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Cuentas opacas, dinero público e irregularidades académicas definen el instituto donde estudió Carmen Montón

El organismo creado por Enrique Álvarez Conde ha sido clausurado por la Universidad tras desvelarse sus prácticas a partir del caso Cifuentes

El instituto engordaba el alumnado, convalidaba irregularmente o aprobaba sin examen para aumentar los ingresos que entraban en un engranaje con escaso control 

Además, facilitaba la obtención de títulos a estudiantes relevantes y consiguió que las administraciones subvencionaran sus cursos con dinero público

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La ministra de Sanidad, Carmen Montón, al salir a explicar su máster en la URJC.

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, al salir a explicar su máster en la URJC.

El instituto universitario en el que la ministra de Sanidad Carmen Montón obtuvo su título de máster ya no existe: la Universidad Rey Juan Carlos decidió en julio pasado clausurar su Instituto de Derecho Público para intentar salvarse del lastre que suponían la prácticas académicas desveladas por eldiario.es: convalidaciones falsificadas, retoque de calificaciones o matriculaciones fantasma. A eso se le unía la opacidad de sus vaivenes económicos. Todo mientras la propia Universidad y el Gobierno responsable de la Comunidad de Madrid ejercían un escaso control.  

La institución en la que se matriculó Montón había desarrollado toda una simbiosis entre este instituto que dirigía el imputado catedrático Enrique Álvarez Conde y algunos estudiantes relevantes. Esa relación se basaba en el interés del profesor por aumentar el volumen e importancia del alumnado –lo que redundaba en mayores ingresos económicos, prestigio académico y conexiones con la esfera política– y las ganas de obtener titulaciones por parte de ciertos alumnos. Incluso con facilidades.

En esa dinámica, el IDP engordaba su lista de matriculados y los hacía avanzar hasta la culminación de los cursos aunque ni siquiera fueran a clase. Así, por ejemplo, en el máster de la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, se realizaron convalidaciones de asignaturas sin que constara la petición de los interesados (como exige la normativa). También se falsificaron las firmas de los docentes que acreditaban el trámite.

Entre la decena de estos alumnos VIP, aparecieron nombres como el del exconcejal de Madrid por el PP Pedro Calvo o el empresario Dionisio Ramos. Algunos, como el catedrático José Antonio Gurpegui o la exresponsable de prensa de Instituciones Penitenciarias, Inmaculada González de Molina, se sorprendieron al verse en un listado de materias convalidadas al lado de Cifuentes cuando eldiario.es contactó con ellos en abril pasado.

Y en una vuelta de tuerca más, Elena Gismero, otra de esas estudiantes, no solo no pidió ninguna asimilación sino que ha denunciado ante la Fiscalía que  le aprobaron, para su "sorpresa", 10 asignaturas a las que jamás se presentó: "Ni me presenté a ningún examen, ni conozco a ningún profesor, ni a ningún alumno matriculado", ha declarado. 

También en la promoción del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, Álvarez Conde autorizó las convalidaciones de 18 asignaturas de María Mateo Feito (hija de la que fue asesora de Cifuentes Maite Feito e imputada en el caso de su máster) antes de que se formalizara la solicitud para esa dispensa.

Privilegio económico sin parangón

Este ya extinto Instituto de Derecho Público consiguió al nacer en 2005 una posición de privilegio casi sin parangón en la Universidad. El rector de la Rey Juan Carlos Pedro González Trevijano, hoy magistrado en el Constitucional, le permitió gestionar "directamente sus ingresos y gastos sin fiscalización previa" con un acuerdo específico. Tenía incluso un CIF propio. Con esos mimbres, cuantos más cursos y alumnos recalasen en sus aulas más dinero entraba en ese engranaje de fiscalización débil. 

Así lo han hecho patente los documentos internos de la universidad en los que se detalla cómo algunos ingresos para los responsables del instituto y los máster (por horas impartidas, dirección de trabajos o coordinación de cursos) se calculaban en función de lo que llegaba por el número de matriculados.

A tal punto llegó la autonomía de la que gozaba el profesor Álvarez Conde que este catedrático (el único director que conoció el instituto hasta que fue depuesto tras estallar el caso máster de Cifuentes)  pudo montar una empresa privada dedicada a lo mismo que el IDP: organizar cursos, seminarios y másteres sin contar con la autorización obligatoria de la URJC.

Becas públicas

Además, el IDP se benefició de una relación fluida con las administraciones y firmó convenios tanto con la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital para que los fondos públicos financiasen las matrículas de sus trabajadores en sus cursos. La falta de control se evidenció al saberse que el  Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre pagó la inscripción de ocho compañeros de Cristina Cifuentes y uno de ellos "nunca" se matriculó como explicó a eldiario.es. Otro más no terminó el curso. La Comunidad no hacía ningún seguimiento sobre este curso que pagaba con cargo a los fondos públicos.

Un propio informe interno del Instituto redactado por Álvarez Conde sobre los becados del Ayuntamiento atestiguó cómo en los cursos se funcionaba con diferentes exigencia según el tipo de alumnado. Había uno más ordinario y otro privilegiado ya que si bien el presidente del PP, Pablo Casado, ha repetido que el catedrático le dispensó de acudir a las lecciones y el propio Casado insiste en que no había obligación legal de hacer un trabajo fin de máster, ese documento relata que compañeros del líder del Partido Popular acudieron a clase y que un tribunal evaluó una "tesina" que presentaron al culminar el posgrado. 

 

Ese grado de independencia le sirvio a la Universidad Rey Juan Carlos para desmarcarse del funcionamiento de su propio IDP y asegurar que "el Instituto de Derecho Público debe explicar su gestión económica". Meses después ha decidido que lo cierra por el cúmulo de irregularidades que creció bajo su supervisión.

Además, el control académico del IDP corría a cuenta de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que debía recibir informes anuales para hacer un seguimiento de la actividad investigadora.

Este lunes, el consejero de Educación madrileño, Rafael van Grieken,  ha pedido que la universidad y la Justicia investiguen el máster de Montón a pesar de que él mismo fue vicerrector de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos entre 2002 y 2012 y, entre sus competencias estaba la de vigilar la actividad investigadora de la Universidad. Lo que incluía el Instituto de Derecho Público que amparaba el máster de la ministra de Sanidad. 

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