Las pulseras de control a maltratadores, renovadas por primera vez en nueve años pero sin tecnología punta

El Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa) va a renovar todos los dispositivos que llevan los 1.072 hombres acusados de violencia de género y que actualmente son vigilados por medio de pulseras de control . El servicio, adjudicado el pasado mes de julio a Telefónica, aunque es ejecutado por Securitas Direct, empezó la sustitución de los aparatos la semana pasada después de que el anterior Gobierno del Partido Popular incluyera la obligación en el pliego de condiciones. Tras años de quejas de las trabajadoras, que lidian con numerosos fallos técnicos por utilizar los dispositivos tecnología 2G, la empresa va a implantar 3G, un avance que, por otro lado, no se corresponde con la última generación de este tipo de señales.

Los aparatos que portan tanto el investigado como la víctima consisten en un brazalete de radiofrecuencia él y un dispositivo cada uno, una especie de GPS y teléfono. A través de ellos, las trabajadoras de Cometa se encargan del control telemático de las órdenes de alejamiento impuestas a hombres acusados de agredir a sus parejas cuando así lo estima un juez. Actualmente los dispositivos funcionan con tecnología 2G y van a ser renovados tras las denuncias de las empleadas, que deben hacer frente a múltiples errores técnicos por pérdidas de cobertura, lo que provoca que salten alarmas –y ellas deban activar su protocolo pertinente– sin que el hombre se esté acercando a la víctima.

“Estamos trabajando con dispositivos muy obsoletos, lo que implica que haya muchísimas falsas alarmas. Como hay que llamar a la víctima, para ella es un susto innecesario y para el agresor, con el que también contactamos, también es una incomodidad”, explica una trabajadora a eldiario.es. Las 52 empleadas actuales gestionan las señales que entran cuando un hombre se acerca más de la orden de alejamiento acordada por el órgano judicial. Es entonces cuando deben activar el protocolo, que implica contactar con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la víctima y el agresor.

El objetivo del servicio es completar el proceso de renovación de dispositivos este 2018, aunque las trabajadoras toman con cautela la previsión. Es la primera vez que estos aparatos son actualizados desde 2009, cuando fueron adquiridos por el entonces Ministerio de Igualdad, que a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género externaliza el servicio mediante concurso público.

Cuatro semanas de plazo en el primer pliego

Finalmente y tras años de reivindicaciones, respaldadas por el sindicato UGT, el Gobierno, entonces presidido por el Partido Popular, incorporó el pasado año al pliego la obligación de renovar los dispositivos. Sin embargo, quedó desierto por falta de ofertas, según adelantó El País. Tras ello, la Secretaría de Estado de Igualdad puso en marcha un procedimiento con dos condiciones nuevas: una mejora económica de 12,4 millones a 12,8 por dos años y medio; y una flexibilización de los tiempos para la renovación de los dispositivos.

Si en el primer pliego, el Gobierno señalaba un plazo de “en torno a cuatro semanas” desde la firma del contrato para la implementación del servicio y, entre otras cosas, la “retirada de los dispositivos existentes y su sustitución a través del servicio de puesta a disposición, instalación y mantenimiento de equipos de dispositivos telemáticos, descrito en el presente pliego”, en las nuevas condiciones se eliminó este párrafo.

Con esta nueva redacción, el servicio fue entonces adjudicado el pasado 17 de julio a una UTE (Unión Temporal de Empresas) entre Telefónica de España y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España –única empresa que se presentó al concurso–. Justo esta lunes, tal y como publicó Civio, el BOE se hizo eco de la formalización del contrato. Securitas Direct y Telefónica han sido consultadas por este medio, pero remiten a la Delegación del Gobierno y apelan a las condiciones incorporadas en el pliego de condiciones.

Para las trabajadoras, no es suficiente

Lo que incluye el actual pliego es la sustitución “paulatina y progresiva” de los dispositivos debido a “la evolución de las tecnologías de la comunicación habida” desde 2009 sumada a la circunstancia de que algunos dispositivos “son de imposible utilización como consecuencia de haber sido perdidos, robados o no poder ser reparados” y “la oportunidad de introducir mejoras en la gestión del servicio del sistema”.

Para las trabajadoras consultadas por este medio, la tecnología elegida para la renovación, el 3G, no es suficiente: “Aún así sigue estando por debajo de los avances tecnológicos actuales. Lógicamente dará menos fallos que el 2G, pero ¿hasta cuándo? Si ya lo que se usa habitualmente es el 4G y viene el 5G. Yo creo que es un parche y no vas a estar cambiando una flota entera de dispositivos cada dos años...”, cuenta otra trabajadora. “Es muy probable que en no demasiado tiempo vaya a volver a ocurrir lo mismo que estaba pasando. Estamos hablando de un servicio de protección de víctimas de violencia de género...”, explica otra.

Desde Delegación del Gobierno remiten al pliego, que señala como funcionalidad técnica mínima que las señales sean enviadas a Cometa en tiempo real “a través de la red pública de telecomunicaciones, incluyendo la red telefónica conmutada o los sistemas de telefonía móvil (GPRS, 3G, 4G, 5G u otros sistemas similares o que se puedan desarrollar en el futuro)”. El 5G, de hecho, fue incluido en el segundo pliego; en el primero, que quedó desierto, no aparecía.

“Los equipos de dispositivos con los que se va a prestar el servicio a partir del contrato suscrito (...) son equipos 3G porque es la tecnología que ha ofertado la UTE al licitar este contrato, de entre las posibilidades tecnológicas que solicita el pliego”, apuntan fuentes del departamento encargado de su supervisión.

Jornadas formativas

Delegación del Gobierno informa, además, de que tras la firma del nuevo contrato “se han planificado unas jornadas formativas para el personal del centro de control que serán organizadas” por el propio departamento encargado de la violencia de género. Las trabajadoras llevan tiempo pidiendo una formación específica y en profundidad, una denuncia que cursaron a través de UGT y a raíz de la cual, la empresa organizó este mismo año un curso de ocho horas, una cantidad insuficiente para el sindicato, que solicitaba una formación de 200 horas.

Tal y como establece el pliego que rige el contrato, “corre a cargo de la empresa adjudicataria garantizar la formación especializada en la tecnología ofertada y en materia de violencia de género (...) tanto en el momento inicial como continuada” bajo la supervisión de la Delegación. Las trabajadoras denuncian que esto no ha ocurrido en los últimos años y exigen al Gobierno que establezca las bases y un pliego de condiciones “más exigente” con las empresas implicadas, concluyen. De hecho, Securitas Direct ha reducido los tiempos en los que las empleadas pueden atender las alertas. Una situación que, en su opinión, afecta a la calidad del servicio, del que critican la presión de estar sujetas a la productividad solo en términos cuantitativos.