Así fue la gestión pública de la hepatitis C que ha acabado con dos altos cargos imputados en Galicia
El 6 de diciembre de 2013, el laboratorio Gilead anunciaba: “La Agencia Estadounidense del Medicamento ha aprobado Sovaldi”. Se trataba de un comunicado lanzado en California (EE UU) sobre un nuevo tratamiento para la hepatitis C.
Entonces era un nombre desconocido, pero, en tres años, la gestión de ese medicamento ha terminado con la acusación por homicidio imprudente de dos altos cargos de una administración pública en la otra punta del mundo: la Xunta de Galicia. Se les imputa impedir el acceso a este tipo de medicamentos “por razones presupuestarias”. Un juzgado gallego deberá investigar el posible caso de homicidio de seis pacientes que murieron esperando, tras la orden de la Audiencia Provincial.
Una cura a precio de oro
Nada más ponerse a disposición de los pacientes, Sovaldi evidenció su doble cara: curaba una enfermedad incurable. Servía para el 90% de los afectados por un virus muy extendido. La Organización Mundial de la Salud calcula que hay 185 millones de infectados en todo el mundo. Al mismo tiempo, el laboratorio Gilead le había puesto un precio altísimo. En España costaba más de 60.000 euros por el tratamiento de 24 semanas.
El Ministerio de Sanidad consideró “inasumible” su financiación a ese coste. Pero su alta eficacia provocó una oleada de exigencias por parte de los pacientes que no entendían que se regatease con sus vidas: la hepatitis C es una patología que pasa inadvertida durante años pero va degenerando el hígado y puede llegar a derivar en cáncer hepático o cirrosis que causan la muerte.
El precio de la medicina en el centro del debate
La carrera farmacéutica de la hepatitis C incorporó a otros laboratorios que sacaron sus propios compuestos para atacar diferentes variedades del mismo virus. Denominaciones como Sovaldi, Harvoni, Viekirax, Daklinza se hicieron populares. Pero, según fueron apareciendo, llevaban aparejada la misma fórmula: alta eficacia y un precio de decenas de miles de euros.
Sanidad quiso negociar con las compañías antes de aprobar una financiación pública. El coste de las medicinas para estos pacientes se convirtió en la piedra angular del debate sobre su patología. Más que la posible cura definitiva de un problema de salud pública (la hepatitis C es contagiosa y muchos de los infectados ni siquiera son conscientes de que son portadores del virus). Mientras, las partidas de Sovaldi y otras medicinas disponibles eran material escaso.
El sistema sanitario español tiene trasferidas las competencias de atención al paciente a las comunidades autónomas. Esto significa que los tratamientos y la dispensación de medicinas recae en las administraciones regionales. Como la de la Xunta de Galicia que ve ahora como su exdirector de Asistencia Sanitaria y la subdirectora general de Farmacia afrontan la acusación de homicidio. La sanidad gallega era la encargada de atender a las personas que acabaron por morir tras dilatarse la administración de los fármacos revolucionarios.
Los comités deciden a quién curar
La situación que se creó fue la de miles de pacientes exigiendo ser tratados ante las pegas presupuestarias que manejaban los responsables de los sistemas sanitarios que debían curarlos. Las comunidades autónomas echaron mano de unos comités de evaluación que decidían qué peticiones de fármacos se atendían.
La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C los llamó “comités de la muerte” porque “deciden quién vive y quién muere” más allá de “las prescripciones”. La enfermedad provoca entre 3.800 y 4.600 muertes al año en España.
Los investigados en Galicia incumplieron, supuestamente, los criterios de la administración para dar el visto bueno al tratamiento de los casos más graves mientras el Gobierno negociaba con las farmacéuticas mejores precios: “Hasta el punto de poner en grave riesgo la vida de los pacientes con resultado de muerte en alguno de los supuestos”, escribió el fiscal en su acusación.
Solo la carta de unos médicos a la exconsejera de Sanidad consiguió acelerar el tratamiento de uno de los pacientes implicados en el caso gallego. El único que salvó la vida.
Responsables todavía en cargos de confianza
El Ministerio de Sanidad publicó en mayo de 2015 su Plan Estratégico de Acción contra la Hepatitis C. El documento indicaba que el Consejo Interterritorial de Sanidad (que aúna al Ministerio y las comunidades autónomas) había decidido en marzo de ese año que los fármacos financiados públicamente se dispensarían a los pacientes con una fibrosis hepática a partir de grado 2 (hasta el 4).
Calculaba que ese grupo sumaba 51.900 pacientes. Y le asignaba un “techo de gasto” de 786 millones de euros en tres años. Las comunidades podían recurrir a una “ayuda financiera” del Ministerio de Hacienda, con diez años para devolver el dinero.
Muy poco antes, en enero de ese año, cuando la oposición afeaba al presidente gallego Alberto Nuñez Feijóo que su administración no estaba haciendo todo lo posible contra esta enfermedad, el político del PP aseguró que se pagaría todo lo que prescribieran los médicos: “Esto no es Venezuela”, dijo. Feijóo había nombrado a los ahora investigados. Ambos mantienen cargos de confianza en la sanidad pública gallega.
