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Patrimonio Nacional cobra tarifas más caras para adaptar visitas a personas con discapacidad: 25 euros por persona y 125 de mínimo

El Palacio de La Granja de San Ildefonso.

Belén Remacha

Alba es una chica de Barcelona ciega y usuaria de perra guía. El 9 de julio solicitó a la Delegación de Patrimonio Nacional de La Granja de San Ildefonso (Segovia) ayuda para poder realizar una visita el día 20 a dicho palacio. La haría con dos amigos con discapacidad visual y una tercera, vidente. “Generalmente cuando hacemos turismo pedimos que nos adapten la visita, ya que nuestras necesidades de movilidad y acceso no son las habituales”, explicaba en un correo. Necesitaban que alguien les acompañase durante el recorrido y poder tocar algunos relieves. Patrimonio le respondió que eso tendría un precio de 25 euros por persona, con un mínimo de 125. 

El motivo del coste era que “dadas las características”, “con atención exclusiva”, la visita tendría la condición de “visita especial”, escribían desde Patrimonio este miércoles 17 de julio. Como otra opción, le informaban de que “dado que la entrada al Palacio (no el servicio guiado) es gratuito para las personas con discapacidad que acrediten documentalmente tal condición y un acompañante”, podía interesarles la audioguía multimedia, al precio de 3 euros. También de que “por motivos de conservación, está prohibido tocar los objetos”.

Fuentes de Patrimonio Nacional cuentan a eldiario.es que, efectivamente, una visita de esas características entra dentro de la categorización de “visitas especiales”, cuyas tarifas están recogidas en la Resolución de 25 de febrero de 2019 del Boletín Oficial del Estado. En ella se publicó el Acuerdo del Consejo de Administración por el que se regulan los precios públicos del Patrimonio Nacional. Entre esas tarifas, se especifica que efectivamente las visitas especiales tendrán un precio de 25 euros por persona y 125 mínimo, con tasas específicas para el Palacio Real de Madrid y el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

La misma normativa define las “visitas especiales” como aquellas que cuenten “con atención personalizada”, con aspectos como “guías intérpretes en distintos idiomas”, “entradas diferencias y sin espera”, “a museo cerrado” o incluso con “algunos servicios complementarios”, como la iluminación de fachadas o la celebración de conciertos. Ese mismo BOE también recoge que la entrada para las personas con discapacidad y sus acompañantes a los monumentos de Patrimonio será gratuita, como también refleja la web de La Granja de San Ildefonso.

Desde Patrimonio declaran a eldiario.es que “entienden” que “no se puede igualar” la petición de una visita individual por mera preferencia de un usuario que si esta se solicita por necesidades especiales, pero “no podemos aplicar otras tarifas”. El coste de 125 euros se justifica en que “hay que destinar a una persona trabajadora en exclusiva para ese grupo, con otro ritmo, en lugar de integrarse en otro en el que vayan 20 visitantes”. En el caso de que la persona fuese, por ejemplo, en silla de ruedas, la tarifa sería gratis tanto para la persona con discapacidad como para su acompañante, pero tampoco dispondrían de personal para ello.

Un servicio 'Atendo' para Patrimonio

La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por España y citada en la normativa del BOE, reconoce el derecho a la “participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte”. Indica específicamente la obligación de los Estados a otorgar el derecho a participar “en igualdad de condiciones en la vida cultural”.

Desde el Comité de Personas con Discapacidad (CERMI), tras estudiar el caso de Alba, reconocen que “tiene matices”, al no acudir sola y contar con perra guía. Sin embargo, opinan que “es innovador” en la medida que da cuenta de que “a pesar de que Patrimonio sí ha hecho esfuerzos con la accesibilidad, hay que seguir profundizando en ello. Hay muchos casos de personas en situación de dependencia que van a necesitar servicio de acompañamiento, y para dar respuesta a la Convención de Derechos debería valorarse su puesta en marcha”.

El CERMI propone para Patrimonio “algo parecido a Atendo”, un servicio especializado de RENFE que orienta, informa y facilita al viajero el acceso y tránsito por las estaciones: “Eso haría que las personas con discapacidad ganasen autonomía en un servicio cultural. Hay que seguir siendo vanguardista en materia de accesibilidad: tiene muchas aristas. Si una persona ciega o en silla de ruedas quiere ir al Museo del Prado, ¿tiene que depender de un tercero, tiene que estar tutelado, y si no tiene que pagar por ese servicio?”.

Desde el CERMI además hacen otro apunte: las audioguías, que proponían a Alba, son “muy útiles para personas con discapacidad visual”, pero “no deberían cobrarle esos 3 euros si están diciendo que la visita es gratis para personas con discapacidad. No es un extra, como puede serlo para una persona que ve, sino una necesidad. Eso sería una medida de acción positiva”.

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