La Iglesia católica se revuelve cada vez que le toca la memoria histórica

No hay quien pare a la cruz. Ni siquiera la ley. O eso debieron pensar algunos vecinos de Callosa del Segura (Alicante), que en la madrugada de este jueves plantaron una cruz de madera en el lugar en el que, hasta el pasado lunes, se encontraba el polémico monumento de la Cruz de los Caídos y que fue retirada en cumplimiento de una resolución del Ayuntamiento en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Unos fieles jaleados por el párroco, Juan Bautista Samper, que esta semana ha emitido un comunicado en el que denunciaba que la Policía había invadido “el suelo propiedad de la parroquia generando un manifiesto daño en sus derechos y en los de aquellos feligreses que han defendido el patrimonio de la Iglesia”. De hecho, la parroquia y una asociación de abogados cristianos han logrado la paralización cautelar de la retirada del resto del monumento.

El de Callosa no es sino el último paso de una catarata de actuaciones que demuestran cómo buena parte de los obispos españoles ponen todas las trabas posibles a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, que obliga a retirar toda presencia de símbolos franquistas en lugares públicos. Aunque nadie duda de que las fachadas de las iglesias o las plazas lo son, son muchos los ejemplos que demuestran que, 80 años después de la Guerra Civil, la vinculación entre la Iglesia y el antiguo régimen sigue presente.

En total, persisten denuncias contra 15 obispados y arzobispados por mantener elementos franquistas. De ellos, sólo cinco obispos han manifestado su intención de retirar la simbología de la exaltación de sus templos. El resto, continúa haciendo caso omiso, u obedeciendo a regañadientes, la aplicación de la Ley.

Uno de los ejemplos de plena actualidad es la polémica tumba de Queipo de Llano en la iglesia de La Macarena de Sevilla. Pese a que la orden del Ayuntamiento data del verano de 2016, la hermandad todavía no ha procedido a la retirada de los restos del general franquista, como sí lo hizo en su día el Arzobispado de Pamplona con los de de Mola y Sanjurjo, después de una ardua negociación.

En Sevilla, sin embargo, ni la Junta ni el Consistorio han conseguido arrancar de la hermandad macarena el compromiso de la retirada de la tumba, aprobada por el Ayuntamiento hispalense, sin ningún voto en contra, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática vigente en Andalucía. Esta misma semana, el Gobierno autonómico ha dado un ultimátum a la iglesia, especificando que “cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.

Sin embargo, la Hermandad lleva meses sin dar respuesta oficial al requerimiento, en principio aduciendo las elecciones en su Junta de Gobierno. Desde la diócesis, el arzobispo Juan José Asenjo, en su línea habitual, no interviene.

La fachada de la catedral de Cuenca

La otra gran polémica que habría de resolverse en las próximas semanas tiene que ver con la catedral de Cuenca. Desde finales de noviembre, cumpliendo las resoluciones judiciales, Patrimonio tiene permiso para retirar los símbolos franquistas de la fachada de la catedral. Pero el cabildo del templo, que es quien tiene las competencias, aún no ha comunicado la fecha para el comienzo de las obras.

En octubre del pasado año, los juzgados de Cuenca hicieron firme la sentencia por la que el Obispado debía retirar dichos símbolos, sufragando los gastos. La diócesis ya indicó entonces en un comunicado que acataba la sentencia, aunque subrayó que dichos símbolos “no fueron colocados ni por el Obispado de Cuenca ni por el Cabildo de la catedral”. Cuatro meses después aún no se ha tomado ninguna medida para su retirada.

También se ha negado a retirar la placa franquista del Cerro de los Ángeles el obispo de Getafe, Joaquín María López de Andújar, a quien el Papa ya ha retirado, nombrado en su lugar a Ginés García Beltrán. El nuevo obispo tomará posesión este mes de febrero, y se espera que cumpla con la normativa, aprobada por el Ayuntamiento, que determinó –con arreglo a una sentencia judicial– que el complejo en el que se ubica la insignia (bombardeado durante la Guerra Civil) pertenece a la diócesis, pero el espacio es público.

En su día, el portavoz de la diócesis, Francisco Armenteros, justificaba a eldiario.es que la placa estaba en un lugar “poco visible” y “dentro de un recinto privado”. Para la Diócesis, además, la insignia “no es ningún homenaje, es un dato histórico, como decir que Franco inauguró un pantano”.

“El sentido cristiano de la cruz”

En Madrid, a los problemas aparentemente irresolubles con los benedictinos a cuenta del Valle de los Caídos, el Arzobispado y el Ayuntamiento se enfrentaron a por la retirada de una placa en reconocimiento a ocho beatos carmelitas asesinados en la Guerra Civil, y que posteriormente fue recolocada, al encontrarse en un cementerio propiedad de la Iglesia, y no en un lugar público.

La diócesis de Madrid está participando, a través del sacerdote Santos Urías, en la comisión para la aplicación de la Memoria Histórica en la capital. No así el obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig, que todos los años celebra misa en Paracuellos rodeado de símbolos franquistas.

En Galicia, fue famosa la retirada de unas placas en la catedral de Ourense, tras la negativa, durante meses, de su obispo, Leonardo Lemos, quien aseguró que dicha inscripción era “un pequeño exvoto incrustado en una columna, que hay que mirar casi con lupa para saber que está ahí”. Además, añadió, se trataba de una pieza protegida por la ley de patrimonio.

Algo similar sucedió con el obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiúza, quien se opuso a la retirada de la cruz de O Castro, aduciendo que los responsables de haber dado un uso falaz y arbitrario había sido el bando nacional. “Nunca dejaré de intentar que todos, creyentes y no creyentes, tratemos de descubrir y respetar el sentido cristiano de la cruz, como símbolo supremo de reconciliación y perdón”, subrayó el prelado.

En Córdoba, por su parte, perviven dos placas en el interior de la mezquita por aquellas víctimas que “dieron su vida por Cristo en la persecución religiosa 1936 – 1939”. El templo hoy reconvertido en mezquita, es uno de los más visitados de España. Y de los más polémicos, pues sus cuentas resultan absolutamente opacas, tal y como denuncian los movimientos laicos de la provincia.