Medidas sanitarias críticas antes, después y durante la transición hacia la nueva normalidad

La aprobación del Plan de Transición hacia la Nueva Normalidad el pasado 28 de abril significa que el Gobierno ha optado atinadamente por un proceso gradual, asimétrico, por actividades y por territorios, en el que priman la prudencia y la seguridad sanitaria por encima de cualquier otra consideración.

Su publicación sale al paso de las prisas desatadas en los días anteriores por abrir prematuramente el grifo, una tendencia que también se ha observado en otros países europeos. El diseño de cuatro fases de dos semanas de duración y con el monitoreo de indicadores cuantitativos y cualitativos para pasar de una fase a otra, responde a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea.

Quedan algunos ajustes por hacer, pero desde este momento se cuenta con un marco común apoyado en criterios objetivos, que se aplicará por igual a todas las Comunidades Autónomas y que busca reducir la subjetividad y la atomización de las medidas de desescalada. Sin duda “el diablo estará en los detalles”, no siendo el menor de ellos el grado de responsabilidad y conciencia social que en esta nueva fase sean capaces de demostrar los ciudadanos, las administraciones territoriales, los agentes sociales, los partidos políticos y los medios de comunicación.

Pisamos un territorio plagado de incertidumbres que se pueden acotar, pero no eliminar. De todos dependerá mantenerlas en sus justos términos evitando la tentación de culpar siempre a otros de nuestras frustraciones, limitaciones, incomprensiones o incumplimientos.

Sin embargo, el propósito de nuestra tribuna no es entrar en ninguno de estas cuestiones. Lo que pretendemos en esta ocasión, es llamar la atención sobre la importancia de cumplir con algunos prerrequisitos que permitan tener una des escalada sólida, focalizando los esfuerzos en algunas acciones sanitarias prioritarias y urgentes antes, durante y después de la transición hacia una nueva normalidad. Consideramos necesario que, antes de que se den los pasos definitivos en las cuatro fases propuestas, a lo largo de las próximas dos semanas, se tomen medidas urgentes en todo el Estado español sobre una serie de puntos críticos que deben tener indicadores de control específicos en el cuadro de mando del mando único. Estos puntos son:

a)La protección intensificada frente al contagio de todo el personal sanitario, sociosanitario, y de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de protección civil, que están en la primera línea incluyendo la detección y el aislamiento de aquellos que sean positivos asintomáticos y de sus contactos.

b)La realización de un gran número de pruebas diagnósticas, focalizadas y bien dirigidas en base a criterios comunes protocolizados para todos los territorios, con el fin de identificar positivos asintomáticos y oligosintomáticos priorizando entre los grupos de más alto riesgo de contagio y mayor incidencia de casos nuevos durante esta fase final del presente ciclo de la epidemia, a fin de aislarlos, reducir la transmisión, rastrear e investigar sus contactos y con ello poder garantizar un desconfinamiento más seguro.

c)El reforzamiento del control de las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios, instituciones donde hay una gran concentración de transmisión que ha estado produciendo buena parte de los nuevos casos y de las nuevas defunciones.

d)Hay que asegurar que los dispositivos de vigilancia epidemiológica son reforzados con el personal necesario y con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y se coordinan con los servicios de atención primaria en todas las CCAA antes de que se abra el grifo del desconfinamiento. Esto podría requerir refuerzos de personal pues sobre ellos recaerá la gran mayoría de las actividades de los apartados b y c)

Estos puntos son totalmente convergentes con las seis recomendaciones generales que ha formulado la Organización Mundial de la Salud. Debería insistirse en ellas desde ahora, ser incluidas en el panel de marcadores del cuadro de mando de la desescalada, y desarrollarse intensivamente durante las semanas por venir.

¿Por qué insistimos en la importancia y la urgencia de estas medidas? Porque, en este momento los casos nuevos diarios que se están registrando en los últimos días provienen de tres ámbitos fundamentales: las residencias sanitarias, los hospitales y centros de salud y, en menor grado, el ámbito domiciliario. Ahí están concentrados los principales focos de la transmisión que hay que abatir. En buena parte de las CCAA eso significa unas pocas decenas de casos diarios, acaso menos de un centenar, probablemente evitables si se aplica una estrategia como la que proponemos. Y solo si extinguimos esos fuegos aislados podremos detener el incendio y llevar los niveles de transmisión a un mínimo manejable.

Es necesario llegar, cuanto antes, a un número total de casos nuevos entre dos y tres veces menor que el actual, en torno a 500 a 1000 casos nuevos por día en todo el país, para de ese modo conseguir una media nacional de 1 a 2 casos por 100.000 habitantes y tener una Ro menor de 1 en todo el territorio. Todavía no estamos ahí.

Para llegar ahí cuanto antes, deseablemente en el plazo de dos semanas, hay que redoblar los esfuerzos en las cuatro líneas que hemos apuntado. Siguen existiendo cuellos de botella y limitaciones estructurales en varios lugares, pero conseguirlo es factible si se usan los recursos humanos y las pruebas diagnósticas con una decidida focalización epidemiológica, y si se aumentan las capacidades organizativas, logísticas y tecnológicas para el seguimiento estrecho de los casos detectados y sus contactos por parte de los responsables de la vigilancia epidemiológica y la atención primaria en las CCAA. No se trata de hacer pruebas diagnósticas masivas. Eso sería un grave error. Se trata de hacer muchas más pruebas en los grupos de población con alto riesgo de transmisión.

Esto obliga a hacer de las pruebas diagnósticas, tanto de las pruebas rápidas de anticuerpos como de las PCR, un bien público y no un bien privativo. Asimismo, hace necesario intensificar, en el corto plazo, la capacidad de toma de muestras y de procesamiento en laboratorios, asegurando que su realización se dirija a los colectivos a los que debe ser encaminada la acción en esta fase.

¿Qué significa esto? Pues pasar rápidamente del millón o millón y medio de pruebas PCR hasta ahora realizadas a un número tres veces mayor, hasta alcanzar los 3 millones. Para ello toda la capacidad pública y privada, así como los laboratorios de las instituciones académicas, deberían ponerse al servicio de las autoridades sanitarias de cada CCAA para la realización de estas pruebas en los colectivos de alto riesgo de transmisión a fin de diagnosticar positividad sintomática o asintomática. Y que cuando esto no sea suficiente se contrate nuevo personal y se incremente la capacidad de realización de pruebas en un plazo perentorio. Esto debe combinarse con el desarrollo de la capacidad para realizar pruebas rápidas serológicas con el propósito de hacer el cribado inicial de alrededor de 4 a 5 millones de personas, a través de un dispositivo reforzado de los responsables de salud publica y el personal de atención primaria en los servicios de las CCAA, dotando a los centros de salud de capacidad para hacer pruebas rápidas, a partir del cual se identifiquen positivos a quienes se realice la prueba de PCR

Pero más allá del número de pruebas lo realmente importante es focalizarlas en la población diana. Esto es:

a) la totalidad del personal sanitario de los servicios públicos y privados de salud tanto del ámbito hospitalario como de la atención primaria

b) la totalidad de pacientes hospitalizados en los hospitales en los que ha habido casos de COVID-19

c) la totalidad de trabajadores socio-sanitarios de residencias para mayores, tanto públicas como privadas, así como de otro tipo de centros socio-sanitarios y centros de acogida

d) la totalidad de residentes de residencias para mayores y de otro tipo de centros socio-sanitarios y centros de acogida

e) los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los miembros de las fuerzas armadas y de los servicios de protección civil que están en primera línea

e) los trabajadores de supermercados y centros de venta de productos alimentarios

f) la totalidad de los contactos de todos los nuevos casos diagnosticados sean sintomáticos o asintomáticos

g) los contactos domiciliarios de pacientes aislados en domicilios que hayan resultado positivos.

Al completar este operativo de amplias proporciones con el apoyo de todos los recursos disponibles públicos y privados, y el aumento de personal y capacidad operativa si es preciso, se daría respuesta a las tres primeras cuestiones arriba señaladas. Es importante además clarificar que este esfuerzo debería ser hecho en paralelo a la realización de la encuesta de seroprevalencia sin esperar a que esta concluya.

A ello habrá de sumarse la acción de desarrollo de protocolos, formación y fortalecimiento del dispositivo de vigilancia epidemiológica acompañado de una movilización extraordinaria de las potencialidades de los equipos de atención primaria. Este punto necesita de garantías específicas para reforzar con los recursos necesarios a los equipos de atención primaria en base a criterios claros y evaluables.

Los logros conseguidos hasta ahora con las medidas de confinamiento y protección personal han frenado el primer ataque del virus, han evitado el colapso del sistema sanitario y han salvado muchas vidas. Para derrotarlo y evitar que resurja durante la desescalada se precisaran, desde ahora, estrategias mucho más focalizadas y selectivas. Cuanto antes se inicien, mejor.