Las agencias europeas de Francia, Italia y Reino Unido sí limitan las prácticas de spam político personalizado aprobadas en España
El Senado aprobó el miércoles la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos. De ahora en adelante, los partidos podrán elaborar bases de datos que detallen el perfil ideológico de los ciudadanos con información extraída de páginas web y redes sociales, así como enviarles propaganda electoral por medios electrónicos (SMS, WhatsApp, correo electrónico o mensajes privados a través de las redes sociales) sin su consentimiento previo.
El PSOE, ponente de la ley, justifica el cambio como una “mera transposición” del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) aprobado por la Unión Europea. Pero, ¿qué pasa en otros países de la Unión Europea? Con ayuda del abogado experto en protección de datos Jorge García Herrero, nos aproximamos a tres países (Italia, Reino Unido y Francia) para saber si allí el spam electoral está permitido o no.
En Europa te tienen que pedir permiso antes
En la Unión Europea se encuentra el European Data Protection Supervisor (Supervisor europeo de protección de datos), un órgano independiente cuya misión es garantizar que las instituciones y órganos europeos respeten el derecho a la intimidad y la protección de datos. Al mando se encuentra el italiano Giovanni Buttarelli, que en marzo publicó el informe anual del organismo. También lanzaron una opinión (Sobre la manipulación online y los datos personales) donde hacen una serie de recomendaciones dirigidas a los reguladores de protección de datos de los países de la UE.
Unas recomendaciones que, para algunos países como Francia, Italia o Reino Unido han sido muy obvias desde el primer momento, ya que cuentan con informes similares de sus respectivas agencias de protección de datos. El RGPD se aprobó en el 2016 aunque no entró en vigor hasta mayo de este año: es por eso que las agencias europeas (a excepción de la italiana) se pusieron a elaborar unas directrices básicas ante la inminente aprobación de la norma.
En Italia, en marzo de 2014, el Garante per la protezione dei dati personali (Garante por la protección de datos personales) estableció la prohibición general de utilizar datos personales publicados en Internet (redes sociales, foros, etcétera) con finalidades políticas, si los mismos habían sido captados con otras finalidades.
Reino Unido, a través del ICO (Information Commissioner's Office - Oficina de información del comisionado) publicó en abril del 2017 sus propias líneas maestras, actualizadas tras la aprobación del RGPD el pasado 25 de mayo. El organismo británico enuncia qué medidas se aplican según el tipo de envío de propaganda y establece diferencias en el tratamiento de esos datos en el ámbito de una campaña electoral. El ICO también deja claro que si un partido político se dedica a recopilar datos de ciudadanos desde una web u otra fuente, tiene que informar expresamente a esa persona sobre cómo va a tratar sus datos.
En Francia, de forma similar al Reino Unido, la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) publicó en noviembre del 2016 unas directrices donde afirman que el tratamiento de los datos personales por parte de los partidos políticos solo puede ser posible si antes la persona ha dado su consentimiento. “La autoridad francesa se ha leído este informe y ha emitido unas directrices diciendo: 'Esto se hace así y esto no se hace así'”, explica García.
El abogado explica en su blog cómo esa opinión del EDPS “equipara en riesgo los tratamientos de datos incontrolados realizados por 'los publicistas o actores comerciales' (sustancialmente el sector del e-marketing directo) y por los 'publicistas o actores no comerciales' (Gobiernos, candidatos, partidos políticos, lobbies...)”. En pocas palabras, el supervisor europeo pone a la misma altura a una consultora como Cambridge Analytica y a un partido político que persiga hacerse los datos de los ciudadanos.
“Este artículo [por el 58 bis] va en dirección contraria a todos los consejos de Butarelli, a todas las directrices de las autoridades de los países 'civilizados'”, concluye García. La polémica ya está servida.
