La presión de los cazadores devuelve la protección de la codorniz a la casilla de salida

Las maniobras de los cazadores han surtido cierto efecto. El envío de informes promovidos por el sector cinegético que hizo el Ministerio de Agricultura ha paralizado el proceso de protección de la codorniz en España. El Comité Científico del Gobierno tendrá que revisar los datos del proyecto Coturnix aportados por el lobby cazador Fundación Artemisán.

La remisión de este informe consiguió evitar el viernes pasado que se revisara la situación de la Coturnix coturnix en el Comité de Flora y Fauna que reunía a los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica y las comunidades autónomas. Estaba previsto este análisis una vez que los asesores científicos habían dictaminado que la especie merece la categoría de “en peligro de extinción”.

Transición Ecológica ha informado a la Federación Española de Caza de que como Agricultura les envió el trabajo del investigador de la Universidad de Lleida Jesús Nadal García se decidió que fuera examinado por el Comité Científico, por lo que se ha retrotraído el proceso de catalogación de la codorniz a la fase inicial. Ese informe es la herramienta que utilizan los cazadores para afirmar que esta especie “está en buen estado”.

El Ministerio ha retrasado así la evaluación hasta que los científicos ofrezcan una opinión sobre si este informe Coturnix modifica su dictamen anterior. “La batalla no ha terminado. Es probable que se vuelva a proponer la votación” sobre el estatus que debe tener la codorniz, ha afirmado la propia Fundación Artemisán.

Lo que surge es una controversia entre la solicitud para catalogar y proteger a la codorniz que realizó SEO-Birdlife a la luz de su programa de seguimiento de poblaciones SACRE y el recuento de abundancia en 2020 impulsado por los grupos de cazadores y coordinado por Nadal García. El catedrático ha descalificado públicamente la propuesta de SEO: “Datos cocinados, tergiversaciones e interpretaciones perversas”.

El seguimiento SACRE muestra un declive acusado y proyecta una marcada tendencia negativa. El recuento de los cazadores cifra la población general en 3,2 millones de ejemplares. Catalogar la codorniz implica desarrollar un plan de recuperación e, implícitamente, veta su caza. Los números que ofrece el sector cinegético permitirían continuar con su afición: un millón de codornices al año, según los datos del Ministerio de Agricultura.

Y como telón de fondo, la fricción política. Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente del Gobierno de coalición PP-Vox en Castilla y León, escribió la semana pasada a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para pedir que paralizaran el proceso de protección. La decisión, dijo “debe ser informada, consultada y tratada con las comunidades autónomas gestoras de la biodiversidad” y adujo que la caza de perdices tiene una “repercusión económica y social en Castilla y León”.