Un informe del Ministerio de Sanidad acusa a Madrid de no dar tratamiento a inmigrantes con VIH

Imagen de archivo de un inmigrante libanés que tuvo problemas de acceso al tratamiento de VIH

David Noriega


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La Comunidad de Madrid es la que más trabas pone a las personas migrantes en situación administrativa incierta y a solicitantes de asilo con VIH para acceder a los tratamientos. Es lo que se extrae de un informe elaborado por el ministerio de Sanidad en el que advierte que Madrid “no está dando acceso a atención ni tratamiento con cargo a fondos públicos a ninguna persona que lleve menos de 90 días en España, independientemente de la obtención del informe de servicios sociales”.

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En noviembre, elDiario.es ya publicó que la comunidad ponía barreras a estas personas para obtener unas pastillas, con cargo a la sanidad pública, que mantengan controlado el virus y eviten su transmisión. Ahora, llega el informe del ministerio, que ha sido elaborado por la División de Control de VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis con la participación de 40 organizaciones y entidades que trabajan en este ámbito en casi todo el territorio.

Para hacerlo, el texto indica que se contactó “con todos los coordinadores de VIH de las comunidades autónomas”. En 2018, el Gobierno aprobó una normativa que devolvía la sanidad pública a las personas sin papeles. Sin embargo, su redacción permitía que las diferentes consejerías la aplicasen de una manera más o menos laxa. De hecho, el ministerio señala a diferentes gobiernos autonómicos, por ejemplo el de Comunidad de Madrid, que imponen trabas administrativas a la atención de inmigrantes que llevan menos de tres meses en España o que no han podido empadronarse.

Inconcreciones que abren grietas

El propio Real Decreto de 2018 dice que no pueden ponerse trabas, pero el actual Ejecutivo socialista ha reconocido que existen una serie de grietas en aquel texto, que pretende corregir, y Sanidad reconoce en este informe “algunas inconcreciones en su redacción y la previa ausencia de un Reglamento de desarrollo de la Ley 16/2003” que “ha dificultado la recuperación de la universalidad en algunas comunidades autónomas”.

Uno de los requisitos que se pone a las personas migrantes en situación irregular para acceder a la sanidad pública es que lleven empadronados más de tres meses. Se trata de un barrera que no siempre es fácil de sortear, por las dificultades de acceso a la vivienda con un contrato de arrendamiento o para acceder a los procesos de la administración.

No obstante, el ministerio recuerda en su informe que junto a este requisito, que aparece en un documento elaborado por la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, también se realizan una serie de recomendaciones en las que “se proponen como válidos otros documentos distintos a la inscripción en el padrón municipal, en caso de no ser esta posible, como por ejemplo documentos oficiales de cualquier Administración del Estado, inscripciones en centros educativos o visitas a servicios sociales” o la elaboración de un informe de estos mismos servicios reconociendo la necesidad de acceso ante una situación de especial vulnerabilidad.

Tras consultar con estas cuatro decenas de entidades, Sanidad concluye que “no siempre es fácil que se acepten documentos distintos al padrón”. Es el caso de la Comunidad de Madrid, añaden, donde “solo se acepta el padrón sin excepciones y se han producido casos de exclusión en personas que necesitan acceder al TAR [terapia antirretroviral] a una semana de cumplir los 90 días desde el empadronamiento”. Una entidad también ha notificado esta problemática en Extremadura.

Impedir la transmisión

Las personas con VIH necesitan acceso a una terapia antirretroviral, una combinación de fármacos que hace que mantengan su carga viral indetectable. Esto no solo hace que no desarrollen la enfermedad, sino también que sea intransmisible. Es decir, que no se transmita a otras personas, evitando un problema de salud pública.

La Comunidad de Madrid defendía, por su parte, que las barreras que han desencadenado la falta de tratamiento a determinados pacientes extranjeros con VIH en los últimos meses están ocasionadas por los requisitos impuestos por la legislación estatal, descartando cualquier responsabilidad. En noviembre, la Consejería de Sanidad activó un nuevo procedimiento para gestionar los documentos sanitarios de las personas en situación administrativa irregular, a través de lo que llamaron Unidades de Tramitación (UT).

El informe del ministerio también se refiere a estas oficinas: “A pesar de que la apertura de estas unidades pretendía brindar una atención ágil y personalizada, desde diversas instituciones y ONG aseguran que los tiempos de espera para conseguir cita están siendo superiores a seis meses en algunas UT”, señalan.

Cuando esta redacción preguntó a la Consejería de Sanidad madrileña sobre los casos documentados de exclusión en la región de personas sin papeles con VIH, afirmaron que “la atención sanitaria de Urgencias y la continuidad de tratamientos de VIH u otros medicamentos de uso hospitalario están garantizadas a cualquier ciudadano, independientemente de su situación administrativa y de si tiene o no tarjeta sanitaria”.

Más dificultades

Según los datos recabados por Sanidad, y como muestra esta tabla, las entidades consultadas notifican otra serie de barreras para las personas migrantes en situación administrativa incierta. Por ejemplo, la mayoría señalan que “se concede el derecho a la atención a personas que llevan menos de 90 días en España, pero con muchas dificultades” en Andalucía, Castilla y León, Euskadi y Asturias, o que no se concede a personas que no estén empadronadas en Madrid, Asturias y Galicia. Además, en Castilla y León, Comunitat Valenciana, Madrid y Euskadi, más de la mitad de las ONG consultadas por el ministerio advierten que el tiempo de espera para realizar el trámite que da acceso a este derecho es “demasiado largo”. En este informe no han participado entidades de Murcia y La Rioja, ni de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.



Según indica Sanidad, “la imposibilidad de acceder al sistema de salud antes de los 90 días desde la llegada a España solo fue identificada en la Comunidad de Madrid, por 7 de las 11 organizaciones participantes”. Es una de “las barreras más estrictas” para el ministerio, entre las que se encuentra también la imposibilidad de acceder sin inscripción al padrón. “Las barreras identificadas en una mayor número de comunidades autónomas fueron las dificultades para acceder al sistema de salud antes de los 90 días de la llegada a España y las dificultades si no se está empadronado”, señalan. Además, destacan que en cuatro comunidades hubo alguna entidad que respondió que no existía ninguna barrera de acceso para las personas migrantes en situación irregular incierta. Son Andalucía, Catalunya, Comunitat Valenciana y Euskadi.

Solicitantes de asilo

En el caso de los solicitantes de protección internacional, la situación a nivel legal es diferente, aunque en algunos casos las barreras son similares. De hecho, las personas que solicitan asilo en España tienen reconocido el derecho, entre otros, a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. Es lo que se recoge en la Ley de Asilo de 2009 pero “la falta de desarrollo reglamentario 13 años después de su elaboración genera lagunas legales”, recoge el informe de Sanidad. Esas lagunas ocasionan “dificultades de acceso a atención y tratamiento antes de que el derecho a asilo sea concedido”.

Aunque desde el ministerio indican que esto no debería ser un escollo para acceder a la sanidad y a los tratamientos necesarios, acusan a la Comunidad de Madrid de retrasar la concesión de esta cobertura al obligar a tramitar un nuevo documento después de realizar la solicitud de asilo, para lo que hay listas de espera de hasta seis meses. Si finalmente no se concede el estatus de refugiado, “se pasaría a cobrar la asistencia prestada”. Las ONGs llevan tiempo alertando de que el temor a tener que abonar una cantidad de la que no se dispone hace que muchas personas en situación de vulnerabilidad no se atrevan a recurrir a estas prestaciones, aunque tengan derecho a ellas.

Pese a que el informe de Sanidad señala directamente a Madrid en este apartado, en la tabla que adjunta se aprecia que es en Castilla y León donde más barreras encuentran los solicitantes de asilo. Ahí la mayoría de entidades denuncian que no se concede la sanidad pública a solicitantes que lleven menos de 90 días en España y que no estén empadronados o que se hace con muchas dificultades y que existen problemas para mantener el acceso una vez conseguido.



Según este informe, “la imposibilidad de los solicitantes de asilo para acceder al sistema de salud antes de los 90 días desde la llegada a España fue identificada en la Comunidad de Madrid, por 5 de las 11 organizaciones, y por una organización en Castilla y León y otra en Extremadura”. Es decir, en Madrid hubo seis entidades que no detectaron este problema, lo que vendría a mostrar las diferencias de criterios para permitir o no el acceso a este derecho.

Además, Sanidad señala que “la mayoría de comunidades autónomas reportaron imposibilidad de acceder al sistema de salud en los solicitantes de asilo que no están empadronados o bien muchas dificultades, a excepción de Aragón y Castilla-La Mancha”. Y señala que en cinco de ellas -Andalucía, Aragón, Catalunya, Comunitat Valenciana y Madrid- “se identificaron dificultades para que se reconozca la condición de refugiado si la persona tiene el VIH, alegando que existe finalidad sanitaria en la búsqueda de asilo”.

La División de Control de VIH, ITS, hepatitis virales y Tuberculosis pidió a las cuarenta ONG e instituciones que participan en este informe que puntuaran del 0 al 10 las facilidades de acceso a los tratamientos y la atención sanitaria. Es una nota que hay que leer concierta cautela, ya que en varias comunidades solo participó una entidad -y es esa la nota que figura- y en otras participaron pocas. En Madrid hubo 11; en Euskadi, seis; en Comunitat Valencia, cinco; y en Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura e Illes Balears, una. No participó ninguna entidad de Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla.



Galicia, con una sola entidad participante, es la que mejor puntuación obtiene en la encuesta, con un 8,5. En el otro extremo está Madrid, con un 1,4. Suspenden también Canarias (2), Cantabria (3), Extremadura (3), Castilla y León (3.5) e Illes Balears (4).

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