Madrid afronta otra etapa de restricciones entre disputas legales y políticas

Madrid, 1 oct (EFE).- La Comunidad de Madrid afronta otra etapa de restricciones en diez municipios, entre ellos la capital, decretadas por el Ministerio de Sanidad pero que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso recurrirá hoy ante la Audiencia Nacional y cuya entrada en vigor aún no ha concretado.

Las medidas implican el confinamiento perimetral de las ciudades de más de 100.000 habitantes con una alta tasa de contagio de coronavirus, y serán de obligado cumplimiento en un plazo de 48 horas desde su comunicación a las comunidades autónomas.

Fuentes del Ejecutivo central han asegurado que esta comunicación tuvo lugar la noche del miércoles, pero el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado que el Ministerio ha enviado un correo a las comunidades autónomas este jueves por la mañana.

En cualquier caso, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que cumplirá “de manera estricta” la orden aunque la llevará “a los tribunales” para “defender los intereses legítimos de los madrileños”.

“Esta Comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía”, ha dicho Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha insistido en que acudirá a la Justicia para que las medidas “se ajusten a la normativa y a la realidad” y sean “objetivas y justas”.

Ese anuncio se ha concretado a última hora de la tarde cuando fuentes del gobierno regional informaban de que el recurso se presenta mañana viernes en la Audiencia Nacional y que se solicitarán medidas cautelares.

Por su parte, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado (Cs), ha expresado su disconformidad con esta decisión a través de un tuit: “Ahora toca colaborar más y pelearnos menos en ruedas de prensa o tribunales para salvar vidas”.

“Es una decisión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y ella tiene la última palabra”, ha dicho Aguado en una entrevista en TVE tras conocerse la presentación del recurso mañana, aunque ha insistido en que no hay desavenencias: “Ni estamos divididos ni podemos permitirnos estar divididos”.

Las restricciones ahora decretadas afectan a diez municipios madrileños donde residen un total de 4.786.948 ciudadanos: Madrid capital, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas.

En estos municipios no estará permitido entrar o salir salvo para actividades “adecuadamente justificados”, como ir a trabajar, y habrá más reducciones de aforos y de horarios en locales comerciales y de hostelería.

Este paquete de medidas, que se aprobaron en el Consejo Interterritorial de Salud de ayer, es “de mínimos” y, por lo tanto, las comunidades afectadas, hasta ahora solo la de Madrid, pueden aplicar más medidas si lo consideran necesario, según ha recordado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.

El epidemiólogo ha subrayado además que “no son confinamientos individuales sino perimetrales”, es decir, que no se trata del mismo confinamiento vivido durante el estado de alarma en meses pasados.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha mostrado en contra de las restricciones al decir que la crisis del coronavirus “no se resuelve con imposiciones y sin criterios técnicos”.

En cambio, los alcaldes de siete de las diez localidades madrileñas que deberán restringir su movilidad, todos ellos socialistas, han expresado su apoyo a las medidas y piden al Gobierno regional aplicarlas también en municipios pequeños con una alta incidencia de coronavirus.

La Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) calcula que las restricciones tendrán un impacto de 600 millones de euros semanales, lo que supondría una caída del PIB del 15 % en la Comunidad de Madrid.

Uno de los sectores afectados es la hostelería, que estima que las medidas impactarán de “forma drástica” en los 23.014 locales de los municipios afectados: reducirá su actividad un 75 % de media y en el último trimestre perderá una facturación de 1.131 millones de euros.

Los hoteleros también han expresado su descontento por unas limitaciones que consideran “precipitadas” y “drásticas” que abocan al “parón de cientos de empresas”.