Cuatro razones por las que el 7N contra la violencia machista vuelve a las calles un año después
365 días después todavía sigue estando en boca de muchas y muchos. Cada poco alguien recuerda el 7N de 2015, cuando el movimiento feminista salió a las calles de Madrid a pedir que la violencia de género fuera convertida en una cuestión de Estado. La capital recibió a cientos de miles de personas que, venidas de todos los puntos de España, participaron en la primera marcha estatal contra la violencia machista.
Un año después de aquella cita, que las activistas llevaban preparando diez meses, el 7N vuelve a las calles. Aunque lo hará con menos fuerza que en 2015, varias ciudades han convocado concentraciones, entre ellas Madrid, Granada o Bilbao. Fue en la asamblea de la Plataforma 7N del pasado 17 de septiembre cuando se decidió que exigir respuesta institucional y social ante las agresiones sexuales se convertiría en el foco de la convocatoria y en una de las razones de la movilización.
La falta de respuesta ante las agresiones sexuales
Los Sanfermines situaron este verano el tema en las portadas de los periódicos y los telediarios. Las denuncias de agresiones sexuales que se fueron sucediendo entre concentraciones de repulsa y la respuesta del Ayuntamiento desató la reacción de varios consistorios que, uniéndose a las reivindicaciones del movimiento feminista, elaboraron sus propios protocolos contra la violencia sexual en las fiestas.
A pesar de ello, el 7N denuncia la invisibilidad de una realidad que plasmada en cifras ha supuesto 9.040 violaciones de 2009 a 2015, según los datos del Ministerio del Interior. Además, el Ejecutivo solo contabiliza las “agresiones sexuales con penetración”. La ausencia de planes institucionales de prevención, respuesta y reparación ha llevado a las convocantes a considerarlo un tema prioritario.
“No ha existido ni existe un compromiso efectivo del Estado en materia de violencia sexual”, afirma Beatriz Bonete, presidenta de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género. Asegura que hay fórmulas efectivas pero que “han disminuido los recursos”, lo que dificulta “las labores de coordinación y seguimiento” y “la formación de los profesionales” y ha mermado “la presencia en centros educativos en los que se trabajaba la prevención”.
Este escenario lleva este año al 7N a exigir un Plan de Acción contra la Violencia Sexual. Bonete recuerda cómo la ley integral de 2004 inició el trayecto que hizo saltar a la violencia de género de la esfera privada a la pública y política y asegura que “la violencia sexual ha comenzado el mismo camino”. De las violencias machistas, dice, “es la más frecuente, pero la menos visible y la que menos se denuncia”.
La federación que preside pide al Ejecutivo financiación y compromiso y alerta de algunos de los mitos que aún permanecen en la sociedad en cuanto a la violencia sexual. Bonete remarca dos: que no solo se da en fiestas de verano, sino que son mujeres de todas las edades y de todos los perfiles socioeconómicos que acuden a los centros todos los días del año, y que en torno al 75% de los casos que atienden son agresiones perpetradas por conocidos de la víctima.
Otras violencias que también son de género
“Es necesario ampliar el concepto de violencia de género”, asegura la abogada y portavoz de la Plataforma 7N, Consuelo Abril. De esta manera, se incorporaría a la legislación parte del ya ratificado por España Convenio de Estambul, que obliga a dirigir la lucha y los recursos contra la violencia de género a todos los tipos de violencia machista.
Se incluye el acoso sexual, los asesinatos de prostitutas o de mujeres precedidos de agresiones sexuales, la trata de mujeres y niñas, la mutilación genital o los matrimonios forzosos.
El objetivo es conceptualizar la violencia de género como se hace en algunos países latinoamericanos con la palabra feminicidio, que engloba todo tipo de violencia contra la mujer por el hecho de serlo.
La ampliación de la ley, que también recomienda el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer de la ONU, será previsiblemente uno de los puntos calientes de esta legislatura. El pasado 25 de octubre la Comisión de Igualdad del Congreso ya aprobó una iniciativa para extender la definición de violencia de género a las agresiones producidas fuera de la pareja o expareja.
Más allá de los 26 segundos
El 7N sigue recordando que los últimos candidatos a la presidencia del Gobierno dedicaron 26 segundos a la violencia machista en el debate para las elecciones generales de junio. Por eso piden un “compromiso real” de los poderes públicos que se plasmen “en cambios reales que vayan más allá de un simbólico minuto de silencio en el Congreso”, ejemplifica Abril.
Para la plataforma, este compromiso comprende, entre otras cosas, el aumento de los presupuestos destinados a prevención –recortados un 26% desde 2010–, el impulso a la formación de los aparatos judiciales y una evaluación del sistema de protección. Un 40% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2016 había interpuesto denuncia, según datos del Ministerio de Sanidad.
Abrir las puertas del aula
Abril se lamenta de los casos de violencia machista que se dan entre los y las jóvenes y afirma que la LOMCE “consolida una educación sin igualdad”. Lo cierto es que el Convenio de Estambul también obliga a introducir la coeducación en las aulas, algo a lo que también apunta el artículo 4 de la ley integral contra la violencia de género, aprobada en 2004.
Sin embargo, la realidad es que desde que el ministro José Ignacio Wert (PP) eliminó Educación para la Ciudadanía, este tipo de formación depende de la voluntad de los propios centros educativos y el profesorado. El currículo de la extinta asignatura contemplaba contenidos relacionados con la desigualdad de género y la diversidad afectivosexual. Son necesarios, dice el 7N en el manifiesto de este año, “planes de acción contra la violencia de género en la escuela”.
