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Solo seis países, entre ellos España, prohíben intervenciones quirúrgicas innecesarias en menores intersexuales

Marcha del Orgullo Trans en Londres el año pasado. Manifestantes piden el fin de las cirugías no consentidas en personas intersex.

Deva Mar Escobedo

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Una inmensa mayoría de los Estados miembros de la ONU no han hecho todavía ningún intento legal para proteger el derecho de las personas intersexuales a su integridad corporal y autonomía. Esa es una de las conclusiones que destaca ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, en un nuevo estudio que publica este martes, en el que intenta mapear en qué estado se encuentran los derechos humanos de las personas intersexuales, aquellas que nacen con características sexuales que no encajan con las nociones binarias de los cuerpos masculinos o femeninos.

La investigación, que recoge datos hasta julio de 2023, señala que solo seis países con representación en Naciones Unidas prohíben los tratamientos médicos “innecesarios” sobre menores intersexuales sin su consentimiento “libre, previo y plenamente informado”, entre ellos España desde el pasado mes de febrero. Este tipo de cirugías han sido documentadas por organizaciones como Amnistía Internacional, que ha denunciado que con ellas se pretende hacer encajar el cuerpo de los bebés en las características típicas de hombres o mujeres.

“Esta sorprendente escasez de protección legal sigue siendo una realidad a pesar de los llamamientos unánimes, sistemáticos y urgentes de la sociedad civil intersex y de los organismos internacionales de derechos humanos”, ha afirmado Crystal Hendricks, presidenta del Comité Intersex de ILGA Mundo.

Las personas intersex son aquellas que nacen con variaciones de las características sexuales (como los genitales, los órganos reproductores y los patrones hormonales y cromosómicos) que son “más diversas que las definiciones estereotipadas de los cuerpos masculinos o femeninos”, señala ILGA, que denuncia que a pesar de constituir el 1,7% de la población mundial (cifra similar a la población pelirroja), las personas intersexuales suelen ser “estigmatizadas, sometidas a prácticas nocivas y discriminadas”.

A pesar de que el número de estados que ha implementado legislación para mejorar su situación es una gota en el mar ―12, o el 6% de la asamblea de la ONU―, Hendricks apunta a las “tendencias positivas actuales”. Y es que el informe documenta cómo en los últimos quince años se ha producido un “rápido aumento” de este tipo de desarrollos legales. Más allá de la prohibición de cirugías, siete países, entre ellos España, han prohibido la discriminación por motivos de características sexuales.

Esta primera edición del Informe de mapeo legal intersex es un estudio global pionero sobre la protección jurídica de las personas nacidas con variaciones en las características sexuales. La publicación presenta una visión general de la situación de cada uno de los 193 Estados miembros de la ONU, perfiles de los 34 países en los que se han producido avances jurídicos, y un análisis de cómo se han abordado estos asuntos en el derecho internacional, además de entrevistas con activistas intersexuales.

La situación en España

España está entre los pocos mencionados en el informe en lo que respecta a avances o derechos conseguidos. Aparece listado junto con Alemania, Grecia, Islandia, Malta y Portugal como uno de los seis Estados de la ONU con legislación que prohíbe las intervenciones quirúrgicas no consentidas en menores intersex. Sin embargo, de estos países, solo Grecia y Malta cuentan con sanciones específicas por violentar las prohibiciones.

Hace tan solo un año, los resultados del informe habrían sido muy diferentes en lo que respecta a nuestro país. Aunque ya existían algunas normas autonómicas que eliminaban las cirugías innecesarias, ha sido a partir de la entrada en vigor de la Ley Trans en febrero que la prohibición se ha extendido a todo el territorio. Gracias a este texto legislativo, pero también a la Ley Zerolo, España está además entre los siete países con legislación estatal prohibiendo la discriminación por motivos de características sexuales, y además la sanciona.

No obstante, activistas como Clara Montesdeoca, fundadora de Caminar Intersex entrevistada para el informe, señalan matices en cuanto a la aplicación de la legislación. Aunque entonces se pronunciaba sobre el borrador de la ley y este se modificó en su trámite legislativo, los puntos que cuestiona permanecen igual. La activista asegura que el texto “deja la puerta abierta a que decidan los médicos” sobre las cirugías: “Cuando lees la ley, queda claro cómo se podrían eludir sus disposiciones”, apunta.

Considera “igualmente preocupante” el hecho de que la ley dé un año a las familias para decidir con qué sexo registrar al bebé, pues no ve “correcto” dar a las familias la responsabilidad de decidir sobre “una persona que tendrá capacidad de autodeterminación”. “Esta práctica de decidir por los menores intersexuales debe terminar”, declara Montesdeoca.

Integridad y derechos

El estudio ha analizado principalmente dos focos: la integridad y autonomía corporal de las personas intersexuales y el disfrute en igualdad de condiciones de los derechos humanos. Sobre la evolución internacional del primero de ellos se pronuncia Ilia Savelev, coautor del informe: “Desde 2009, las respuestas de las ONG han evolucionado de sugerencias indecisas a llamamientos urgentes y seguros para prohibir legalmente las intervenciones médicas no consentidas en menores intersex y garantizar la rendición de cuentas al respecto”.

En lo que respecta al segundo, ILGA destaca un hito ocurrido en octubre de este año: un grupo de 56 estados de todas las regiones del mundo hicieron un llamamiento a “redoblar los esfuerzos para combatir la violencia, las prácticas nocivas y la discriminación por motivos de las características sexuales de las personas”.

ILGA también remarca el papel “fundamental” desempeñado por la sociedad civil y apuntan a que las violencias que afrontan las personas intersexuales no solo les afectan a ellas. “En un momento en el que la vigilancia de los cuerpos se ha convertido en un elemento básico de la agenda antiderechos, la solidaridad entre movimientos nunca había sido tan importante”, sentencian la organización, que espera que herramientas como el informe presentado este martes catalicen el progreso “no solo para la comunidad intersex, sino para todes nosotres”. 

Nota: La versión original de esta noticia aseguraba que la recogida de datos del informe presentado había terminado en diciembre de 2022 por un error en el comunicado de prensa. Se ha corregido a julio de 2023 tras una fe de erratas por parte de la organización.

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