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Las trabajadoras de la dependencia pelean por llegar a mileuristas: “Somos grúas humanas, esclavas”

Se debatirá sobre la figura del asistente personal

Belén Remacha

“La ayuda a domicilio es la esclavitud de este siglo”, sentencia Luz sin dudarlo. Ella es una de las miles de cuidadoras profesionales que luchan por llegar a ser mileuristas. CCOO ha llamado a la movilización “ante el bloqueo de la patronal” para firmar el VIII Convenio, que subiría el salario mínimo a 1.000 euros mensuales en 14 pagas para el 2020 y afectaría a “todas las residencias de la tercera edad, a toda la ayuda a domicilio y a la teleasistencia”, explica Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO. Han llamado, junto a UGT, a distintas movilizaciones en todo el país frente a la CEOE desde el pasado 30 de octubre. El 14 de diciembre han convocado una protesta masiva ante el Ministerio de Sanidad.

Las organizaciones patronales, cuenta Cabrera, llevan “nueve meses dando largas y sin propuestas”, por lo que les dieron un ultimátum en septiembre. Llegar a los 14.000 euros anuales había sido ya consensuado en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, entre los agentes sociales (CCOO y UGT) y la CEOE y CEPIME. “Y lo que se pide es que sean mileuristas, no salarios de 3.000 euros”, insiste.

Actualmente, con el Convenio vigente (el VII), los salarios en trabajadoras de teleasistencia está en una base de 972,70 euros mensuales; 972,97 para una técnico auxiliar de ayuda a domicilio; o 965,34 para una gerocultora. Todo en un sector “altamente feminizado, con más del 90% de mujeres”, recuerda CCOO, “con unas condiciones de trabajo penosas, una elevada tasa de enfermedades musculo-esqueléticas y nerviosas, un alto índice de automedicación”, “esta es la realidad del cuarto pilar del bienestar. Se sustenta en las espaldas de sus mujeres trabajadoras”.

“También barres, friegas o lo que sea”

Luz es cuidadora en el hogar desde hace 12 años, y trabaja para una empresa. Cobra 984,65 euros al mes “que es lo que dice el convenio, aunque luego muchos se lo saltan”. Y sobre todo es “afortunada”: “Tengo jornada completa, y en ayuda a domicilio es muy difícil que la tengas. A mí me costó una denuncia a la empresa. Y si tienes jornada completa muchas veces es a costa de no tener conciliación: de 8 a 12 en un sitio, de 13 a 17 en otro, con desplazamientos…”

“Se aprovechan de que el perfil es muchas veces de personas sin estudios”, sigue Luz, cuyas labores en teoría consisten en “cuidar a la persona mayor o dependiente. Eso incluye mantenerlo en su casa, el entorno limpio, la comunicación con los vecinos… pero muchas familias se aprovechan y también barres, friegas los platos y lo que sea”. Sumado a que ellas son, define, “grúas humanas: llegas a casa con un dependiente que quizá pesa 120 kilos y lo tienes que mover de un lado a otro, sin andadores, sin nada. La mutua no conoce nuestras enfermedades, tampoco los accidentes en desplazamientos. No nos caemos de un andamio, así que aun contamos menos”, resume.

Los riesgos y condiciones que relata Luz estaban enumerados también en un informe de 2018 del Ministerio de Trabajo. Concluía que “los salarios son bajos, el número de horas trabajadas es incierta” y “las trabajadoras del sector tienen una baja percepción social del trabajo que realizan”. Respecto a la prevención de riesgos laborales en la ayuda a domicilio, el discurso dominante es “que los domicilios no son considerados centros de trabajo’ y, en consecuencia, prima la voluntad de las personas beneficiarias para facilitar la información necesaria”, añadía dicho informe.

Ahora, cuenta Luz, las cuidadoras se están “empoderando” un poco más porque “gracias a las redes, nos contamos las cosas. Si no, el problema es lo individual que es el trabajo, hasta hace poco ni sabíamos que podíamos unirnos”. “Casi todo va por empresas. Nosotras deseamos que nos contraten municipios, ayuntamientos, plataformas… pero hasta ahora los sindicatos tampoco se habían concienciado del todo. Ahora estamos empezando a conseguir que nos vean y apuesten por la municipalización”.

En otros ámbitos, que también estarían afectadas por esta subida salarial, también hay visos de organización. La Marea Residencias, en Madrid, comenzó a reunirse en septiembre y prepara una gran manifestación para noviembre. “Se trata de subir los salarios, muchos estamos en torno a los 900 euros mensuales. Pero no solamente: se trata de dignificar los cuidados. Se han convertido en un negocio en el que no importa ni el trabajador ni el usuario. Su base es la explotación, y queremos decir basta”, explica otro técnico auxiliar de una residencia concertada que pertenece al grupo y que tampoco alcanza los 1000 euros por su jornada completa.

La patronal defiende que es cuestión de plazos

El Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPS) es una de las organizaciones patronales de la dependencia que participaba en la mesa de negociación –las otras, según informa CCOO, eran LARES y la Federación Empresarial de la Dependencia (FED)–, con 180.000 plazas en residencias y 80.000 puestos. CEAPS ha explicado a eldiario.es que es una cuestión de plazos y de falta de financiación pública, esto último en lo relativo al coste de plazas concertadas.

“CEAPS entiende que es necesario un avance en las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la dependencia, pero discrepa con la parte sindical en el modo de acometer ese objetivo”, se lee en un comunicado interno del Círculo en el que cuentan la situación. Pero el incremento de tarifas, sostienen, “no puede contemplar el pretendido por los sindicatos en tan solo dos años” sino “en periodos más prolongados para que esa adaptación sea factible y no genere perjuicios ni al sector ni a los usuarios”, y que es necesario “que la Administración cumpla sus obligaciones económicas” aunque “el panorama político y económico actual no es el más propicio”.

Para CCOO, la actitud del conjunto de las patronales es “intolerable” y todo son “excusas”, y según ellos no solo no se sientan sino que no hacen “ninguna propuesta”. Además es de una “miopía importante”, dice Cabrera, “porque se van a quedar sin profesionales: ya está habiendo problemas para contratar a gerocultoras en muchas comunidades, que prefieren trabajar de limpiadoras, o a enfermeras”. De estas últimas profesionales hay escasez para el sector en todo el Estado, como ya denunció el mismo sindicato hace unas semanas. La firma del nuevo convenio, seguía explicando CCOO en una nota, “podría significar la reversión de la actual situación, evitando que las empresas tiren a la baja los conciertos que liciten las distintas Administraciones Públicas”, en referencia a las residencias.

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