha hecho Vox, ya que son de diversa tipología y conllevan costes diferentes. No obstante, gracias a un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía se sabe que el gasto mensual medio por plaza de un menor en un centro residencial de esa Comunidad es de 3.370 euros. En cambio, un menor en acogimiento familiar remunerado tiene un coste de 424 euros al mes. En esa autonomía existe un dispositivo de emergencia para menores extranjeros no acompañados de 400 plazas, cuyo gasto mensual por plaza es de 1.500 euros. Mayoritariamente son fundaciones, asociaciones y organizaciones las que gestionan estos centros, y sus presupuestos son variables porque depende de los servicios que den en cada centro adjudicado. 

Un sistema con notables debilidades

Contradiciendo la ley, los menores extranjeros viven sobre todo en residencias. Tan solo un 10% de los que viven su infancia en una familia de acogida son extranjeros. Esa es la media estatal, aunque hay comunidades autónomas como Aragón donde se acerca más al equilibrio, con un 35%, o Madrid, con el 20%. La situación general es que los menores extranjeros viven mayoritariamente en residencias, donde en algunos casos como Melilla o Madrid son macrocentros; un modelo que se intenta extinguir, a favor de pisos o casas de un tamaño más reducido donde el acogimiento se pueda asemejar más al de una familia.

“Existe una excesiva institucionalización de los niños y niñas”, recuerda Almudena Escorial. “Hay más niños en el sistema residencial que en el familiar y eso es algo que tanto la Organización de Naciones Unidas como la Ley de 2015 dejaba claro que no podía ser así, que la familia es el entorno natural, pero no se están poniendo estrategias para acabar con esa institucionalización. Hay que apoyar más a las familias para impedir la separación y, en el caso de los centros, hay que hacer que sean lo más pequeños posibles ya que todavía hay macrocentros y es un modelo que tiene que desaparecer”.

En 2017, el Comité Español de Unicef publicó un informe sobre la atención a niños, niñas y adolescentes en acogimiento en el sistema de protección en España en el que llamaba la atención sobre las debilidades del sistema residencial. Entre ellas estaba la falta de atención a problemáticas concretas de estos menores, las malas condiciones laborales y la falta de estabilidad de los equipos que trabajan en los centros, la endogamia de un sistema que hace que los niños y niñas raramente participen en actividades comunitarias externas, así como los espacios asépticos y no personalizables en los que tienen que vivir.