El ingreso mínimo vital inicia una fase clave con el despliegue de “itinerarios” para sacar a los hogares de la pobreza

El ingreso mínimo vital (IMV) afronta una fase fundamental en su desarrollo. El Gobierno ya explicó que la renta mínima estatal aprobada en mayo de 2020, en los primeros meses de la pandemia, no tenía vocación de ser solo una prestación que ayudara a los hogares en pobreza aguda. También se pretendía que contara con una segunda pata, los llamados itinerarios de inclusión, que sirvieran como “palancas” para que sus beneficiarios salieran de su situación vulnerable. Abordando sus problemas específicos: ya fueran la falta de trabajo, problemas con el cuidado o el refuerzo educativo de los hijos, etc. El Ejecutivo ha aprobado este martes el despliegue de esta fase, con 16 proyectos piloto.

La meta es desplegar estos 16 proyectos en lo que queda de año y que alcancen a “uno de cada cuatro beneficiarios del ingreso mínimo vital”, sostienen en el Ministerio de Inclusión. Esto supone unas 200.000 personas, ya que según los últimos datos oficiales la renta mínima estatal alcanza a unos 350.000 hogares en los que viven unas 800.000 personas.

Escribe Laura Olías.