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Una de cada diez menores

Manifestación a favor del aborto libre y contra la reforma del PP.

Una de cada diez menores de 16 y 17 años no puede comunicarles a sus padres su embarazo no deseado, ni su decisión de abortar. Una de diez podría parecernos, y lo es, una cifra relativamente baja, pero ese hecho no debería llevarnos a pensar que es irrelevante; ya que esas mujeres jóvenes atraviesan situaciones difíciles, muy complejas, tal vez ajenas al imaginario colectivo y quizás por eso, no consideradas por la mayoría; pero esas coyunturas son reales, dolorosas y deberían sacudirnos como sociedad y hacernos volver nuestra mirada hacia ellas.

Decimos que entre un 12% y un 13% de las menores de 16 y 17 años que acceden a la IVE, un 0,44% del total de mujeres que abortan en nuestro país, no pueden comunicar a sus tutores legales la decisión de interrumpir una gestación, unas 400 jóvenes; por el contrario, la mayor parte de las chicas de 16 y 17 años (entre un 80% y un 90%, según la comunidad autónoma) pueden confiar en sus padres o tutores legales, más de un 87% en total.

Expuesta la realidad, cabe preguntarnos ¿qué circunstancias son las que hacen imposible que un grupo de menores no pueda compartir su situación con quienes están llamados a protegerlas, a acompañarlas?

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No lo llames 'pin parental', es censura y una amenaza democrática

Un profesor impartiendo clase.

En los últimos días el anuncio por parte de Ciudadanos de que aceptará la exigencia de Vox de aplicar el llamado 'pin parental' en Murcia como condición para sacar los presupuestos regionales adelante ha supuesto un enorme terremoto. La primera victoria de la ultraderecha a este respecto es sin duda la eficacia con la que hemos asumido este nuevo concepto, que no deberíamos aceptar ni un minuto más, tal y como ha señalado muy acertadamente Mario Pais, sino que hay que señalar que de lo que estamos hablando es simple y llanamente de censura educativa. Se trata de un asunto que deberíamos tomarnos muy en serio no solo el activismo LGTBI, sino en general todos los demócratas de nuestro país.

Esta censura educativa propuesta por Vox y aplicada por Ciudadanos y Partido Popular debería obligarnos a recordar algunas cosas sobre lo que significa la escuela en un estado democrático. Si nuestra Constitución consagra en su artículo 20 algo tan importante como la libertad de cátedra en nuestro país, o en su artículo 27.2 que la educación debe garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana, no es por una cuestión trivial. La educación es precisamente la base de la ciudadanía, y la ciudadanía es una condición necesaria de cualquier Estado de Derecho.

La ciudadanía presupone por supuesto libertad, igualdad e independencia, y es eso lo que justifica que tengamos entre otras cosas derecho a voto, porque, precisamente como ciudadanos y ciudadanas libres, nada ata nuestra voluntad más que el hecho de ser copartícipes de las decisiones comunes. La ley nos obliga porque participamos democráticamente de su elaboración y, por tanto, es una extensión de nuestra propia libertad. Por el contrario, en tanto en cuanto no fuéramos verdaderamente libres, nuestro voto no sería más que la extensión de aquel que sea nuestro amo, y por tanto en lugar de ciudadanos seríamos súbditos o esclavos y quedaría malogrado el edificio democrático entero. Eso de ser libres es, sin embargo, algo más complicado de lo que parece, pues existen muchas formas de ser esclavo, pero si hay una institución encargada de generar esas condiciones de posibilidad de la libertad, esa es precisamente la escuela.

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Perspectivas municipalistas para el 2020

Grupo de Mujeres municipalistas. Foto: Elvira Megías (Ahora Madrid)

El 2019 fue el annus horribilis para el municipalismo en España: dejaron de confluir varias candidaturas locales y, en los comicios de mayo, cayeron gobiernos importantes en Madrid, A Coruña o Zaragoza, entre otros. Sin embargo, no todo son malas noticias para las defensoras del municipalismo como herramienta de transformación política y social. La irrupción de las Ciudades del Cambio en el 2015 fue un salto de la calle a las instituciones con pocos precedentes en nuestros tiempos y, como tal, ha dejado estela a nivel internacional. A lo largo de los últimos años, han ganado candidaturas que se identifican como hermanas en Jackson (Misisipi, EEUU), Valparaíso (Chile), o Ámsterdam (Países Bajos) y 2020 promete traer una ampliación todavía mayor de este incipiente espacio político global.

El primer hito en el calendario serán las elecciones locales que se celebrarán en Francia en marzo. El municipalismo se lleva trabajando en el país vecino desde la primavera del 2016, cuando surgió el movimiento de las plazas, 'Nuit Debout'. Este movimiento, que fue apoyado presencial y digitalmente por activistas del 15M, identificaba el municipalismo como posible horizonte desde su nacimiento. No es de sorprender, ya que Francia tiene una importante tradición municipalista, tanto en la capital (la Comuna de París se ha recuperado para alimentar el imaginario municipalista), como en los pueblos más pequeños (como Saillans, referente de prácticas de democracia participativa).

Las elecciones presidenciales del 2017 solo sirvieron para reforzar la hipótesis municipalista. En primer lugar, pusieron de manifiesto la dificultad de asaltar los cielos del Estado desde la izquierda con una candidatura líquida y sin base territorial como France Insoumise. En segundo lugar, la llegada de Marine Le Pen a la segunda vuelta y la imposición de Macron como mal menor hicieron más evidente que nunca la necesidad de articular una alternativa tanto a la extrema derecha como al neoliberalismo.

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El Oscar produce vértigo en la derecha brasileña

La autora, junto al cartel del documental.

La nominación al Oscar del documental brasileño "Democracia en vértigo", de la joven directora Petra Costa, ha producido reacciones violentas en la derecha brasileña. El presidente brasileño había declarado recientemente que el país no producía una buena película desde hacía tiempo. Ahora reacciona con su tradicional vocabulario agresivo: sin haber visto la película, la considera despreciable. Otros ministros del Gobierno también han hecho declaraciones descalificadoras sobre la película, incomodados por la nominación de una película evidentemente opuesta a las visiones del Gobierno y de la derecha brasileña sobre el período político reciente del país. No han faltado declaraciones de hijos del presidente de que habría sido un lobby de izquierda en Hollywood el responsable de la nominación.

Pero también el PSDB se ha mostrado profundamente incomodado con la consagración de la película. Cardoso y otros dirigentes tucanos han intentado descalificar, de forma reiterada, los méritos de la nominación. Porque la película abarca justamente un momento político desagradable para ese partido, porque fue el momento en el cual se adhirieron al golpe en contra de Dilma Rousseff, lo que ha representado un golpe mortal en ese partido, que ha dejado definitivamente de ser una fuerza de proyección en la política brasileña.

En la película, Petra aborda acontecimientos de la historia reciente de Brasil, de forma paralela a su propia biografía. La película comienza con ella afirmando que su biografía es prácticamente paralela a la de la democracia en el país. Una democracia que ella creía que, una vez reconquistada después de más de dos décadas de dictadura, venía para quedarse.

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Cultura y deseo para una España fraterna

Banderas autonómicas.

Abierto un nuevo ciclo político en España y con 52 diputados de Vox sentados en el Congreso, se habla mucho sobre las urgentes medidas profilácticas frente a la extrema derecha. En declaraciones y conferencias hemos podido escuchar al Secretario General de Podemos y vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias que el mejor remedio frente al auge de la extrema derecha en España se juega en la capacidad de este gobierno de desplegar ambiciosas políticas sociales que limen las desigualdades y reviertan los efectos más nocivos de las políticas austericidas de esta década perdida. Esto sería una consecuencia lógica de la tesis sostenida por Miguel Urbán, que reza que el ciclo neoliberal al que se ha sometido la Unión Europea desde el Tratado de Maastrich, constituiría el espacio de oportunidad para las derechas radicales en Europa. Así la destrucción de los derechos sociales y laborales, habría no solo afectado las condiciones de vidas de los europeos sino también creado un imaginario de escasez propicio para emprender la lógica del penúltimo contra un todavía más débil y vapuleado último. Coincidiendo con esta tesis europea, intentaré, no obstante, problematizar aquí su corolario español ateniendo a la especificad del conflicto catalán que ha marcado la política española en las pasadas legislaturas y que con toda probabilidad lo seguirá haciendo en esta.

En una de sus tribunas en El País (Vox y el futuro de nuestra democracia), Belén Barreiro radiografió con gran precisión el surco del que se nutre el voto a Vox, señalando que "a diferencia de los partidos de extrema derecha de otras democracias avanzadas, Vox no nacía de la vulnerabilidad social, sino de (…) la vulnerabilidad identitaria". Esto es, los ciudadanos que habrían votado por la extrema derecha lo habrían hecho fundamentalmente por una identidad nacional española herida en las desventuras del conflicto catalán (pero ojo, y aunque en menor medida también por la inmigración). Si esto es así, pareciera que la receta profiláctica de apostar por unas ambiciosas políticas sociales no daría, por lo menos a corto plazo, en la tecla. Y digo a corto porque no hay que subestimar la capacidad mutante de nuestra extrema derecha local hacia una hipótesis Philipott tal y como hizo el antiguo Frente Nacional de Marie Le Pen (cuestión que describe brillantemente Guillermo Fernández en su ¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa?). Aunque por el momento no parece que Vox tenga intención de moverse a una posición soberanista. Sigue rezumando neoliberalismo y apostando por un muy rentable eje identidad-inmigración incrustado en el conflicto catalán que les ha proporcionado un portentoso resultado electoral.

Una intuición y un diagnóstico acompañan a este artículo. Por un lado, quizás la profilaxis urgente que necesitamos frente al auge de la extrema derecha requiera de una ofensiva cultural que asista a la acción de gobierno en su muy difícil tarea de desinflamación territorial e identitaria. Por otro, y aquí vienen las malas noticias, la izquierda se encuentra en una situación de gran debilidad para llevar a cabo semejante empresa.

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¿Y para qué necesitamos ahora un Ministerio de Consumo?

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El ministro de Consumo, Alberto Garzón, posa con la cartera de su ministerio

En un país donde todos y cada uno de los consumidores somos continuamente víctimas de una larga lista de abusos y fraudes por parte de compañías eléctricas, de telecomunicaciones, bancos, aseguradoras, aerolíneas, marcas de alimentación o superficies comerciales, hoy hay quienes se preguntan para qué necesitamos un Ministerio de Consumo en el Gobierno de España.

"A mí un ministerio no me tiene que decir cómo y qué tengo que consumir", dicen algunos, intentando emular a ese Aznar que en 2007 advertía de que nadie tenía que decirle qué y cuánto debía beber antes de coger el coche e intentando reducir al absurdo los auténticos objetivos de un gabinete que tiene mucho más potencial del que la inmensa mayoría de consumidores imaginan. Aunque lo cierto es que si poca gente concibe para qué puede servir realmente un Ministerio de Consumo posiblemente sea porque, tristemente, legislatura tras legislatura, Consumo ha sido un desaprovechado y olvidado apéndice de otro Ministerio, el de Sanidad.

Sea porque las competencias en materia de Sanidad eclipsaban, sea porque no había absolutamente ninguna voluntad política por emprender actuaciones para combatir los fraudes que se producen en el mercado, desde los años 90 los sucesivos gobiernos se han desentendido de dar a la protección de los consumidores el peso y el lugar que le correspondía. Y hoy, aunque el nuevo Gobierno de coalición sea todavía un melón sin catar, lo cierto es que por primera vez en nuestra democracia tenemos un ministerio con el Consumo como único protagonista de su nomenclatura, lo que genera, de entrada, grandes expectativas.

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Veinte años luchando en Teruel Existe y más de treinta trabajando en la provincia

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Teruel Existe clama contra el aislamiento en una movilización multitudinaria

Soy turolense, tengo unas raíces fuertes que han hecho que durante toda mi vida no haya parado de luchar por mi tierra y mantener un vínculo que para mi es imprescindible y vital. Nací en Cutanda, un pequeño pueblo que por la despoblación ha pasado a ser pedanía de Calamocha (Teruel). Mi familia tuvo que emigrar, como miles de turolenses forzados ante la falta de desarrollo y servicios, buscando un futuro para sus hijos. Desde entonces he estado empeñado en no perder la vinculación con mi tierra y luchar por ella; y lo he conseguido, trabajando todas las semanas en Teruel y en Calamocha, pasando muchos días del año en mi pueblo, y siendo parte del Movimiento Ciudadano durante sus 20 años de vida.

Es importante que la gente entienda la desesperación de los turolenses. Nuestra provincia es el doble de grande en extensión que la Comunidad de Madrid o el País Vasco, es más grande que nueve Comunidades Autónomas, y en ella solo vivimos 134.572 personas, 9 habitantes por kilómetro cuadrado, menos que en el desierto del Sáhara. Somos una de las cinco provincias más despobladas de Europa, entre las que España tristemente es líder con tres: Cuenca, Soria y Teruel. Somos el país de la Unión Europea con más desequilibrio, con más zonas despobladas y con la mayor falta de vertebración, consecuencia, entre otros aspectos, de haber fomentado una red de comunicaciones radial.

Soy arquitecto y toda mi vida profesional he tenido el objetivo de trabajar en mi provincia, por eso desde hace más de 30 años he mantenido despachos abiertos en Calamocha y Teruel, desde los que he podido realizar muchos proyectos de obras, viviendo parte de la semana entre Cutanda y Teruel. Suelo decir que mi profesión y mi objetivo de no perder el vínculo con mi tierra me han hecho ser un nómada, haciendo 70.000 kilómetros al año y durmiendo cada pocos días en un lugar diferente.

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El elefante en la habitación

La expresión "el elefante en la habitación" (elephant in the room) hace referencia a esa cuestión obvia cuyo debate se evita por resultar incómoda.

La cuestión migración y desarrollo es un elefante en la habitación de la cooperación para el desarrollo que el nuevo gobierno deberá hacer visible.

La cooperación internacional para el desarrollo es una de las políticas que el gobierno de coalición se comprometió a recuperar y reformar y deberá hacerlo tomando en consideración los desafíos globales y hacerlo además asumiendo el cambio de paradigma que implica la agenda 2030 con la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible como marco de referencia. Todo ello para no dejar a nadie atrás.

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El cambio de paradigma en la Universidad

Manuel Castells, sexto por la izquierda, el día que recibió el doctorado 'honoris causa' de la Universidad de Cambridge en 2017

Los jóvenes de hoy se enfrentan a desafíos que parecían inimaginables hace apenas una generación, advierte Naciones Unidas en su Agenda 2030. El clima está cambiando más allá de lo reconocible; la tecnología transforma como interactuamos con el mundo y lo percibimos; las desigualdades se acentúan; y están migrando más familias que nunca. 

Estos desafíos se dan en un contexto de complejidad e incertidumbre, donde la revolución tecnológica digital ha hecho de la información y el conocimiento la nueva fuente de riqueza y poder. Es un cambio de paradigma que hace tres décadas dibujó el sociólogo Manuel Castells, después de 24 años de catedrático en Berkeley, la mejor universidad pública de Estados Unidos. 

Castells plantea que, en este nuevo escenario, la institución universitaria es un actor clave, tanto en la generación de nuevo conocimiento a través de la investigación y la innovación, como en la capacitación de personas desde una formación que ayude al desarrollo de personalidades flexibles, críticas y éticas. Pero esto requiere una actualización de la Universidad, que revise a fondo su organización y el qué y cómo es relevante aprender, tanto desmantelando barreras entre disciplinas tradicionales como desde un aprendizaje activo que supere la clase magistral.

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¿Vivir más es caro?

Imagen de la Borda, una cooperativa de viviendas en cesión de uso en Barcelona

El pasado mes de octubre, Óscar Arce, Director General de Economía y Estadística del Banco de España, afirmaba: "Vivir más es caro, comporta costes adicionales de todo tipo". El envejecimiento poblacional –explicaba en la Jornada Institucional Previsión BBVA 2019- tiene profundos efectos en todos los ámbitos de la economía y pone en cuestión la sostenibilidad del sistema de pensiones. En este contexto deberían explorarse las posibilidades de promover y sacar el máximo partido del ahorro privado de los hogares. En particular, teniendo en cuenta el elevado porcentaje de las familias que son propietarias de la vivienda en la que residen, se deberían potenciar "productos financieros que permitan hacer más líquidas esas carteras inmobiliarias con las que llegan muchos españoles a la época de jubilación, por medio de productos financieros del tipo hipotecas inversas". Dicho de otro modo, ante la previsible disminución de la "generosidad" de las pensiones, las personas jubiladas, deberían ir pensando en hipotecar su vivienda para "financiar parte de sus decisiones en consumo corriente", es decir, para vivir.

La reflexión del representante del Banco Central enlaza con dos rasgos característicos del discurso hegemónico sobre la población y la vivienda en España: por una parte, el envejecimiento de la población –fruto del alargamiento de la esperanza de vida y la reducción de la fecundidad- nos aboca a una crisis demográfica; por otra, la vivienda no debe ser considerada tanto como el derecho básico que promulga la Constitución, sino un activo financiero que cada uno debe adquirir y con el que, eventualmente, negociar.

La preocupación por el envejecimiento ha reemplazado otros factores demográficos sobre los que mucho se había discutido en el pasado. Los miembros de mi generación, precisamente porque nos vamos haciendo viejos, podemos recordar cómo, en nuestra juventud, la crisis demográfica que llevaría la humanidad a la debacle no debía proceder tanto la estructura de la población, sino de su volumen. Eran los tiempos del informe del Club de Roma (1972), cuando el crecimiento aparentemente irrefrenable de los humanos –la "bomba demográfica"- agotaría de manera ineluctable los recursos mundiales.

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