La nueva política migratoria de la UE permite el bloqueo de personas en Canarias durante seis meses
Los movimientos migratorios han escrito, y siguen escribiendo a día de hoy, la historia de las civilizaciones. Echar la vista atrás para dilucidar los orígenes de cualquier estado-nación contemporáneo supone analizar qué grupos demográficos se trasladaron de un lugar a otro y en qué momento ocurrió dicho trasiego. Sin ir más lejos, al preguntarse sobre la ascendencia de los primeros pobladores del Archipiélago canario, no son pocos los historiadores y académicos que apuntan al norte de África y, en particular, al pueblo bereber. Canarias es, a día de hoy, la frontera sur del espacio de libre circulación europeo, la puerta de entrada y el punto de unión entre el continente europeo y su homólogo africano. Esta situación geográfica trae consigo una interrelación constante entre poblaciones.
La política migratoria y de fronteras, si bien es una competencia de los estados que no ha sido cedida formalmente al nivel de gobernanza europeo, ha ido desarrollándose en un marco de cooperación entre los países miembros de la UE. Desde la entrada de España al club, en 1985, ha habido un desarrollo constante de mecanismos de control de fronteras cuyo foco ha sido la ruta Atlántica. En 2005, tras la adopción del Enfoque Global de Migración y Movilidad, se abrió un nuevo capítulo de la política de control migratorio. La combinación de medidas restrictivas, como la militarización de las fronteras con el despliegue de FRONTEX, y de medidas preventivas, a partir de acuerdos internacionales con países africanos, entre ellos Senegal y Marruecos, tuvieron como consecuencia una modificación de las rutas, cuyo punto de salida fue desplazándose hacia el sur, y una disminución temporal de las llegadas a las costas canarias. Según los datos del Ministerio de Interior, en 2005 llegaron a Canarias 11.797 migrantes en situación irregular. En 2020 han sido un total de 23.023.
