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Sanidad y las comunidades pactan volver a modificar las normas sobre el uso de mascarillas

La ministra de Sanidad, Carolina Darias. EFE/ Juan Carlos Hidalgo/Archivo

Belén Remacha

31 de marzo de 2021 13:59 h

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El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han pactado, en Consejo Interterritorial, volver a trabajar para modificar el uso de las mascarillas como medida de prevención frente a la COVID-19. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer martes la nueva norma sobre su empleo, que comenzó a tramitarse en junio. Su versión por ahora final incluye una enmienda, presentada por el PSOE en el Congreso este mes de marzo de 2021, que eliminaba la excepción vigente estos meses de que no hacía falta llevarla puesta en el exterior si se podía mantener 1,5 metros de distancia de otros viandantes. Es decir, hay que llevarla puesta obligatoriamente en todos los casos al aire libre, algo que por otra parte ya tenían vigente la mayoría de las comunidades autónomas a nivel regional. Un día después, han decidido trabajar durante esta semana para abordar otra vez la medida en el próximo Consejo Interterritorial.

La ministra Carolina Darias ha explicado en rueda de prensa que se aprobó en un “contexto determinado”, junio del año pasado, y por eso se plantea el cambio ahora, por ejemplo, está contemplado el paso a “fase 3”, algo obsoleto ya que formaba parte de la desescalada del confinamiento del primer estado de alarma de 2020. Pero la enmienda socialista para incluir el 1,5 metros estuvo presentada hace apenas unas semanas. La ministra no ha explicado si el cambio de criterio que se pueda producir se referirá exactamente a eso.

Será un “análisis de la ley”, ha descrito la ministra, Carolina Darias. Se “trabajará de manera técnica, dentro del margen que posibilita la ley, por intentar elaborar unos criterios técnicos” para llevar pautas diferentes al próximo Consejo Interterritorial. Buscan “aplicar la ley de la manera más armonizada posible y más contextualizada”, porque “desde que se aprobó la ley hasta la tramitación ha transcurrido mucho tiempo”. Hay comunidades que quieren “aclararlo”, ha dicho, como razón para haber propuesto que se modifique de nuevo la norma. “Podemos, a nivel técnico, armonizar y modular a la época a la que estemos en cada momento”, ha dicho luego, “la mascarilla ha llegado para quedarse, la vacunación está haciendo su trabajo pero nosotros tenemos que hacer el nuestro” (...) “La mascarilla es de uso obligatorio, pero tenemos que estudiar si la ley nos deja margen de actuación”.

El Consejo Interterritorial de este miércoles de Semana Santa ha sido celebrado en Valladolid, con participación en rueda de prensa de la ministra, y la consejera autonómica de Castilla y León, Verónica Casado. Darias ha descrito que la situación epidemiológica es “de valle, con tendencia al alza”. “Tenemos que ganar tiempo al virus para evitar que el repunte sea una cuarta ola”, ha dicho. La incidencia acumulada a 14 días es de 147 casos, “riesgo medio” rozando el alto. En Madrid, Catalunya, Navarra, Euskadi, Ceuta y Melilla ya es de “muy alto”, por encima de 250.

La ministra ha anunciado que mañana jueves llegarán a España más de un millón de dosis de AstraZeneca, que sumadas al millón que llegaron el lunes entre Pfizer y Moderna, convierten esta semana en la primera desde que comenzó la campaña (el 27 de diciembre) que llegan más de dos millones. A mediados de mes, comenzarán a llegar las de Janssen, el 19 de abril, 300.000. A 31 de marzo, España ha recibido algo más de 9,5 millones.

La Comisión de Salud Pública acordó ayer ampliar la población diana de AstraZeneca y eliminar el límite de edad de 65 años, dada la evidencia científica de que es segura. Pero en la práctica, seguirá dirigida a menores de 65 años casi por completo, ya que se seguirá completando con ella a los grupos de trabajadores considerados esenciales (policías, bomberos, docentes, algunos sanitarios, militares). La de Janssen sí ha sido reservada para mayores de 65 años. La prioridad, a pesar de la decisión sobre AstraZeneca, es proteger a los mayores de 60 años por “ser el grupo más vulnerable” de sufrir la enfermedad grave, y acabar así con el colapso sanitario que provoca la COVID-19.

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