Más de la mitad de las agresiones sexuales a niños a través de internet las cometen personas conocidas

Laura tiene 13 años y ha sido invitada a un grupo de Whatsapp por una amiga. Al ver que los temas que se tratan le disgustan, decide abandonarlo y entonces Pepe comienza a enviarle mensajes privados. Poco tiempo después, tras algunas conversaciones, Pepe le envía fotos de sus genitales y le pide que ella haga lo mismo. También la presiona para que le mande imágenes en ropa interior y desnuda. Ella accede y el ritmo de peticiones aumenta. Laura recibe amenazas de publicar las fotografías que ya tiene si no le envía más. Pepe termina obligando a Laura a masturbarse a través de videollamada y accede a sus redes sociales, donde publica una foto de ella con un pecho descubierto junto a su número de teléfono. El abusador hace lo mismo con María, una amiga de Laura. Han pasado cuatro años para que Pepe fuera condenado.

Este relato es un caso real recogido por la organización Save the Children en un informe que analiza por primera vez una treintena de sentencias recientes de agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes a través de internet. El conocido como grooming contra menores ha motivado 954 denuncias en 2022, según los datos del Ministerio del Interior. El 84% de los delitos sexuales que usan la red como herramienta involucran a la infancia. Es solo la “punta del iceberg” de esta realidad porque, dice la ONG, solo se ponen en conocimiento de las autoridades el 15% de los abusos sexuales a menores en general.

El grooming es un delito “por el cual una persona adulta contacta con una niña, un niño o adolescente por medios electrónicos con el fin de hacerle participar en cualquier actividad sexual”, define la organización en un informe que concluye que existen muchas similitudes entre usar esta vía para ejercer violencia sexual sobre la infancia o emplear la física. El modus operandi es el mismo: los abusadores instrumentalizan el cariño y la confianza a través del engaño, el soborno, la coacción o fingir otra identidad y aíslan a la víctima para asegurar que está desprotegida y los hechos no salen a la luz.

También se dan algunas diferencias entre esos dos tipos de agresiones, como una edad media mayor de las víctimas (13 años frente a 11) y un porcentaje más alto de desconocidos entre los victimarios. Aun así, el 52,5% de los perpetradores de delitos sexuales contra menores a través de internet son personas con las que las víctimas tienen algún tipo de relación: “conocidos” (23%), “educadores o maestros” (9,8%), “monitores o entrenadores” (16,4%) u “otros familiares” (3,3%).

Es una proporción bastante inferior al 80% que revela un informe más amplio publicado por la misma organización hace un mes como resultado del examen minucioso de 400 sentencias dictadas contra agresiones sexuales físicas a menores entre 2021 y 2022 en Andalucía, Catalunya, Comunitat Valenciana, Euskadi y Madrid.

Los abusos sexuales desaparecieron del Código Penal con la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual para engrosar un único tipo delictivo: las agresiones sexuales. Sin embargo, las sentencias abarcan un periodo en el que todavía no había entrado en vigor, por eso utiliza en ocasiones “abuso” para referirse a esta realidad.

Un 42% de las víctimas son varones

Entre las conclusiones destacan también que las niñas representan el 57,4% de las víctimas mientras los niños sufren las agresiones en el 42,6% de los casos. “Estas cifras contrastan con las del abuso sexual físico, donde 8 de cada 10 víctimas son niñas”, analiza la ONG.

Además, la mayoría de los abusadores no tenían antecedentes de ningún tipo (95%) y la denunciante más habitual de lo que está ocurriendo es la madre (54%), aunque en uno de cada tres procesos analizados no consta quién lo puso en conocimiento de las autoridades.

Save the Children también estudia qué pasa después de la denuncia. La dilatación en los procedimientos judiciales hasta que se dicta sentencia conduce a que casi la mitad de los casos tarden tres años en resolverse. Un 15% de los procesos se demoran hasta seis años.

En el informe anterior, la organización no abordaba los motivos que han podido llevar a esta situación pero sí ponía el foco en “los efectos que tiene para las víctimas” enfrentarse a un proceso que se dilata: “Un periodo muy largo no respeta los principios fundamentales del interés superior del menor porque en la vida de un niño supone muchísimo tiempo. Eso unido a que muchas veces tienen que repetir una y otra vez su testimonio puede provocar victimización secundaria”.

Save the Children recuerda que, también en el entorno digital, el género y la edad son factores de riesgo para las violencias

En el 96,7% de los casos el fallo de la sentencia es condenatorio, “por lo que podemos extraer las mismas conclusiones que en el abuso sexual ”físico“: el problema es que en la mayoría de ocasiones no se denuncia y en los casos que llegan a juicio, las víctimas ven vulnerados sus derechos”, subraya el informe. En cuanto a las penas, la más impuesta fue de más de cinco años de prisión (72,1% de los casos). Los dos únicos casos de absolución fueron por falta de pruebas y por prescripción.

La ONG recuerda que, también en el entorno digital, el género y la edad son factores de riesgo para las violencias. “Estos datos muestran que los niños y niñas son un colectivo especialmente vulnerable frente a la violencia a través de internet. En el caso del online grooming hay que recordar que el abusador se va ganando poco a poco su confianza para involucrarlos en una actividad sexual, que puede ser desde hablar de sexo y obtener fotos o vídeos hasta mantener un encuentro sexual”, señala Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en Save the Children. La relación de la infancia con la tecnología comienza a los siete años de edad, según la organización, y el 95% de los niños y niñas de entre 10 y 15 años utiliza internet.

Save the Children aprovecha el estudio para reclamar juzgados especializados en violencia contra la infancia, algo a lo que apuntaba la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, que mandataba al Gobierno a elaborar en el plazo de un año un proyecto de ley con este objetivo que a día de hoy no se ha impulsado. Además, demanda una fiscalía especializada y equipos técnicos que también reciban formación al respecto, así como la implantación del modelo de las llamadas 'casas de los niños' o modelo Barnahus, generalizado en otros países.

Se trata de espacios amigables para la infancia que pasan a ser el lugar de referencia una vez se interpone denuncia y allí se desplazan todos los profesionales que intervienen en el caso, de forma que no se somete al menor al periplo que normalmente se ve obligado a atravesar. Esta medida está incluida en la llamada ley del solo sí es sí, y aún pendiente de aplicar en toda España.