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En el país de la fibra, casi un millón de españoles no tiene acceso a una buena conexión a Internet

Belver de los Montes, en Zamora, uno de los pueblos de los más de 200 pueblos de Castilla y León con más de 50 habitantes con problemas de conectividad.

Carlos del Castillo

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España es el país de la fibra óptica. Pedro Sánchez ha presumido en varias ocasiones de que hay más fibra instalada en España que en Alemania, Francia, Reino Unido e Italia juntas. Sobre todo desde el comienzo de la pandemia, ya que la fibra ha sido la principal baza que permitió a la red española superar con nota el reto del teletrabajo y el aumento del tráfico de Internet mientras Bruselas tenía que pedir a Netflix que bajará la calidad de sus contenidos para que las redes de sus vecinos no colapsaran. Sin embargo, en España también hay medio millón de personas que no tienen posibilidad de contratar conexiones de al menos 30 megas por segundo (Mbps), el límite mínimo que fijó la UE para todos los ciudadanos antes de que terminara 2020.

Si a esa cifra se suman los habitantes de poblaciones con dificultades para acceder a conexiones de Internet de alta velocidad (a partir de 100 Mbps), da como resultado unas 881.909 españoles. “Se trata de casi un millón de personas sin acceso a una conexión de calidad que permita simultanear el teletrabajo con, por ejemplo, la educación a distancia de sus hijos, la salud virtual o el entretenimiento online”, avisa un informe de UGT sobre la España desconectada que se publica este miércoles.

El estudio se ha elaborado en base al documento “Cobertura de banda ancha en España en el año 2020”, elaborado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con cifras del mes de junio del pasado año y publicado hace unos días. Este refleja que en 2020 había todavía un 10% de la población española que vive en zonas rurales que se quedan fuera de esa cobertura mínima de 30 Mbps solicitada por la UE. “Con los datos publicados por el Gobierno parece imposible cumplir con el objetivo marcado por Agenda Digital para Europa, por el que toda la ciudadanía debería poder conectarse a Internet a una velocidad de, al menos, 30 Mbps”, recalca el sindicato.

Aunque el Ministerio que dirige Nadia Calviño ha dado la brecha digital por “prácticamente desaparecida” a la luz de los datos de cobertura, UGT ha detectado hasta 400 localidades de más de 50 habitantes que no tienen acceso de conexión fija de banda ancha y cuya cobertura móvil es menor al 85%. Es decir, con “enormes problemas de conectividad” y con una “elevada vulnerabilidad digital” que ha aflorado con intensidad durante esta pandemia.



En esas poblaciones viven aproximadamente unas 45.000 personas. Más de la mitad de ellas (222) se encuentran Castilla y León, especialmente en la zona de León, que acumula 52. Le siguen Catalunya, con 32, y Andalucía, con 27. El centenar largo restante se distribuye a lo largo de prácticamente todo el territorio español, puesto que Madrid y Baleares son las únicas dos autonomías que han asegurado la cobertura mínima al 100% de su población.

Ampliando el foco para incluir a las localidades que no tienen acceso a conexiones de alta velocidad, el número asciende a 2.537 y 381.902 personas afectadas. Como recuerda el sindicato, este tipo de conexión es la más adecuada para desarrollar prácticas propias del teletrabajo y la vida conectada de la pandemia, como mantener más de una videollamada a la vez o simultanearlas con el consumo de ocio digital. “Otro tanto podemos decir de las empresas sitas en estas ubicaciones, que no podrán competir en igualdad de condiciones”, recuerda UGT.

La situación en cuanto a cobertura móvil es notablemente mejor, puesto que solo 71 pueblos españoles cuentan con un despliegue de 4G que no llegue al menos al 25% de su población. Castilla y León vuelve a ser el punto negro de la estadística, concentrando 46 de esas localidades. No obstante, este área también presenta margen de mejora, puesto que España todavía tiene unas 1.700 poblaciones en las que un tercio de su territorio no tiene cobertura 4G.

La brecha de competencias es mayor que la brecha de conexión

Pese a que España no ha podido cumplir con el objetivo de asegurar una cobertura fija de al menos 30 Mbps para el 100% de su población antes de que terminara 2020, el acelerón en los tres últimos años ha sido notable. Desde 2018 ha aumentado diez puntos el porcentaje de hogares que tienen disponible esta cobertura mínima. En el caso de Internet de alta velocidad de 100 Mbps, la mejora ha sido de siete puntos.

Es en ese último baremo en el que destaca España. Según los datos de 2021 del Consejo Europeo de Fibra hasta el hogar, España es el país europeo con un mayor porcentaje de clientes de este tipo de conexión —la que ofrece una mayor calidad—, solo superado por Islandia y Bielorrusia. Hasta el 62,6% de la población tiene disponible una línea de fibra óptica, cuya velocidad mínima son esos 100 Mbps y es escalable a más de un giga por segundo. La media europea es el 20,5%. Países como Francia (35%), Italia (5,9%), Alemania (4,9%) y Reino Unido (3,7%) quedan lejos en este campo.

De hecho, esas 2.537 localidades españolas que actualmente no cuentan con fibra óptica representan un número considerablemente inferior al registrado el año anterior, cuando fueron 9.400. “Sin lugar a duda, los Programas de Extensión a la Banda Ancha desplegados por el Gobierno en 2018 y 2019 están teniendo un gran impacto para reducir la brecha digital territorial, pero serán necesarios más esfuerzos en los próximos ejercicios para cerrarla definitivamente”, reconoce el informe de UGT.

Según el INE, la mayor brecha digital española no está en la conexión, sino en las competencias. Como reflejó la última encuesta sobre uso de Internet, solo un 5% de los ciudadanos que no se conecta a la red dice que es porque no tiene una conexión que se lo permita. Sin embargo, hasta un 50% contestó su desconexión se debía a que no tiene las habilidades necesarias. Actualmente un 20% de los españoles no realiza actividades digitales básicas como hacer búsquedas en Internet o mandar emails, una cifra estancada desde hace una década y que se agrava entre los desempleados.

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