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La nueva Operación Chamartín: superar el pasado, consolidar el cambio

Siempre encontraremos alguna buena excusa para dilatar la toma de decisiones en aquellos temas que generan controversia pero ello no será una muestra de fuerza sino, muy al contrario, de impotencia e incapacidad

Resolver esta operación asegurando los objetivos señalados pone de manifiesto que hay alternativa al modelo de gestión neoliberal de la ciudad

Una avería en Madrid suspende varias líneas de Cercanías y media distancia

EFE

Desde que el pasado mes de julio presentamos el marco de entendimiento entre Ayuntamiento de Madrid, Ministerio de Fomento-Adif y Distrito Castellana Norte (DCN) para el desbloqueo de la llamada Operación Chamartín, han surgido algunas voces, es verdad que muy minoritarias, que cuestionan la decisión tomada por el gobierno municipal. Y ahora, cuando el plan ya es una realidad, muy probablemente volverán a manifestarse.

La idea que subyace detrás de la mayoría de las críticas es que no había necesidad de hacer nada. Que Ahora Madrid cumplió su programa cuando consiguió la anulación del plan de Ana Botella (mayo 2016) y que, desde entonces, solo quedaba esperar a que el resto de actores, en particular Adif –propietario mayoritario del suelo– y DCN –adjudicatario de los derechos sobre los suelos de Adif–, asumieran en todos sus términos el proyecto que presentamos como alternativa a los planes anteriores: Madrid Puerta Norte. De no ser así, mejor aparcar este asunto y postergar cualquier decisión hasta disponer de una correlación de fuerzas más favorable, seguramente ya en la próxima legislatura.

Este argumento, sin duda legítimo, no afronta tres cuestiones que no van a dejar de existir por mucho que nos empeñemos en ignorarlas.

En primer lugar, no actuamos sobre un folio en blanco. Hay un planeamiento en vigor, aprobado en 2002, que determina las condiciones en las que actualmente podría llevarse a cabo la operación. Y también hay un instrumento de desarrollo (plan parcial de 2015) ajustado a la legislación urbanística vigente, que recorrió todo el proceso de tramitación y a punto estuvo de ser aprobado por el anterior gobierno del PP. Si bien nosotros lo hemos anulado, tampoco se nos debe olvidar que otro ejecutivo podría retomar su tramitación o que pueda llegar a prosperar el recurso judicial interpuesto a su anulación.

En segundo lugar, se suele obviar que no hay garantías de que de las próximas elecciones vaya a resultar una situación más favorable en las instituciones implicadas, donde actualmente tenemos el gobierno municipal y, por tanto, la última palabra en cualquier decisión en materia de urbanismo. Por supuesto, aspiramos a revalidar el Ayuntamiento en 2019 y llegar al gobierno de la nación en 2020 pero también puede suceder todo lo contrario.

Por último, hay que recordar que existe un contrato en vigor entre Adif y DCN por el que el operador ferroviario concesiona a la entidad privada la gestión de sus suelos en este ámbito y se compromete a adjudicarle en un precio tasado los de uso lucrativo (viviendas, oficinas…) en el momento en que haya un planeamiento aprobado. Es verdad que la última prórroga de este acuerdo finaliza el 31 de diciembre del presente año pero no es menos cierto que los plazos del contrato se han ido ampliando sucesivamente a lo largo del tiempo –la más reciente, sin ir más lejos, a finales de 2016– y todo indica que así volverá a ocurrir.

Podemos cerrar los ojos e imaginar que nada de todo esto existe pero al abrirlos, el dinosaurio seguirá allí. Siempre encontraremos alguna buena excusa para dilatar la toma de decisiones en aquellos temas que generan controversia pero ello no será una muestra de fuerza sino, muy al contrario, de impotencia e incapacidad.

Sabíamos que ni por sus antecedentes, ni por la cantidad de intereses cruzados en juego, ni por las dificultades técnicas, políticas y mediáticas que encontraríamos a cada paso, la solución a Chamartín iba a ser fácil y, pese a ello, asumimos el reto. También sabíamos que esa solución pasaba por superar los proyectos del pasado, que se han mostrado fracasados, y plantear uno nuevo basado en los principios que apuntan un urbanismo del siglo XXI: poner en el centro los intereses de la ciudad y de sus habitantes, resolver el déficit de equipamientos de los barrios del entorno, ajustar la edificabilidad a la capacidad real del territorio, garantizar el retorno de las plusvalías urbanísticas al Ayuntamiento en forma de vivienda pública y recuperar el protagonismo de la estación de Chamartín como nodo central de conexiones en transporte público –metro, cercanías y autobús– con todos los municipios de la región, asegurando así una total accesibilidad en transporte público y reduciendo la dependencia del coche. Estas bases, que definen el modelo de ciudad que estamos implantando en Madrid, estructuran la nueva Operación Chamartín. Un plan que se sustenta en los principios de “Madrid Puerta Norte”, ajustando tanto la ordenación como la edificabilidad al conjunto de condicionantes funcionales, topográficos e infraestructurales del emplazamiento.

El Ayuntamiento recupera el control público de la operación al asumir la dirección del nuevo plan y al dividir el ámbito en cuatro partes diferenciadas, lo que impide que Adif-DCN, propietarios mayoritarios en el conjunto pero no en todos los sectores, conserven el pleno dominio que les otorga el planeamiento actual y que han mantenido en todos los planes de desarrollo anteriores al nuestro. La edificabilidad global se rebaja sustancialmente, pasando de los 3,37 millones de metros cuadrados que establece actualmente el plan general, a 2,66. Una reducción de más de setecientos mil metros cuadrados, en su práctica totalidad pertenecientes a Adif-DCN, que se origina porque las vías del tren que no se cubren –esto es, que no producen nuevo suelo urbano– ya no generan edificabilidad, como sí ocurría en todos los planes anteriores. Por otro lado, tal y como defendíamos en Puerta Norte, los futuros equipamientos se ubican en los bordes de Begoña y Fuencarral para cubrir las demandas dotacionales no solo de los nuevos barrios sino también de los existentes. Además, ampliamos la vivienda protegida al 20% y establecemos la obligación de que todas las cesiones al Ayuntamiento se hagan en residencial, de manera que recibiremos unas cuatro mil viviendas (2200 protegidas y 1800 libres) destinadas a atender a las familias que más lo necesitan. Esta actuación contribuirá a reducir los desequilibrios sociales y territoriales de Madrid.

Resolver esta operación asegurando los objetivos señalados pone de manifiesto que hay alternativa al modelo de gestión neoliberal de la ciudad. Que primar los intereses generales sobre los particulares no es incompatible con el desarrollo y la inversión, tal y como han tratado de vender el Partido Popular y Ciudadanos. Después de haber desbloqueado proyectos tan complejos como Canalejas, Mahou-Calderón, Peineta, ampliación del Bernabéu o rehabilitación del Edificio España –por citar solo los más conocidos–, con Chamartín enterramos definitivamente el mantra de que veníamos a paralizar el urbanismo de Madrid, que la derecha política y mediática han intentado instalar desde que llegamos al gobierno, y volvemos a demostrar que somos un equipo solvente y confiable. Hemos tenido que llegar nosotros para resolver un proyecto bloqueado durante 25 años. Pero dejar pasar este mandato sin dar solución a este problema no era una opción.

El riesgo de que en el futuro se pueda revertir lo conseguido y la oportunidad de consolidar el nuevo planeamiento hacen de este un momento clave para reconducir definitivamente la Operación Chamartín. Ha llegado la hora de presentar a los vecinos de la zona y a todos los madrileños el plan que tanto tiempo han estado esperando. Madrid está de enhorabuena.

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