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Ser médica en un hospital privatizado en venta

Hospital de Torrejón (Madrid) que adquirió Sanitas en 2012.

Hace ya siete años que tuve la inmensa suerte de poder vivir de primera mano la puesta en marcha del Hospital de Torrejón, y fue una experiencia muy ilusionante. A priori, lo que nos contaban sobre la gestión indirecta era bastante coherente y parecía una clara mejora de la eficiencia. En manos de Ribera Salud y con las leyes madrileñas de área única y libre elección, comenzábamos una "sana competencia" con los hospitales vecinos para ofrecer el mejor servicio posible y recuperar los pacientes de nuestra área, mediante una política empresarial orientada hacia la excelencia profesional y la calidad asistencial.

En ese año, los médicos disfrutamos de unas buenas condiciones laborales y económicas. Muchos de mis compañeros superaron el encadenamiento de contratos eventuales con la sanidad pública clásica y obtuvieron un contrato indefinido, que les permitió cosas tan básicas como poder pedir un crédito hipotecario. La gestión indirecta superaba en agilidad al SERMAS, y las listas de espera se resolvían sin mucho trámite burocrático, ofreciendo horas extra de consulta, quirófano o pruebas diagnósticas, sin muchos conflictos con los profesionales, puesto que se retribuía por acto médico. Esto podía ser causa de una cierta mercantilización, más parecida a la facturación por acto médico de los autónomos en la privada pura, que al modelo clásico de la pública. En cualquier caso, la calidad percibida por los pacientes era muy buena, puesto que las citas se daban mucho antes que en los hospitales públicos vecinos. También se cuidaba mucho, como marca empresarial, el trato al paciente.

A mí lo único que me escamaba de todo aquello, y estábamos en 2011, era el ambiente de "bonanza" que se percibía, mientras el país estaba sumido en una gran crisis económica y los hospitales públicos se empezaban a resentir a golpe de recortes.

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Madrid Central: un buen primer paso hacia otro modelo de región

Mientras que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido afrontar el grave problema de movilidad y contaminación que padecemos con el Plan A de Calidad del Aire, la Comunidad de Madrid ignora ambos problemas que afectan a toda nuestra región, judicializando además las medidas adoptadas.

La polémica generada en torno a las políticas de restricción de los vehículos más contaminantes tiene dos ejes fundamentales: que la derecha pretende perpetuar un modelo de movilidad y urbanismo tremendamente perjudicial para la salud, y que es imprescindible abordar un cambio radical de los mismos.

Desde Izquierda Unida llevamos años defendiendo políticas de reequilibrio territorial que, en ningún caso deben consistir en parches que jamás tendrían capacidad de solucionar los problemas históricos de vivienda, de dotaciones públicas o de reestructuración de nuestros barrios y pueblos del sur de la región. Deben ir encaminadas, de manera directa, a atajar los efectos negativos de  un modelo productivo que ha convertido en ciudades dormitorio los municipios del sur y los ha hecho totalmente dependientes de los municipios del norte y del centro de la ciudad que acumula la oferta de empleo, ocio y dotacional. Es justo aquí donde movilidad, desarrollo productivo y urbanismo se entrelazan.

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La casa por el tejado

Las cubiertas de nuestros edificios nunca han sido lugares amables, más bien fuente de problemas –goteras, amianto…–, o simplemente espacio para las aves, no han tenido especial valor, hasta hoy. Ahora son el lugar en el que instalar las placas solares que generarán la electricidad y el agua caliente que pueden hacer nuestras viviendas energéticamente autosuficientes.

La sentencia del Tribunal Constitucional que eliminaba del impuesto al sol (RD 900/2015) los artículos que dificultaban el autoconsumo y la derogación del Reglamento terminan con la lógica de prohibición que el gobierno del PP implantó durante unos años, ahora hay que legislar en positivo, para fomentarlo. Centrémonos en la energía doméstica ¿cómo será la energía de nuestras casas? La imagen es un edificio que tiene la cubierta repleta de paneles que producen energía en conjunto y que es distribuida al interno por una microrred propia que tiene un contador en cada vivienda. Se produce en común y se consume individualmente. Hacía el exterior hay un solo contador que engancha al edificio con la red en la que se intercambia la energía, los excedentes y las necesidades, se produce el balance neto.

Puede ser un edificio, una manzana o una urbanización, en realidad es una unidad de producción y consumo de energía que tiende a ser autosuficiente. Más, cuanto más grande es y si se ha sumado a los proyectos de rehabilitación integral que mejoran su eficiencia energética. Con menos consumo –más eficiencia– es más sencillo que la autoproducción sea suficiente.

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Gracias por todo, Stan

Stan Lee moría el pasado 12 de noviembre a los 95 años

No fui consciente de quién era hasta muchos años después; y eso que durante toda mi infancia su nombre encabezaba la mayoría de los tebeos que devoraba al volver del colegio con aquel mítico “Stan Lee presenta”.

Marvel llegó a España en 1969. Yo tenía un año y aún no era consciente de cómo aquellos individuos con leotardos iban a cambiar mi vida.

Es difícil explicar lo que supuso en su momento la aparición, en unas estanterías dominadas por Hazañas Bélicas o el Capitán Trueno, de los tomos de 128 páginas de Editorial Vértice con los que Marvel aterrizaba en nuestro país.

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La cúpula judicial española como anomalía en Europa

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El presidente del CJPJ, Carles Lesmes, saluda a Manuel Marchena durante su toma de posesión como presidente de la Sala de lo Penal del Supremo

La justicia no solo debe actuar imparcialmente, sino que además ha de parecer que lo hace. Sin embargo, se están reiterando episodios que evidencian las potenciales presiones externas sobre nuestros altos tribunales, a causa de una configuración estructural peligrosamente vinculada a los intereses del poder político. La gestión del Tribunal Supremo en el impuesto de las hipotecas ha sido un inquietante ejemplo. Y los males de nuestro frágil sistema de separación de poderes se han visto confirmados con el reciente anuncio de un nuevo pacto entre los principales partidos para repartirse por cuotas los cargos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y para designar al presidente del Tribunal Supremo.

El CGPJ es el órgano de gobierno de la judicatura. Cuenta con importantes atribuciones, como la designación de los magistrados del Tribunal Supremo y de otros cargos judiciales de indudable relevancia. También ejerce las competencias que le permiten premiar y castigar a los jueces. Y dispone de facultades para integrar provisionalmente juzgados y tribunales. Por ello, se trata del máximo garante de la independencia judicial, lo cual habría de resultar incompatible con la instrumentalización política de su funcionamiento.

Esta configuración partidista de nuestra cúpula judicial ha sido cuestionada reiteradamente desde las instituciones europeas. La separación de poderes implica la existencia de frenos, contrapesos y espacios de vigilancia institucional. Esos equilibrios buscan evitar los abusos de poder que pueden producirse si la judicatura queda supeditada al poder político.

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Por coherencia, carta abierta a la militancia de IU

Sede del Parlamento Europeo

El 26 de mayo se celebrarán las siguientes elecciones al Parlamento Europeo. Como eurodiputada y militante de Izquierda Unida he tomado la decisión de no presentarme de nuevo y quiero trasladar a todos los compañeros y compañeras de IU las razones que me han llevado a tomar esta determinación. Todas ellas se resumen en una sola palabra: coherencia. Así es, por coherencia es por lo que no me presento como candidata por Izquierda Unida a las próximas elecciones europeas.

Por coherencia:

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El (des)control de la policía: una anomalía democrática

Policía Nacional cerca del colegio Ramon Llull, donde se han producido los disparos

Este martes 13 de noviembre comienzan a declarar ante el Juzgado de instrucción número 7 de Barcelona los 24 agentes de la Policía Nacional que están siendo investigados en Barcelona por las cargas realizadas el 1 de octubre. A pesar de que se ha intentado construir un relato que ha pretendido legitimar la actuación policial, la investigación avanza de manera firme y confiamos en seguir rompiendo el muro de impunidad que ha tratado de instalar el Ministerio de Interior y la Fiscalía en este caso.

¿Cómo hemos llegado a que 24 agentes de policía estén siendo investigados por un juzgado? Lo que está claro es que no ha sido gracias al trabajo ni de la policía ni de la fiscalía. A pesar de la gravedad de los hechos y de que estaban siendo retransmitidas en directo, ningún cuerpo policial abrió diligencias de investigación en el terreno de oficio. Tampoco lo hizo el Ministerio Público. ¿Alguien puede pensar en cualquier otro delito del Código Penal que a pesar de que pudiera estarse cometiendo de manera flagrante, ningún cuerpo policial decida investigarlo? En cualquier situación en la que pudiera haber indicios de delito, se abren diligencias policiales, se elabora un atestado en el que se indican los hechos presuntamente delictivos así como se investiga a los posibles autores. Y todo ello se entrega al Juzgado. Sin embargo, en los casos en los que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los posibles responsables del delito, ¿qué mecanismos públicos existen para perseguir este tipo de criminalidad?

En el caso del 1 de octubre debería ser el área de asuntos internos de la Policía Nacional quien actuase, pero de momento ni está investigando de manera activa, ni se le espera. Por otro lado, es comprometido el hecho de que otros cuerpos policiales, como los Mossos, se hubieran puesto a investigar. Y esta situación es completamente anómala, porque los presuntos delitos cometidos son delitos al igual que son los robos, los desórdenes públicos o cualquier otro. Pero hay una serie de delitos en los que no se llevan a cabo, en la mayor parte de las ocasiones, investigaciones policiales de oficio y rigurosas. El problema añadido es que las áreas de asuntos internos, por lo general, no suelen colaborar de manera adecuada con las investigaciones judiciales y acaban convirtiéndose en un elemento de confusión para garantizar la absolución de los agentes acusados (como en el caso de Esther Quintana) o directamente ignorando la investigación.

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Recuérdalo tú y recuérdalo a otros

Refugiados en Port Vendre tras pasar la frontera francesa en la Guerra Civil española

Hace tan solo unos días Europa recordaba, un siglo después, el armisticio que supuso el fin de la Gran Guerra, la que ha dado en llamarse la Primera Guerra Mundial. Nada extraordinario, se trata ni más ni menos que de convertir la historia en memoria viva. A lo largo de los últimos años se han venido sucediendo celebraciones similares por parte de los gobiernos y las instituciones europeas, en relación a los grandes acontecimientos del siglo XX.

Al recuerdo de los millones de muertos y heridos y destrucción, se suma la intención de no repetir el horror recordando sus causas y consecuencias. Rechazando las causas del imperialismo, la carrera de armamentos, el miedo y la guerra para resolver los conflictos. Fortaleciendo por el contrario las instituciones multilaterales como la UE y las Naciones Unidas, y también resaltando el valor de la convivencia y de la paz.

Sin embargo, la memoria compartida de hechos ocurridos hace un siglo, lo que es normal en Europa, se considera arcaico e interesado a los ochenta años en España, destinado a romper consensos y reabrir heridas. Aquí, aunque la historia haya puesto a cada uno en su lugar, ni los aniversarios ni la memoria son compartidos, mucho menos el análisis crítico de las causas y consecuencias de nuestra guerra civil. Por eso sigue pendiente aún, no solo la memoria común, sino también la justicia y la reparación.

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Derecho a la ciudad y acceso a la energía

Manifestación contra la pobreza energética

Estamos a las puertas de otro frío invierno y la pobreza energética sigue sin solucionarse. La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad aprobada en la cumbre de Hábitat III, que busca recoger los compromisos y medidas para que todas las personas vivan con dignidad en las ciudades, incluye el acceso a la energía y suministros entre los derechos a proteger. La Ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, con reconocida trayectoria en la lucha contra el cambio climático y participación en los foros internacionales, conoce bien las exigencias de la agenda urbana y la Carta por el derecho a la ciudad.

En las últimas semanas se han impulsado reformas en materia de autoconsumo y la eliminación del impuesto al sol, que son avances claros para poner fin al despropósito de la política energética del PP contra las renovables y la soberanía energética. Pero más allá de enmiendas al Gobierno de Mariano Rajoy, necesitamos dar un giro de 180 grados a la regulación impulsada durante décadas por el bipartidismo. El marco regulatorio eléctrico aprobado por el PP y PSOE ha permitido especular con un bien común como la energía, provocando un incremento de precios insaciable para el consumidor, un 36% desde 2014 por ejemplo, siendo el mercado más caro de Europa y con un diferencial de precios mayor entre pequeño y gran consumidor. Es decir, penalizando el acceso a la energía doméstica.

En España, 6.8 millones de personas, el 15% de la población, tiene dificultades para acceder al agua, luz o gas. Sabemos que las reformas estructurales no se hacen en dos meses, pero es urgente e imperdonable que la lucha contra la pobreza energética se aplace 6 meses cuando estamos a las puertas de un nuevo invierno.

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Madrid Central y el modelo de ciudad

El Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar el proyecto Madrid Central, con el apoyo de Ahora Madrid y del Grupo Municipal Socialista, que fue quien lo diseñó y propuso en 2016 y ha participado de forma decisiva en su implantación

Paralelamente, y sin sorpresa, la decisión de la corporación madrileña ha generado una controversia política con los partidos de la derecha (PP y Ciudadanos), y con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuya única estrategia es generar conflicto una vez más para arañar algunos votos.

Pero hay más fondo. La oposición de PP y Ciudadanos también responde a la expresión de dos modelos de ciudad del presente y del futuro, y al muy diferente compromiso que con la sostenibilidad y con la lucha contra el cambio climático tienen en nuestro país las fuerzas políticas de izquierda y las de derecha.

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