Págame o hazme la mudanza a cambio de empadronarte, la última frontera de los abusos con los inquilinos
Antonio Calixto volvió a España en marzo de 2022. Aterrizó desde Perú con algo de dinero y alquiló una habitación en A Coruña por la que pagaba 200 euros. La casera no quiso hacerle un contrato y cuando fue a empadronarse para decir a la administración española que había regresado –ya había vivido doce años en Galicia hasta marchar a su país en 2015– no pudo hacerlo sin su permiso.
Sin ese trámite, Antonio, además de no existir para el Estado español, no tenía acceso a ninguna prestación social: ni ingreso mínimo vital, ni ayudas alimentarias de los servicios sociales ni del alquiler. Así que para conseguirlo y a la desesperada, cuenta en conversación con elDiario.es, ayudó a su casera con la mudanza de muebles a su piso. “Un día llevaba un mueble; otro una cama... y así estuvimos varias semanas”, explica Calixto, que acabó viviendo en un centro para personas sin hogar tras no poder seguir pagando el alquiler de la habitación.
Las organizaciones que trabajan con personas sin hogar, en riesgo de pobreza y migrantes, como Hogar Sí o Valencia Acull, han documentado algunos casos extremos de cómo el padrón, un deber y un derecho básico que funciona como puerta de entrada a otros muchos derechos básicos, se convierte también en un elemento de negocio. Ya sea por parte de los caseros o de las personas que subarriendan ilegalmente habitaciones con un contrato principal a su nombre.
Como el de Babakar, procedente de Senegal, que llegó a pagar 100 euros mensuales al propietario de la casa donde vivía para lograr hacer el trámite del empadronamiento en España. Abonó ese dinero extra durante tres años, entre 2014 y 2017, recuerda, además de los 120 euros que le costaba la habitación. “Me sorprendí mucho pero lo pagué porque no había otra opción. Necesitaba estar en el padrón para empezar a contar el tiempo para demostrar mi arraigo en España”, dice a este medio.
Dos resoluciones del Gobierno
El Ministerio de la Presidencia aprobó en abril de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de covid-19, una resolución que establece una persona tiene derecho a un empadronamiento especial si no tiene una casa fija o vive en la calle. A esta modalidad también pueden acogerse, en la práctica, según las asociaciones consultadas que trabajan con población vulnerable, las personas que viven en habitaciones, no tienen contrato y su casero se niega a autorizar el trámite.
Esta orden, dirigida a los ayuntamientos, ya se había dado por primera vez en 2015 pero todavía algunos consistorios dificultan estos empadronamientos, lo que permite la subsistencia de ese caldo de cultivo para los abusos, según confirma Valencia Acull.
La organización ha detectado problemas en los municipios de Torrent y Catarroja. “Si el titular del contrato no le da la autorización, posiblemente sea porque puede haber un perjuicio para él o cualquier otra circunstancia que desconocemos. Para ser atendida por los servicios sociales es requisito que esté empadronada en el municipio, con lo cual sería necesario que incidiese con el arrendatario para que le autorizase”, respondió, según documenta Valencia Acull, el personal responsable del padrón del primer municipio ante un caso reciente. En Catarroja, la contestación fue parecida. elDiario.es ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con ambos ayuntamientos.
“Tratamos un caso gravísimo: se impedía a las personas acceder a recursos de alimentación por este motivo”, denuncia Paco Simón, coordinador del programa de igualdad de trato y no discriminación. En el mejor de los casos, cuando sí se cumple la normativa, el procedimiento “no es ágil”. Pueden tardar hasta un año en resolver un caso especial de empadronamiento, según la asociación, tiempo durante el cual las personas están sin acceso a los derechos. El impacto negativo por la falta de padrón se multiplica en las personas migrantes porque, al ser su primera vez en España, no tienen un empadronamiento previo que les sirva como agarradera para entrar al sistema de los servicios sociales.
Tratamos un caso gravísimo: se impedía a las personas acceder a recursos de alimentación por este motivo
“La mayor de las parte de los derechos que tenemos tienen que ver con que podamos demostrar nuestro empadronamiento”, constata Maribel Ramos Vergeles, subdirectora de Hogar Sí, que observa el negocio con el empadronamiento como el “extremo de la falta de escrúpulos”. “Comerciar con el derecho y el deber del empadronamiento es lamentable”, subraya tras confirmar que su organización también ha encontrado algunos problemas con usuarios en esta situación en los ayuntamientos.
“En algún caso –prosigue– hemos tenido que acompañar a las personas con la instrucción en la mano”. Se da especialmente cuando los usuarios son personas sin hogar. “Si no se tiene un buen trabajo en el ámbito del sinhogarismo, en los municipios se despliegan ciertas políticas aporofóbicas que quiere expulsar a las personas”, zanja.
Hogar Sí fue una de las organizaciones que propuso, con la tramitación de la nueva ley de vivienda, un cambio en la norma de arrendamientos urbanos que permitiera la regulación del alquiler de habitaciones “más allá de ser un pacto entre privados”, desgrana Ramos Vergeles, precisamente para atajar estos problemas. No lo consiguieron.
La organización Provivienda, aunque reconoce que no tiene el “fenómeno muy estudiado”, sí ha recogido casos de usuarios que tienen problemas derivados de los subarriendos, es decir, de alquilar una habitación a un tercero que es el titular del contrato general y que incluso a veces arrienda habitaciones sin el permiso del propietario. “Esto genera mucha inseguridad jurídica”, asegura una portavoz, que subraya que la línea de trabajo de la organización es hacer pedagogía con los arrendadores “para rebajar la desconfianza y facilitar el empadronamiento” haciéndoles conscientes de “la necesidad de facilitar” el trámite.
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