Ocio VIP y subvencionado

El 1 de mayo de 1931 el Gobierno de la II República decidió que la Casa de Campo, hasta entonces de disfrute exclusivo de la realeza, pasaba a ser de uso público. Ese día decenas de miles de madrileños cruzaron las tapias del parque para celebrarlo. El 22 de octubre, en terrenos de este célebre pulmón verde se inauguró con gran pompa el Club de Campo, con la flor y nata de la alta sociedad española retratada al día siguiente en las páginas del diario ABC. Se cerraba un círculo de privilegio y se abría otro, reducido y duradero.

De aquellas señoritas de rancio abolengo jugando al hockey en terrenos públicos a la familia Aznar en pleno dando clases de golf pagadas por el Ayuntamiento de Madrid hay 70 años de diferencia pero no tanta distancia como podría parecer. Son dos estampas de una misma escena: la del uso de lo que es de todos para el beneficio de unos pocos. El Club de Campo sigue funcionando como si fuera privado, pero en los últimos años ha recibido unos 13 millones de euros de las arcas municipales para sus lujosas infraestructuras. El cupo de abonados no se ha ampliado en décadas, pero hasta hace poco gozaban de pases VIP desde Carlos Sainz o Rafa Medina a Florentino Pérez o Luis Bárcenas, en una larga lista de políticos, empresarios, periodistas, nobles habituales del papel cuché, cargos públicos y 'familiares de'. Así hasta llegar a unas 650 tarjetas en 2011, el año con más invitaciones “protocolarias”.

La confusa factura de unas clases de golf que Ana Botella, entonces primera dama y ahora alcaldesa de Madrid, aceptó como “un detalle” para la familia del presidente, aunque ahora haya decidido pagarlas, ha logrado descorrer un telón de histórica opacidad tras el cual afloran sospechas de mala gestión y utilización política del patrimonio común. Porque, aunque en los papeles el club es de acceso libre, no muchos pueden permitirse el lujo de un baño en su piscina cubierta (81 euros en fin de semana) construida, eso sí, con dinero del contribuyente. Y si los precios para los no socios son prohibitivos, el sistema para incorporar nuevos miembros resulta igual de desalentador: la lista de espera para quienes quieran pagar los 2.000 euros de suscripción y las cuotas de 700 euros anuales supera los 15 años. En unas instalaciones que pertenecen en un 51% al Ayuntamiento de Madrid y en un 24,5% a Patrimonio del Estado.

Un reducto elitista

La Guerra Civil redujo a escombros el lujoso chalé y el campo de golf de nueve hoyos con los que había nacido el Club de Campo. Pero el infortunio de haber quedado en el frente de batalla sería subsanado rápidamente. En 1942 se fusiona con la Real Sociedad Hípica Española –creada por “familias de renombre y militares de caballería”, según su propia descripción– y sigue funcionando como club privado en 200 hectáreas cedidas por el Ayuntamiento.

Vencido el plazo de 40 años, el alcalde socialista Enrique Tierno Galván (PSOE) decide, en lugar de recuperar las instalaciones, mantener el club a través de una sociedad mixta controlada por el Gobierno municipal. “Fue una negociación larga y difícil”, recuerda Juan Barranco, entonces teniente de alcalde. Aquel refugio elitista contaba con 20.000 influyentes socios; más de un tercio, militares. “La Real Sociedad Hípica hizo valer las inversiones que había realizado en infraestructuras”, explica. Pero buena parte de los habituales del club, que no estaban de acuerdo con su apertura al público, se fueron para fundar otra institución privada. “Decían: ‘Esto va a ser como el Parque Sindical”, rememora Barranco. Lo curioso es que incluso el Parque Sindical o el club del Canal de Isabel II, instalaciones deportivas exclusivas para trabajadores, típicas del franquismo, son hoy totalmente públicas y abiertas. No así el Club de Campo Villa de Madrid. Con el fin de la dictadura, el reducto VIP se democratizó, sí, para sumar a los aristócratas la burguesía de los nuevos ricos y perpetuar el círculo de privilegio regándolo, de tanto en tanto, con dinero público.

Tierno Galván marca en nueve años el plazo para convertirlo en una instalación pública y amortizar el 49% de las acciones que se le reconocen a la Real Sociedad Hípica. Pero en 1991 José María Álvarez del Manzano (PP) estira esa transición otros 35 años, hasta 2026. “Era lo mejor; si no, teníamos que partir el club a la mitad, porque algunos terrenos pertenecen a Patrimonio”, justifica Ignacio del Río, su teniente de alcalde. Mientras, Álvarez del Manzano posaba junto a Severiano Ballesteros en la adjudicación de las obras para construir otros nueve hoyos.

El club crecía a buen ritmo, hasta que en 1999 al presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón (PP), se le ocurre declarar Bien de Interés Cultural la Casa de Campo. El Ayuntamiento y el Club de Campo se oponen, porque esa protección impide cualquier intervención urbanística. Llevan la cuestión a los tribunales y ganan. La declaración se anula por un defecto de forma.

Cuatro años después, el presidente del Gobierno José María Aznar y su familia ya han tomado clases en el club sin saber que una década más tarde tendrían que pagarlas. Álvarez del Manzano decide en el tiempo de prolongación de su mandato estirar el blindaje societario hasta 2034, también con el argumento de “amortizar” las inversiones hechas. Un detalle: la sociedad determina en sus estatutos que cualquier superávit se reinvierte o acumula para futuras reinversiones, con lo cual el modelo puede repetirse eternamente.

Con Gallardón como alcalde y olvidadas las viejas rencillas judiciales, el Club de Campo vive una nueva etapa. Tras el fracaso olímpico, en el que el Ayuntamiento ha destinado, entre 2004 y 2011, hasta 13 millones de euros a acontecimientos deportivos e infraestructuras, incluida la piscina y una sala de esgrima de nivel internacional que misteriosamente muta en gimnasio. Los pases VIP se multiplican: entre 550 y 650 de 2010 a 2012. “En mi época no había ni la quinta parte”, se jacta Ignacio del Río.

Descorrido el telón, la decisión política de mantener un club de lujo mientras la falta de dinero deja distritos enteros sin polideportivos municipales genera razonables dudas. Pero la cosa se pone peor entre bambalinas. Ahora sabemos también que el club funcionó sin las licencias en orden durante años. Que desde 2006 hasta hoy el Ayuntamiento olvidó reclamarle el Impuesto de Bienes Inmuebles (unos 500.000 euros anuales), y que varias irregularidades en la ejecución de obras prescribieron sin siquiera ser investigadas. También que el exdirector de Deportes municipal Roberto Sanz Pinacho consiguió en el club un trabajo de asesor por 55.000 euros al año sólo tres semanas después de dimitir tras ser pillado conduciendo borracho.

En el último Pleno, UPyD propuso profesionalizar la gestión del club. “Ustedes lo han convertido en un chiringuito político y una agencia de colocación”, acusó el edil Jaime de Berenguer. Actualmente, el gerente es concejal del PP en Boadilla del Monte; en el consejo de administración hay siete ediles madrileños (todos del PP), e incluso uno de los hijos de Esperanza Aguirre, Álvaro Ramírez de Haro Aguirre, figura como representante de Patrimonio del Estado.

Botella, que ha insistido en pagar aquellas controvertidas 200 clases –aunque, consultando agendas, considera imposible haberlas recibido todas–, tiene que lidiar ahora con un asunto que se vuelve más sensible cuanto mayores son los recortes y más agoreros los pronósticos económicos en la ciudad más endeudada de España. De momento, ha cortado el chorro de los pases gratis, ha anunciado la incorporación de 300 nuevos abonados y encargado a Deloitte un informe sobre el posible futuro de las instalaciones. Pero sin prisas. El Club de Campo fue propuesto como sede en la candidatura olímpica 2020 y, según su presidente, el concejal José Manuel Berzal, todos “deberíamos sentirnos orgullosos de su gestión”.

Y así, la vida de la alta sociedad madrileña transcurre entre los 18 hoyos del club, los bautizos y comuniones en la iglesia de los Jerónimos y el palco del Bernabéu. El Bernabéu de Florentino y su pelotazo: vender la Ciudad Deportiva del Real Madrid para levantar cuatro rascacielos. Y al que el Ayuntamiento ha autorizado una ampliación, denunciada en los tribunales, en pleno Paseo de la Castellana. Pero esa es otra (interesante) historia.