El Estado lidera la inversión en I+D para el desarrollo de nuevos tratamientos

La plataforma Salud por Derecho ha publicado este martes un informe en el que trata de hacer un seguimiento del dinero público que se invierte en biomedicina. Según sus resultados, el 62% de los fondos provienen del estado o las administraciones locales, mientras que el 38% proviene de empresas privadas. A pesar de ello, “esa inversión pública se invisibiliza en el momento que se transfiere a la industria, principalmente farmacéutica”, asegura a eldiario.es una de las autoras del informe, Irene Bernal. “Queremos poner en valor la inversión pública en investigación biomédica y mostrar cómo el estado vuelve a comprar una tecnología por la que ya ha invertido”, explica.

El informe hace especial hincapié en analizar los procesos de transferencia del conocimiento desde las universidades y centros de investigación a empresas privadas. “Los centros de investigación y las universidades reciben financiación para realizar investigación en biomedicina y cuando obtienen un resultado que puede ser interesante, lo habitual es que lo patenten y busquen una empresa que esté interesada en adquirir dicha patente”, explica a eldiario.es el experto en transferencia de tecnología y autor del informe, Oscar Sánchez. Sin embargo, “normalmente estos acuerdos no son públicos y su contenido suele estar sujeto a cláusulas de confidencialidad”, afirma Sánchez.

Para Juan Francisco Alcaide, responsable de la Oficina de Transferencia Tecnológica del Instituto de Salud Carlos III, estas cláusulas pueden estar justificadas en algunos casos, ya que “publicar determinada información sobre los acuerdos podría dar pistas a la competencia y poner en riesgo la elevada inversión realizada por las empresas”, explica a eldiario.es.

El informe también destaca que la gran mayoría de los centros de investigación y las universidades cuenta con políticas para la gestión y transferencia de su propiedad industrial e intelectual, pero en sus normativas no contemplan de forma explícita criterios de interés público. “Creemos que desde el principio del proceso de la innovación biomédica se deben incorporar criterios de interés público y que estos criterios se tengan en cuenta a la hora de realizar la transferencia de tecnología”, afirma Sánchez.

Definir el interés público

Los autores reconocen la dificultad a la hora de definir el interés público, pero consideran que debe responder a las necesidades en salud de la población, la transparencia financiera o una gestión del conocimiento y de la propiedad intelectual organizada en torno al interés general. “Partimos de una definición de interés público en la que se tienen que tener en cuenta la transparencia, para saber más y mejor qué sucede en los procesos de transferencia”, explica Bernal.

Teniendo en cuenta la relativa opacidad de los procesos de transferencia entre centros públicos y empresas farmacéuticas, los autores del informe han realizado una encuesta sobre las políticas y prácticas habituales en diversos centros españoles. Sus resultados “evidencian que los indicadores habitualmente empleados en transferencia no permiten valorar el interés público y el impacto social de la investigación y la innovación”. Según Bernal, “hay que definir mejor cuáles son los indicadores de éxito, si es conseguir una patente o si finalmente ese conocimiento ha tenido un impacto social”.

Además, el informe destaca la ausencia de información pública sobre cuántos fármacos en desarrollo o métodos diagnósticos se basan en el conocimiento generado en universidades y centros de investigación que ha sido transferido, de un modo u otro, a las empresas, o si se han beneficiado de financiación pública. “La mayor parte de los resultados no son fácilmente accesibles”, afirma Bernal, “no están centralizados en ningún sitio, por lo que no hay forma de saber cuántas patentes biomédicas han registrado los centros de investigación españoles y cuántas han terminado en la empresa privada”.

A menudo, esta información se encuentra “dispersa” e “incompleta”, destaca el informe, lo que hace imposible hacer un seguimiento de la financiación y disponer de una trazabilidad de los proyectos de investigación y de los resultados obtenidos. “En EEUU cualquier destinatario de fondos públicos de I+D tiene la obligación de publicar los resultados de su investigación y tiene una infraestructura para hacerlo”, explica Sánchez.

El caso sofosbuvir como ejemplo emblemático

Desde Salud por Derecho realizan una serie de propuestas que permitan visibilizar la contribución pública en el desarrollo de un fármaco o un tratamiento, desarrollando mecanismos que permitan realizar una trazabilidad desde un centro de investigación público hasta un laboratorio privado. De esta forma, se podría evitar casos como el del popular medicamento contra la hepatitis C, sofosbuvir, “un ejemplo emblemático que pone de manifiesto como una financiación pública termina en un fármaco cuyo precio se dispara”, asegura Bernal.

En el caso de este medicamento de la farmacéutica Gilead, un informe realizado por un equipo de investigadores del Instituto de Salud Global mostró que el medicamento “fue desarrollado originalmente a partir de moléculas creadas gracias una investigación financiada con dinero público” y varios estudios demuestran que “un tratamiento de 12 semanas puede producirse por tan solo 101 dólares”, en comparación con los 47.000 euros de precio de salida que ha marcado la Comisión Interministerial en España.

Entre las medidas propuestas, Bernal sostiene que sería necesario limitar las transferencias que se hacen de forma exclusiva a las empresas farmacéuticas, “porque cuando licenciamos en exclusividad estamos dando un monopolio y deberíamos fomentar la competitividad”.

En este sentido, Alcaide recuerda que la Unión Europea “recomienda que las licencias no sean exclusivas”, aunque enfatiza que “solo es una recomendación”. Además, este responsable de transferencia tecnológica insiste en que “el modelo de innovación farmacéutica es caro y los ensayos que se hacen son muy costosos, con lo que no es fácil saber hasta que punto está justificado el precio de los fármacos”.