Un vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos ejerce pese a que la justicia anuló su plaza
El vicerrector de Profesorado e Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, Luis Miguel Doncel Pedrera, ejerce en su cargo con normalidad pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló su plaza en noviembre de 2014. La suya y, al menos, otras 14 de 25 plazas convocadas y adjudicadas por la universidad en 2012. Sólo tenían derecho a una plaza aquel curso ya que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas había decretado el límite del 10% de los funcionarios que se jubilaran pocos meses antes dentro de su política de recortes. Ninguna de esas 15 plazas debería haberse adjudicado, según el TSJM.
La universidad, dirigida por el rector Fernando Suárez, ha optado por no ejecutar la sentencia, mantener a los profesores en el cargo y recurrir el caso ante el Tribunal Supremo. Mientras esto se resuelve, el vicerrector sigue ejerciendo, adjudicando fondos para la investigación y presidiendo comisiones de selección de profesores contratados doctores (son varias las que se han convocado en lo que va de curso).
Si el Supremo ratifica al TSJM, la institución se arriesga a que todas estas decisiones de calado que se están tomando queden anuladas. El Ministerio de Hacienda, instigador original de los recursos por afectar a la administración, se lava las manos, sostiene que su labor está hecha con haber recurrido dichas plazas y que no le corresponde instar a la universidad a que ejecute las sentencias. “Es irregular, la universidad está obligada a ejecutar la sentencia”, recuerdan fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro. Fuentes jurídicas consultadas señalan que en el supuesto de que se recurran estas plazas en Casación ante el Tribunal Supremo, este tipo de recursos no suelen estimarse.
“Irrelevante y discriminatorio”
La convocatoria de esas plazas (21 de profesor titular de universidad y 4 de catedrático de universidad) fue realizada por el anterior rector, Pedro González-Trevijano, actual magistrado del Tribunal Constitucional, en mayo de 2012. Habían pasado pocos meses después de que el Gobierno aprobara el Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre, que imponía una tasa de reposición del 10% (sólo uno de cada diez funcionarios jubilados se podía sustituir) para ahorrar.
Varias universidades intentaron apurar los plazos y eludir la tasa con convocatorias en el último momento, entre ellas la URJC. El Ministerio de Hacienda, responsable de los funcionarios del Estado, solicitó que se paralizaran estas convocatorias. Las universidades accedieron y las retiraron. También lo hizo la Rey Juan Carlos, según relatan fuentes del centro que siguieron el proceso. Pero poco después, González-Trevijano decidió levantar la suspensión y convocó y adjudicó las plazas.
El Ministerio fue impugnando las resoluciones que adjudicaban las plazas una por una. La abogacía del Estado alegó en sus recursos que se estaba excediendo la tasa de reposición en un 2.400%. Y en los últimos meses los magistrados le han ido dando la razón. Las plazas son nulas. De momento al menos en 15 de las 25 plazas que se convocaron.
La universidad argumentó que sólo se habría superado la tasa de reposición si las plazas se hubieran adjudicado a personal que no perteneciera ya a la institución. En la práctica fue una promoción interna, aseguró. El TSJM rechaza este argumento en sus sentencias: “Para participar en un concurso para el acceso a plaza en el cuerpo de profesores titulares de universidad se requiere estar ”acreditado“, y pueden pedir esa acreditación quienes posean el título de doctor; no sólo los doctores que presten servicios en la Universidad convocante pueden concurrir sino también los que presten servicio en cualquier otra universidad o incluso los que no presten servicio en ninguna”, puntualiza la sentencia.
De hecho considera que el origen de la persona que ocupara el puesto es “irrelevante” y lo explica así: “Lo único requerido es estar acreditado y restringir el concurso al personal propio iría en contra de los principios de mérito, capacidad, igualdad de trato y de oportunidades; por ello, el hecho de que la plaza hoy impugnada haya sido finalmente cubierta por la hoy codemandada, que tenía la condición de profesora contratada doctora de la Universidad Rey Juan Carlos, es irrelevante a estos efectos pues es la validez o no de la Convocatoria misma lo que ha de examinarse”, sostiene el TSJM.
La dirección de la Universidad Rey Juan Carlos se ha visto salpicada por varias noticias de mal gobierno en los últimos meses. Además de este varapalo judicial, el equipo rector ha sido acusado de nepotismo debido al alto número de familiares y allegados del anterior rector, González-Trevijano, del actual y de otros cargos de la universidad. El propio rector impartió clases en un campus que legalmente no existe (el de Aranjuez) y ha recibido acusaciones de dedazo por un concurso de plazas para el personal administrativo.
