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Los países temen que las protestas sociales frenen la lucha contra el cambio climático

Los chalecos amarillos franceses que han revertido un impuesto verde alertan a los gobiernos sobre el peligro de la contestación a medidas de política ecológica

El reparto del esfuerzo que conlleva frenar el calentamiento global abona discursos explosivos si se abandona a los colectivos vulnerables

"El debate social es muy importante y es una obviedad que nos costó ver", dice la ministra española Teresa Ribera

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Protesta de los chalecos amarillos en París este sábado. IAN LANGSDON

Protesta de los chalecos amarillos en París. IAN LANGSDON EFE

Los chalecos amarillos de Francia han causado un terremoto en los foros internacionales sobre la lucha contra el cambio climático. Las protestas francesas que han obligado al presidente Emmanuel Macron a retirar su plan de impuestos a los carburantes han terminado por despertar a los responsables políticos. Ahora temen que la contestación por parte de diferentes colectivos ante diversas medidas climáticas se lleve por delante la acción contra el calentamiento global. "El debate social es muy importante. Es una obviedad que nos costó ver", ha concedido este miércoles la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera en la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia).

Las manifestaciones de los chalecos amarillos han terminado por mezclar muchas demandas, pero al arrancar hablaban de la subida de impuestos a los carburantes a base de combustibles fósiles. Una medida, en principio, coherente con el objetivo de reducir el uso del diésel y la gasolina para contener la emisión de gases de efecto invernadero. "El Gobierno francés está en shock", han comentado en la cumbre polaca sobre cambio climático. Un aviso para navegantes.

Más allá de la idiosincrasia gala, cada país desarrollado tendrá que lidiar con sus consecuencias sociales. Es decir, cómo repartir los esfuerzos que una política concreta vaya a imponer. Las cuentas generales han sido expuestas por la ciencia: una reducción de CO2 implica evitar cierto calentamiento de la Tierra y, por lo tanto, estos efectos se palían. El plan puede costar cierta cantidad de dinero. La cuestión es: ¿quién lo paga?

Porque estas consecuencias son un material sensible y fácilmente inflamable como se ha comprobado en Francia. Inmediatamente después de que el Gobierno español fijara sobre el papel la fecha de 2040 para dejar de matricular vehículos diésel o gasolina, la patronal automovilística Anfac sacó a relucir los puestos de trabajo "en riesgo". En la actualidad, más de 20 años antes de la llegada de esa fecha, se cuentan 50.000 empleos directos en 13 plantas. 

Quizá por eso, cuando la ministra Ribera ha hablado de que no hay justificación para que los carburantes fósiles tengan una fiscalidad diferente (las bonificaciones hacen al gasóleo un 23% más barato: de 307 euros por mil litros a los 431 de la gasolina sin plomo) también ha añadido que los conductores profesionales estarían a salvo. En España hay unos 250.000 camioneros, según los datos por licencias de la DGT. El Gobierno devuelve más de 300 millones de euros anuales en concepto de ayuda al gasóleo profesional.

En las cumbres climáticas, como la que se celebra estos días en Polonia, los sindicatos, por ejemplo la Confederación Sindical Internacional, insisten en el mensaje de que "no hay empleos en un planeta muerto". Pero sobre ellos recae el foco cuando llegue el momento de reconvertir un sector industrial concreto.

El temor, pues, es que la política climática se convierta en una excusa para la confrontación. Sin ir mucho más lejos, los regantes del Levante español amenazaron con llevar a cabo "acciones de guerrilla" si el Ministerio para la Transición Ecológica no "reconducía" (es decir, les hacía caso) su postura sobre el trasvase de agua por el sistema Tajo-Segura. La política hidrológica va adherida a la de cambio climático en España: la escasez hídrica es uno de los principales impactos en la Península Ibérica y el arco mediterráneo del calentamiento global.

Lavado de cara verde

Sin embargo, el responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, alerta sobre el "lavado de cara verde" que detecta en la insistencia de la llamada transición justa: "Algunos gobiernos la utilizan para amparar políticas regresivas como en las cuencas mineras de carbón en Polonia, un país que todavía incluye este mineral en un 80% de su producción energética". También subraya que el término transición "dilata la toma de medidas y esconde la necesidad de cambiar el modelo productivo y de consumo".

En este sentido, un informe de Oxfam Intermón ya explicaba cómo solo el 10% más rico de la población mundial -y su forma de crecer económicamente- emite más del 50% del CO2 responsable principal del calentamiento global. "Además, siempre se habla de transición a base de dinero público, como si las grandes empresas que tienen que transitar quedaran a salvo del esfuerzo", remata el ecologista.

Los chalecos amarillos franceses, los mineros polacos, los transportistas, los regantes... "hay que tomarlo en serio", ha remachado la ministra Ribera en Katowice. Y ha apuntado hacia una estrategia: "Lo que se recaude [con impuestos verdes] debe destinarse a los colectivos más vulnerables".

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