Las Marchas por la Dignidad exigen la recuperación de las viendas públicas de manos de fondos buitre
Unas 40 personas han acudido esta mañana a la sede del Instituto de Vivienda de Madrid (Ivima), en la calle Basílica de la capital, para presentar solicitudes de una vivienda social, dentro de una acción protesta promovida por las Marchas de la Diginidad contra la venta de vivienda pública a fondos de inversión en la región. Esta semana está convocada la semana de 'Las luchas de la Dignidad', con diversas protestas en toda España bajo el lema “Pan, Trabajo, Techo y Dignidad”.
La intención de los congregados —de diversas Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la comunidad— era acceder al edificio público, pero la policía ha impedido el paso a la mayoría de ellos, que ha aguardado a las puertas del centro del Ivima. La decena que ha logrado pasar gritaba en contra de la venta del Ivima de unas 3.000 viviendas protegidas a fondos de inversión. Por otra parte, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de la capital sigue la misma política, con la venta de 18 promociones de vivienda social al fondo de capital riesgo Magic Real Estate Blackstone, por ejemplo. “Que baje quien desahucia”, retaban los activistas.
Gloria, de 30 años, espera paciente en la puerta del Ivima. Ha acudido a la cita porque ella, su marido y sus tres niños pequeños se encuentran sin hogar. “Necesitamos una vivienda”, dice. Llegó a España hace 13 años desde Nigeria y ha trabajado gracias al permiso de residencia que aún tiene vigente. Cuando la pareja perdió el empleo no pudo pagar la hipoteca. “El banco se la quedó en una dación en pago pero no quisieron darnos un alquiler social”, continúa. Con sus tres hijos, ahora viven en casa de unos amigos: “Ellos tienen dos niños y la casa solo tiene tres habitaciones. Nosotros estamos en una y no sabemos cuánto podremos estar”.
Luis está inmerso en un proceso de ejecución hipotecaria de dos viviendas. Cuando se divorció tuvo que poner de aval la vivienda en la que residen su mujer y sus dos hijos, menores de edad. En su caso, tiene trabajo pero no le permite pagar la hipoteca y la pensión de manutención de sus hijos. “No me llega y tengo una discapacidad del 46%”, cuenta mientras muestra una tarjeta que lo acredita colgada del cuello. “La llevo por si cargan”, dice.
En la calle, los distintos afectados por la falta de vivienda gritan que no van a “consentir ni un desahucio más”. “Y menos de un fondo de inversión, de casas que eran públicas”, grita una mujer. Gloria intentará pasar otro día a solicitar un espacio en el que vivir con su familia.
