Un buitre en mi casa: cinco claves sobre la venta de vivienda protegida a fondos de inversión
La venta de 3.000 pisos de protección oficial del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a un fondo de inversión ha sentado en el banquillo a un responsable de la Comunidad de Madrid, casi un año después de que se hiciese pública la noticia. Tras la incertidumbre inicial sobre cómo afectaría la acción a los inquilinos y sobre la legalidad de la venta, las primeras consecuencias del desembarco de los fondos buitre ya se dejan ver. Y a la vez las denuncias judiciales empiezan a fructificar: el pasado 3 de septiembre, la directora general del IVIMA, Ana Gomendio, declaró por un posible delito de prevaricación y malversación de fondos públicos. Y puede que no sea la última en hacerlo.
La venta de 32 promociones de vivienda protegida en la Comunidad de Madrid al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora, a través de la empresa Encasa Cibeles, fue presentada por el Gobierno regional como un ahorro para las arcas públicas de los madrileños. En el concurso para hacerse con las partidas de pisos participaron 10 fondos de inversión, y el Ejecutivo de Ignacio González se congratuló por un precio final casi un 20% más alto que la cantidad fijada en un principio.
Una situación parecida es la que protagonizó también el Ayuntamiento de Madrid, que vendió al fondo de capital riesgo Magic Real Estate Blackstone 18 promociones de vivienda social en la ciudad, por las que también se enfrenta a otra denuncia por presunta prevaricación. Ambas acciones penales, contra la Comunidad y el Consistorio, partieron de los socialistas madrileños.
La Comunidad de Madrid negó en un primer momento que existiese perjuicio alguno para los beneficiarios de las viviendas de protección. Sin embargo, pronto surgieron cambios sustanciales en el futuro de sus contratos que obligaron al Gobierno autonómico a precisar. “Se mantendrán las condiciones durante el tiempo establecido”, dijo más tarde Pablo Cavero, el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. Es decir, hasta que finalizasen los contratos con el IVIMA, muchos de ellos, por un periodo de dos años.
A continuación, un repaso del conflicto a lo largo de este año a través de cinco claves:
1. Vivienda protegida “atractiva” para los fondos de inversión
La primera reacción del Gobierno madrileño fue felicitarse por la venta, por un precio de 201 millones de euros. Pablo Cavero, consejero de Vivienda, presumió de “crear las condiciones necesarias para que la vivienda protegida sea atractiva para los promotores privados”. “La oferta de vivienda pública no es exclusiva de la Administración pública”, apuntó.
Cavero explicó que la venta se produjo en agosto, en una operación “habitual” para hacer “rotar” el stock de vivienda del IVIMA. El instituto posee 23.000 viviendas bajo gestión (junto con otras 3.000 del Instituto de Realojamiento e Integración Social) y suelo para construir otras 20.000. Por su parte, el Consistorio de la capital ingresó 128,5 millones en la venta de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid (EMVS).
La Comunidad presentó la jugada como un ahorro para las cuentas públicas. Además del ingreso de 201 millones, el Ejecutivo cifra un ahorro de 800.000 euros anuales en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de tasas municipales de recogida de basuras, así como cerca de 1,5 millones de euros que cuestan las viviendas en proceso de reparación, unas obras que pasará a realizar la empresa inversora.
2. En vacaciones y sin avisar
De este baile de cifras y millones quedaron al margen las miles de familias que residen en las viviendas de protección. La enajenación de los pisos fue negociada a espaldas de los inquilinos, que supieron por carta después de la venta que, a partir de ese momento, pagarían las mensualidades a un nuevo casero, según explicó a eldiario.es José Luis de Roa, presidente de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI).
Una de las acciones administrativas de los vecinos en contra del IVIMA fue la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos del traspaso de información personal al fondo de inversión a Encasa Cibeles sin su consentimiento. “Se facilitaron datos personales de los vecinos al nuevo propietario para saber dónde se metía”, critica Enrique Villalobos, portavoz de la AVVI. Muchos de los inquilinos pagan un alquiler reducido debido a una situación económica precaria, que se han mantenido –por el momento– con el nuevo arrendador.
La Comunidad de Madrid no les consideró parte interesada en el proceso, porque defendía que las condiciones de sus contratos no cambiarían con los nuevos propietarios. El Gobierno no mencionó, en cambio, que esta situación tenía fecha de caducidad.
3. De ayuda social a oxígeno financiero
Enrique Villalobos recuerda cuál es el verdadero objetivo de las vivienda de protección: “Que personas con dificultades económicas no queden excluidas del sistema”. “No están pensadas para equilibrar el balance de las cuentas públicas”, critica.
El mejor ejemplo es el de Khadija, que paga un alquiler reducido (de 52 euros en su caso), debido a su precaria situación económica, reconocida por el IVIMA. Pero los contratos con la Comunidad de Madrid se revisan cada cierto tiempo, dos años en muchas ocasiones, y cuando finalice su actual contrato le tocará renegociar el alquiler con Encasa Cibeles.
En estas situaciones “las ayudas especiales desaparecen”, asegura a eldiario.es José Luis de Roa. “Hay vecinos a los que les han vencido sus contratos y en Encasa Cibeles les han dicho que ellos no son una ONG”, apunta. Además, los nuevos propietarios han engrosado ya los gastos a los que deben hacer frente los vecinos. Les exigen, por ejemplo, el pago del IBI del que antes se hacía cargo el IVIMA.
La Defensora del Pueblo, a la que también acudieron los vecinos, dio la razón a los afectados en el resultado de la venta: “El cambio de la figura del arrendador –dueño– de una entidad pública a otra privada resulta perjudicial para los adjudicatarios de una vivienda de protección pública”. Esto justifica su “condición de interesados en el proceso de autorización de la venta”, añadía la defensoría.
4. Las acciones judiciales en curso
Poco después de que la venta de las viviendas del IVIMA saliese a la luz, varios afectados presentaron un recurso por la vía contencioso-administrativa. “Denuncian la irregularidad de todo el proceso y la pérdida de vivienda protegida pública” –explica Enrique Villalobos– “son procesos largos, pero con bastantes oportunidades de conseguir medidas cautelares que paralicen o incluso reviertan la concesión a Encasa Cibeles”.
La declaración de la directora gerente del IVIMA, Ana Gomendio, se enmarca dentro de la querella criminal interpuesta por los socialistas madrileños en contra del organismo por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos. A la denuncia se sumó más tarde la AVVI “para participar como interesados directos en el proceso penal”.
Los querellantes denuncian que el precio de la venta fue “irrisorio”, inferior al invertido por la Comunidad, y que además ahora los nuevos propietarios mantienen los precios fijados en un primer momento por el IVIMA, en plena burbuja inmobiliaria. “Se vendió los pisos por un valor medio de 63.000 euros y ahora ellos siguen exigiendo unos 140.000 o 150.000 euros de media a las familias con alquiler con derecho a compra”, afirma Enrique Villalobos. “Estas familias no pudieron concursar en igualdad de condiciones con los fondos de inversión cuando la Comunidad decidió vender. Es una situación muy perversa”, añade el portavoz de afectados.
En sus respuestas, Gomendio ha defendido la “legalidad y transparencia” en el proceso de licitación. En dos horas de respuestas ante las partes personadas, la directora gerente ha justificado que el proceso había sido iniciado por su predecesor Juan Van-Halen y que desconocía los trámites previos que se realizaron. Los abogados de los afectados va a solicitar al juez la declaración de Van-Halen.
Además, el pasado agosto el juzgado de instrucción número 18 de Madrid admitió a trámite la denuncia del PSOE sobre una posible prevaricación en la venta de 1.860 viviendas de la EMVS a fondos de inversión, según los socialistas a un precio “muy por debajo” del valor de mercado.
5. Una lucha para volver con el IVIMA
Las acciones judiciales y administrativas no tienen otro objetivo que las viviendas vuelvan a pertenecer a la Comunidad de Madrid. “Vamos a presentar todas las alegaciones necesarias durante el proceso de instrucción para que el juez dicte medidas cautelares que paralicen el traspaso”, dice Villalobos. En su opinión, “una justicia tardía no es justicia porque no puedes decir a una familia, pasados tres años por ejemplo, que tenía razón. Tal vez ya no esté viviendo ni en esa casa, por no ponernos en situaciones más dramáticas”, continúa.
Una de las resoluciones que llevarán ante el juez es la de la Defensora del Pueblo, “fundamental” para los afectados. La institución recordó al Gobierno regional la función pública que debe ejercer: “Ante situaciones coyunturales de necesidad de los ciudadanos, la respuesta de la Administración no puede ser el dejar a los ciudadanos en desamparo, sino adoptar una posición activa para atender esas situaciones”.
En algunas promociones, como la del Ensanche de Vallecas, los contratos concluidos con el IVIMA han provocado que muchas familias hayan hecho ya las maletas. En esta parcela de viviendas, más de 150 pisos vacíos han sido ocupados por terceros de manera ilegal.
De momento, la batalla de los vecinos continúa por la vía de la organización. “Somos muchos afectados, no solo en la Comunidad sino también en la capital con la EMVS, así que tenemos que unirnos porque defendemos lo mismo, que la vivienda pública proteja al ciudadano”, asegura Villalobos.
