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La Fiscalía pide al Ministerio de Igualdad que bloquee 13 webs extranjeras de maternidad subrogada

Manifestación contra la gestación subrogada frente al Ministerio de Justicia en abril de 2023

elDiario.es

11 de febrero de 2026 16:27 h

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que el Ministerio de Igualdad impida el acceso desde España a las webs de 13 empresas que ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada. Se trata de compañías con sede fuera de la Unión Europea.

En España la gestación subrogada no está permitida por ley, y el Gobierno lleva años tratando de limitar también la publicidad que hacen las empresas que ofrecen estos servicios en el extranjero. Los magistrados de lo civil de Tribunal Supremo fueron muy claros con este asunto en una sentencia de 2022: “Las madres y los niños son tratados como simples mercancías”.

Según informa la Fiscalía en una nota de prensa, se trata de una actuación coordinada entre las Fiscalías de Madrid y Barcelona “en virtud de denuncias presentadas por entidades privadas y públicas, y en las que ha intervenido el Defensor del Pueblo”. Ya el pasado mes de noviembre una actuación pionera de la nueva sección de la Fiscalía encargada de la defensa de los consumidores logró el cierre, por primera vez en España, de tres webs dedicadas a publicitar la gestación subrogada.

En el decreto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso elDiario.es, se indica que las actuaciones llevadas a finales de 2025 ya se han conseguido cerrar varias webs y en otros casos se han iniciado procedimientos civiles por publicidad ilícita. Pero añaden que en el curso de esas actuaciones se ha detectado “otras entidades situadas fuera del territorio de la Unión Europea, que realizan prácticas comerciales sobre gestación subrogada, accesibles y visitables en su web desde España”.

En el decreto se listan esas empresas, que tiene sedes sobre todo en Estados Unidos, pero también Israel, Canadá, Georgia, Ucrania, México y Colombia.

“Las actuaciones tienen por objeto la exigencia de responsabilidad en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, en defensa del derecho fundamental de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios frente a prácticas comerciales ilegales”, añade la nota.

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