La Abogacía del Estado evita pronunciarse sobre la legalidad de los avales ante el Tribunal de Cuentas de los encausados por el procés
La Abogacía General del Estado no va a pronunciarse sobre la legalidad de los avales que facilitó el Govern a los exdirigentes y funcionarios encausados en el Tribunal de Cuentas por los gastos exteriores del procés para cubrir las fianzas por valor de 5,4 millones de euros que les impuso el ente fiscalizador.
La Abogacía General del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, considera que no procede que, en el marco de la función consultiva que la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas atribuye al Servicio Jurídico del Estado en el Tribunal, pueda emitir el informe, ya que tiene la condición de parte en la fase de actuaciones previas a la que dicho informe se incorporaría, ha informado en una nota de prensa el departamento que dirige Pilar Llop. Es la respuesta que este órgano ha dado al ente fiscalizador, que el pasado julio le pidió un informe “a la mayor brevedad posible” ante “las dudas sobre suficiencia y legalidad” de los avales presentados por el Institut Català de Finances (ICF).
Escribe Elena Herrera.
