Sobre este blog

En este blog se agrupan intelectuales, académic@s, científic@s, polític@s y activistas de base, que están convencid@s de que la crisis de régimen que vivimos no podrá superarse si al mismo tiempo no se supera la crisis ecológica.

Queremos que la sociedad, y especialmente los partidos de izquierda y los nuevos proyectos que hoy se están presentando en nuestro país, asuman alternativas socioeconómicas que armonicen el bienestar de la población con los límites ecológicos del crecimiento.

Coordinan este blog José Luis Fdez. Casadevante Kois, Yayo Herrero, Jorge Riechmann, María Eugenia Rodríguez Palop, Samuel Martín Sosa, Angel Calle, Nuria del Viso y Mariola Olcina, miembros del grupo impulsor del manifiesto Última Llamada.

Europa, ante la crisis energética: soberanía frente al colonialismo energético

La protesta ante el Parlamento fue convocada por Aliente.

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El siguiente texto corresponde a mi participación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para hablar sobre los impactos sociales y ambientales de las energías renovables gracias a la invitación de la Eurodiputada Sira Rego del Grupo Parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea y gracias también a la participación y presión previa de numerosos colectivos y personas afectadas por el actual despliegue de energías renovables en Europa. Han colaborado en los contenidos de este texto Álvaro Campos, Luis Bolonio, Helios Escalante y Josefa Sánchez Contreras.

La Unión Europea es líder en generación de energías renovables y en políticas para su desarrollo como estrategia para abordar la emergencia climática. Las directivas del paquete de invierno y el Pacto Verde priorizan acertadamente la disminución de la demanda y la producción modular en zonas urbanizadas y en áreas degradadas cercanas a los lugares de consumo, reduciendo así las necesidades de materiales y las pérdidas en el transporte. También es reconocido el interés europeo en incrementar sustancialmente la aportación de las energías renovables al mix energético desde el 20% actual hasta alcanzar el 40% en 2030. La unión persigue por tanto reducir el uso de fuentes energéticas sucias como el carbón, el petróleo, las nucleares, o el gas que escasean en el viejo continente. La urgencia y profundidad de esta transición hacia las energías renovables ha aumentado vertiginosamente con la guerra de Ucrania y las necesarias medidas de embargo de los combustibles fósiles procedentes de Rusia, restricciones que esperemos se apliquen también al uranio ruso y kazajo.

Todo esto constituye un enorme desafío para los territorios europeos y para las instituciones de la Unión. Nos jugamos nuestro futuro y quizás el de nuestro planeta. Sin embargo, la política europea y el propio Green Deal incurren en numerosas contradicciones que podrían ser fatales. En primer lugar no han considerado los cuellos de botella relacionados con la escasez de minerales como el neodimio, el litio, la plata, y el cobalto entre otros, que son clave para la transición energética y para la electrificación masiva. En particular, la producción de energía eléctrica con fuentes renovables demanda grandes cantidades de materiales, que se localizan principalmente en zonas lejanas, de alta biodiversidad, habitadas por pueblos indígenas y ocupadas por estados autoritarios, incluyendo Rusia y China.

Además, estamos ante una transición que requiere de mucha superficie para instalar los sistemas de producción y transporte de la energía. Considerando una afección directa de 2,2 hectáreas por MW en solar fotovoltaica, la producción de los 672 GW necesarios en 2030 para alcanzar el 40% de fotovoltaica, necesitaría una extensión total de casi 1 millón y medio de hectáreas. En el caso de la eólica, se calcula una afección directa 32 hectáreas por MW, que determina unas necesidades de 14 millones y medio de hectáreas para los 451 GW previstos en 2030. La suma total para las renovables podría alcanzar los 16 millones de hectáreas, y para que entendamos la dimensión de lo que estamos tratando, la superficie cultivada de cereal en Europa es de unos 60 millones de hectáreas. Esta extraordinaria transformación territorial, sólo comparable a las épocas de mayor crecimiento urbanístico, está generando graves conflictos por la falta de planificación y el evidente desorden con el que se está desarrollando. Este problema que se ve acentuado por la disminución de controles que plantea la revisión de la Directiva de Energías Renovables (y otras medidas similares en los estados y regiones) para responder a las emergencias derivadas de la guerra de Ucrania.

La propia Estrategia Europea del Suelo 2030 señala que se existe suficiente superficie de tejados para alcanzar el objetivo del 40%. Sin embargo, el actual despliegue de renovables se está concentrando en las zonas menos pobladas del continente y en las regiones periféricas siguiendo un modelo de colonialismo energético basado en megaproyectos centralizados, masivos y a gran escala desarrollados por grandes empresas que ocupan territorios de sacrificio. Se alejan así las zonas de producción de las zonas de consumo, dando la falsa impresión a la población europea de que la nueva infraestructura renovable carece de impactos.

Sin embargo, en un contexto internacional donde aumenta la escasez de alimentos, en los territorios de sacrificio se están ocupando suelos agrícolas que las propias políticas europeas consideran necesarios para garantizar el abastecimiento de la población y para relocalizar los sistemas alimentarios como estrategia de descarbonización.

También se están destruyendo hábitats de especies esenciales para el buen funcionamiento de los ecosistemas siguiendo esquemas de evaluación ambiental que entre otros errores no consideran los efectos acumulativos de la concentración de estos megaproyectos, tal y como advirtieron para el caso Español decenas de investigadores en la revista Science en Diciembre de 2020.

Además, las infraestructuras de renovables consumen agua. De este modo, el actual despliegue de megaproyectos suponen un mayor estrés hídrico en zonas donde los recursos disponibles son escasos, compitiendo con los caudales ecológicos y con otros usos como el abastecimiento y el regadío, que tienen una gran importancia en todo el arco mediterráneo.

Por otro lado, es fundamental analizar el papel de las interconexiones eléctricas como base de este desarrollo. Mediante grandes líneas transfronterizas de muy alta tensión incluidas en los Proyectos de Interés Comunitario, Europa pretende facilitar el modelo de megaproyectos concentrados en las periferias, a pesar de la ineficiencia de este sistema. Si tomamos como ejemplo la interconexión eléctrica entre España y Francia a través del golfo de Bizkaia, la propia Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad en la última actualización del Plan de Desarrollo de la Red a 10 años reconoce que las pérdidas de transporte en este modelo centralizado serían cercanas al 40% de la nueva energía renovable que permitirían integrar en la red eléctrica transeuropea. Y en el caso de las nuevas interconexiones previstas entre España y Europa, estas pérdidas serían cercanas al 50%. Es decir, uno de cada dos megaproyectos renovables contribuiría únicamente a soportar estas pérdidas en forma de calor. Es preciso denunciar esta grave contradicción, sobre todo si tenemos en cuenta que una placa fotovoltaica instalada en Varsovia tendría una eficiencia solo un 35% menor que la misma placa instalada en los fértiles suelos de la Vega de Granada.

Aunque merecería un análisis más detallado, quiero apuntar aquí que la Estrategia Europea para el Hidrógeno profundiza todavía más esta perspectiva de colonialismo energético pretendiendo utilizar un vector energético que sin embargo tendría una ineficiencia que ronda el 90% en el caso de que llegara a utilizarse en los motores de la maquinaria pesada que no pueden utilizar energía eléctrica. En cualquier caso, no está claro que podamos utilizar el hidrógeno ya que acumula graves problemas tecnológicos aun sin resolver, tal y como reconoce el Grupo III del IPCC.

Finalmente, al desgobierno territorial y al diseño extractivista de las infraestructuras energéticas, se le suma el funcionamiento del sistema eléctrico europeo favoreciendo la especulación y el despojo de las poblaciones locales que además están pagando precios cada vez más altos por la energía. Las grandes empresas que dominan el sector en connivencia con las instituciones dividen a las comunidades y desprecian la participación pública, dejando indefensa a la ciudadanía y también a los entes locales que pretenden otras formas de desarrollo para sus territorios, incluyendo el autoconsumo energético. Como respuesta a esta realidad, decenas de municipios de Andalucía (en el sur de España) han firmado una Iniciativa Legislativa Municipal exigiendo otra transición energética.

De hecho, entre otros ejemplos destacables de este modelo, podemos nombrar el de España. Aquí las previsiones de producción renovable del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para 2030 son de 109,5 GW aunque los proyectos actuales superan los 200 GW, muy por encima del consumo actual y futuro de este país. Aunque a tenor de la nueva planificación de la red de transporte, la cifra podría ser mucho mayor.

Más del 80% de las plantas fotovoltaicas proyectadas en España superan el umbral de 1 megawatt que define a los megaproyectos, y se concentran en regiones como Aragón, Galicia, o Andalucía, en las que se preveen más de 1000 proyectos de renovables.

Un lugar paradigmático de esta región es el territorio de Granada y Almería donde hay previstos 196 proyectos fotovoltaicos que podrían producir 9,16 GW cubriendo unas 20.141 hectáreas, y 38 proyectos eólicos que podrían producir 1,89 GW en unas 60.216 hectáreas. Esos 10,95 GW supondrían una tercera parte del consumo medio de energía eléctrica en España y el 10% de la producción total prevista para todo el país en 2030. Este despliegue favorecido por la Junta de Andalucía sin ninguna planificación territorial afectaría a la importante producción agroganadera de este territorio y a la biodiversidad asociada a sus paisajes. No nos olvidemos de que España, y en particular Andalucía, es el principal productor agrario de la Unión Europea y uno de los lugares más biodiversos del continente.

Como ya he señalado anteriormente, estos impactos están generando una conflictividad creciente en los territorios a sacrificar que están retrasando el despliegue de las energías renovables. El parque “Gunaa Sicarú” de EDF en el Istmo de Tehuantepec (México) ha sido cancelado por las resistencias locales, el parque en el territorio Sami de Noruega ha sido declarado ilegal por la Corte Suprema de ese país gracias a las resistencias locales, decenas de proyectos han sido cancelados en España, Francia o Italia por la presión ciudadana. Es necesario por tanto que la transición energética esté basada en una contribución solidaria a la descarbonización, es decir la reducción del consumo, que disminuya la brecha entre el centro y las periferias, y no en un colonialismo energético claramente ineficiente. Quiero terminar este texto, retomando el lema de las masivas movilizaciones sociales celebradas en España el último año. Renovables sí, pero no así.

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