El Gobierno incluye por primera vez la violencia política contra las mujeres en el Plan Estratégico de Igualdad
El Gobierno ha aprobado este martes el Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para los próximos tres años, la herramienta política que marca la hoja de ruta de las políticas de igualdad, que, por primera vez, incluye medidas frente a la violencia política contra las mujeres. El Plan reconoce la existencia de esta violencia y la identifica como una “amenaza” para la participación, los derechos y la presencia de las mujeres en el espacio público y de toma de decisiones. Incluye una línea de acción para abordarla que contempla, por ejemplo, mejorar la protección en entornos digitales, la creación de un Observatorio de Misoginia Digital y Violencia Política y medidas anti SLAPP (demandas estratégicas contra la participación pública), es decir, contra la litigación abusiva que busca silenciar a periodistas, comunicadoras, activistas y otras mujeres que participan en la vida pública.
El IV Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres marca las líneas de acción para todo el Gobierno de aquí a 2029: gobierne quien gobierne a partir del 29 de noviembre, esta hoja de ruta queda aprobada. La novedad es la violencia política contra las mujeres, porque hasta ahora nunca había aparecido en un Plan y, de esta manera, se convierte en una prioridad estratégica en la que el Instituto de las Mujeres y el Ministerio de Igualdad llevan tiempo trabajando.
El documento justifica la necesidad de abordar la violencia política porque, según fuentes de Igualdad, “limita la participación de las mujeres en la vida pública, deteriora la calidad democrática, y se difunde a través de nuevos canales y entornos digitales” mediante la desinformación, la manipulación de imágenes (como los deepfakes) para desacreditar a las mujeres, los discursos de odio o el ataque a mujeres concretas. Por eso, propone reforzar “los mecanismos de prevención y protección” tanto en espacios físicos como digitales, desarrollar campañas de educación y formación en instituciones públicas, medios de comunicación y sociedad civil, crear un Observatorio de Misoginia Digital y Violencia Política, impulsar la investigación y el análisis de datos, y lanzar financiación específica para proyectos que la aborden.
Medidas anti SLAPP
El Plan introduce también medidas contra las llamadas SLAPP, demandas estratégicas contra la participación pública, una forma de acoso legal que busca intimidar y silenciar. El pasado julio, después de que Julio Iglesias presentara una querella contra elDiario.es, su director y cuatro periodistas por publicar la investigación en la que dos extrabajadoras denunciaban delitos sexuales y de trata, varias asociaciones de periodistas mostraron su preocupación por la cada vez mayor frecuencia con la que “personas e instituciones poderosas” están recurriendo a las SLAPP para “tratar de silenciar, mediante el desgaste económico y psicológico de largos procesos judiciales, a medios y profesionales que incomodan”. En lugar de por un procedimiento civil, el cantante optó por una querella, es decir, un procedimiento penal en el que acusa a las periodistas de varios delitos.
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) reclamaban entonces la trasposición de la Directiva europea anti-SLAPP a la legislación española. El Plan Estratégico de Igualdad hace referencia a esa trasposición y advierte de que estas demandas estratégicas afectan especialmente a las periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos, investigadoras y representantes políticas.
“Las SLAPP consisten en procedimientos judiciales abusivos cuyo objetivo principal no es obtener una tutela judicial legítima, sino intimidar, silenciar o desgastar a quienes intervienen en asuntos de interés público. Aunque pueden dirigirse contra cualquier persona, las mujeres que participan en espacios públicos suelen enfrentarse a estas demandas en un contexto más amplio de violencia, acoso y hostigamiento, especialmente en los entornos digitales”, explican fuentes de Igualdad.
El Plan incluye formación sobre el uso de demandas SLAPP “como herramientas de coacción y violencia contra las mujeres”, fomentar estudios e investigaciones que sirvan para actualizar protocolos de protección, y que el Observatorio de Misoginia Digital y Violencia Política también se encargue de registrar este tipo de acciones.
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