El Gobierno quiere que las empresas garanticen la salud mental de sus trabajadores

Fotografía de archivo. EFE/Arne Dedert

La prevención de la salud mental en el trabajo por parte de las empresas es una de las novedades que recoge la nueva Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (2022-2026) que el Ministerio de Sanidad debatirá este jueves con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial. El último borrador, al que ha tenido acceso elDiario.es, define el trabajo y el entorno laboral como un determinante de la salud mental de las personas y establece que las "intervenciones" en esta materia dentro de las empresas "deben formar parte de una estrategia integrada de salud y seguridad que abarque prevención, detección temprana, apoyo y reincorporación o readaptación".

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El documento también presta especial atención al problema del suicidio, que tiene una línea estratégica exclusiva para la prevención de estas conductas en el plan por primera vez. 2020, el año más duro de la pandemia, registró la cifra más elevada de personas que se quitaron la vida (3.941) desde que se tienen registros.

El papel, que aún está pendiente de recibir el visto bueno definitivo, diagnostica fuertes debilidades del sistema, y también amenazas como la privatización o la saturación, pero no incluye ninguna mención a partidas específicas para fortalecerlo ni tampoco fija ratios de profesionales, una demanda que viene de largo. De hecho, la estrategia reconoce que el Ministerio "no dispone de información actualizada ni completa" ni de los especialistas en psicología clínica que trabajan en los centros públicos y aporta como referencia los titulados, aunque "no significa que todos ellos estén trabajando en áreas asistenciales".

Sin embargo, sí existe un compromiso de inversión por parte del Gobierno de 100 millones de euros a tres años, anunciado hace unas semanas por el presidente Pedro Sánchez para el llamado 'Plan de Acción 2021-2024'. Este plan no encuentra reflejo en la estrategia e incluye recursos para prevenir y detectar conductas suicidas con un teléfono 24 horas, luchar contra la estigmatización y mejorar en general la atención a la salud mental en el sistema público.

La aprobación de una nueva estrategia de salud mental en el SNS es un hito muy esperado porque la actual lleva caducada desde 2013. El plan dio sus primeros pasos María Luisa Carcedo al frente del Ministerio de Sanidad. La exministra lo fijó como uno de sus objetivos, pero la pandemia dio al traste con cualquier avance. Salvador Illa admitió a finales de 2020 que no había fecha para una aprobación, que por fin, salvo sorpresas de última hora, llega un año después.

El teletrabajo, en el foco

El documento que el Ministerio presenta este jueves a las comunidades advierte, en lo relativo al trabajo en la pandemia, que los cambios continuos "en el momento actual" en los empleos pueden afectar a la salud mental de los trabajadores, pese a que en general trabajar siempre se ha considerado "beneficioso" para el estado emocional. "El teletrabajo, el empleo de las tecnologías de información y comunicación, el incremento en el volumen y velocidad de información y la utilización creciente de la externalización y la subcontratación" se presentan como "aspectos clave" en el posible desencadenamiento de problemas psicológicos en el entorno laboral.

El documento diagnostica que estos cambios producen "demandas crecientes de flexibilidad para el trabajador", lo que viene acompañado de "tensiones sobre la distribución del tiempo en horarios difícilmente compatibles con las necesidades familiares y sociales". La estrategia, en suma, considera que es de "especial relevancia" que se proteja la salud mental "reduciendo los factores de riesgo relacionados con el trabajo" y, por contra, poniendo en valor "los aspectos positivos del trabajo" y de las personas trabajadoras.

Entre los objetivos del plan también está "impulsar acciones de apoyo a los servicios de prevención y salud laboral encaminadas a prevenir el estrés laboral", pero también "situaciones de acoso y los trastornos mentales asociados al trabajo". Se estima que sufren acoso laboral entre un 1,4 y un 2,9% de los trabajadores.

Los problemas de salud mental son la segunda causa de baja laboral –temporal y permanente– en Europa solo por detrás de las enfermedades musculares y de articulaciones. Afectan al 22% de los trabajadores, según recoge la estrategia, que recuerda que este estado psicológico de alteración "puede afectar a cualquier persona de cualquier nivel" y "puede aparecer en cualquier sector y en una organización de cualquier tamaño". Hay más datos llamativos: "el coste económico del estrés laboral" se ha estimado en el continente en 20.000 millones de euros, dice el plan.

Atención especial al paciente con conducta suicida y a su entorno

El suicidio es la primera causa externa de mortalidad en España con una tasa de 8,3 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta de los registros, exceptuando 2014. El Ministerio de Sanidad considera prioritario incluir una línea estratégica exclusiva para la prevención de esta conducta que pone deberes a las comunidades autónomas para evitarlos, en la medida de lo posible. Los objetivos van desde algo tan básico como "mejorar el acceso a los servicios" de estas personas y hacer mejor detección hasta "intervenir" específicamente con colectivos más vulnerables como personas mayores en situación de soledad no deseada, las personas discriminadas por su orientación sexual o identidad de género, las dependientes, las que están en exclusión social, las víctimas de violencia sexual o las personas con discapacidad.

La estrategia recuerda que debe garantizarse que los informes de alta de urgencias lleguen a los profesionales de Atención Primaria para que los pacientes puedan seguir siendo cuidados y urge a atender también a las familias y a las personas allegadas, tanto para transitar el duelo en caso de fallecimiento, como para darles herramientas que "les permitan actuar en el caso de un nuevo episodio". "La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advertía en el año 2000 que un suicidio individual afecta íntimamente, al menos, a otras seis personas. Esto supone que más de 18.000 personas, supervivientes en España cada año podrían sufrir las consecuencias trágicas y traumáticas de vivir un suicidio", recuerda el documento.

El plan también presta atención especial a la etapa de la adolescencia y subraya que existe un punto de inflexión en los suicidios a partir de los 15 años, cuando suben exponencialmente los casos. El número se sitúa en 14 entre menores de esa edad y escala a los 300 en el grupo de entre 15 y 29, según los datos recogidos en la estrategia correspondientes a 2020.

La privatización, una amenaza

El nuevo plan del Ministerio es honesto respecto a sus limitaciones. Incluye un análisis DAFO, que recoge las Fortalezas, las Debilidades, las Amenazas y las Oportunidades asociadas a esta estrategia tan esperada en un contexto social en el que la salud mental ha entrado al centro del debate político. El documento admite las "limitaciones" de las estrategias como esta en "su capacidad para promover cambios" y lamenta que no se hayan actualizado de manera continua. España lleva con el plan caducado desde 2013.

Más allá de esto, se citan una serie de problemas en el sistema público de atención a la salud mental actual, como la saturación de los servicios, una inversión "mejorable", los retrasos en la asistencia por las largas listas de espera o el perjuicio de la calidad por estos motivos. En el otro lado de la balanza, como fortalezas, aparecen la elevada cualificación de los profesionales y los avances en el modelo de atención a la salud mental, con enfoque de derechos humanos.

El Ministerio de Sanidad, además, considera que la "privatización" de la atención es una amenaza para el sistema público. También lo es, dice el documento, "el peso y la influencia de la industria farmacéutica, en particular en el campo de la formación de profesionales" o la "escasa sensibilidad de los gestores sanitarios hacia la salud mental". España es un país con mucho gasto privado en sanidad: más de uno de cada cinco euros (22,2%) los pone el ciudadano de su bolsillo. Está 13 puntos por encima de Francia y le saca diez también a Alemania. La media de la Unión Europea se sitúa en 17,8%, según un estudio reciente de la OMS.

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