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El exsecretario general de Hacienda reconoce que las transferencias de financiación se usaron "de forma inadecuada"

Antonio Estepa, imputado por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos,
admite que una fiscalización previa habría evitado un "déficit" que Alaya cifra en 131 millones

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   El exsecretario general de Hacienda andaluz Antonio Estepa, imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya, ha reconocido en su declaración de este miércoles que la fiscalización previa habría evitado el "déficit" provocado por el uso de las transferencias de financiación para el pago" de las subvenciones sociolaborales del programa 31L, más conocido como 'fondo de reptiles', "déficit" que la instructora cifra en 131 millones durante la época en que el imputado ocupó dicho cargo.

   Estepa, que ocupó dicho cargo entre el 21 de mayo de 2000 y el 15 de mayo de 2004 y que es uno de los 20 cargos o exaltos cargos imputados por la magistrada el pasado mes de junio, ha comparecido este miércoles por espacio de tres horas ante la juez, que le ha imputado dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

   Según el texto de su declaración, al que ha tenido acceso Europa Press, Alaya considera que el imputado "fue uno de los impulsores de la política presupuestaria" de la Junta y tuvo "una activa participación en  la instauración del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se implantaría en la Junta desde el año 2000 y que perduraría hasta el 2011".

   Y es que dicho procedimiento "partía de la consignación y utilización de un crédito presupuestario, las transferencias de financiación, no previsto para ejercer dicha potestad subvencionadora, sino para financiar operaciones genéricas de las empresas públicas, y además en usar una de estas empresas, un ente instrumental como fue IFA, para realizar los pagos a terceros ordenados" por la Consejería de Empleo.

   "Este procedimiento al margen de la Ley pretendía como finalidad básica eludir el control de legalidad que significaba la fiscalización previa de la Intervención General", subraya Alaya, que añade que "se podría afirmar que el uso que le dio Empleo a estos fondos públicos no era su responsabilidad, pero para llegar a instaurar este procedimiento y disponer de gasto público el paso previo era lograr" las transferencias, y es ahí donde se "incardina" la "participación" del imputado.

   La juez concluye que el imputado "indiciariamente permitió las transferencias de financiación como fuente de financiación del programa 31L, y por supuesto sabría que las referidas transferencias, en virtud de dicho programa, serían destinadas por la Consejería de Empleo para conceder subvenciones al margen del procedimiento legal".

   El resultado "ya está dicho", y es que "se produjo un uso completamente arbitrario de los fondos públicos, sin procedimiento ni control, y además también indiciariamente desmesurado, asumiendo compromisos por encima del techo presupuestario, generándose un déficit que en los años 2003 y 2004 ascendió a 38 y 93 millones, respectivamente".

   "En virtud del mencionado déficit, el inculpado, que conocería que el procedimiento arbitrario instaurado gracias a la Consejería de Hacienda en Empleo podía generar menoscabo de fondos públicos, contribuiría a alimentarlo con nuevas y diversas modificaciones presupuestarias", añade.

   El imputado, que se ha ratificado en su declaración ante la Guardia Civil y que ha explicado que fue la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez quien "le requirió para que ocupara el puesto", ha subrayado que, si hubiera habido fiscalización previa, "su opinión es que no se habría producido" dicho déficit presupuestario, "porque con la Ley de Subvenciones y las pautas legalmente establecidas se hubiese evitado".

   Sobre el déficit de 131 millones de euros apuntado por la juez, ha asegurado que "lo desconocía totalmente, pues fueron en los años 2003 y 2004 y debían haber sido presentados en el ejercicio siguiente, por lo que habiendo cesado en el cargo no tenía conocimiento de la existencia de este déficit".

"DE ACUERDO" CON EL INFORME DE LA CÁMARA DE CUENTAS

   En relación al informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que señala que "en las sucesivas Leyes de Presupuesto se ha utilizado de forma inadecuada la figura de las transferencias de financiación", el imputado ha admitido que, "trasladado al día de hoy, está de acuerdo" con dicha conclusión.

   La juez también le ha preguntado sobre un extracto del informe de Cuentas Anuales de 2001 de IFA, emitido en 2003 y "que como es obligado fue enviado entre otros a la consejera de Hacienda", "donde se ponía de manifiesto que el uso de las transferencias por parte de la Consejería de Empleo era inadecuado", señalando el imputado que "no tuvo conocimiento" de este informe, ya que "el control financiero está sometido a un protocolo y en el mismo no está previsto que se remita informe al director general, pero sí está previsto que se remita al consejero".

   La magistrada también le ha cuestionado sobre si "ante su conocimiento personal de las importantes irregularidades que se estaban produciendo, la ausencia de control y la posibilidad de menoscabo de fondos públicos, se planteó por alguien de la Consejería de Hacienda, usted, el viceconsejero o el interventor general darle alguna solución al problema", pero el imputado ha reiterado que "desconocía" los informes de cumplimiento, "ya que no era receptor de los mismos".

   Este hecho "ni se comentó ni se abordó en la Consejería de Hacienda", pues "el tema del uso de las transferencias nunca se planteó en los comités de dirección, por lo menos en los que él asistió", ha dicho Antonio Estepa, que preguntado por la opinión al respecto de Magdalena Álvarez y el entonces viceconsejero del ramo, José Salgueiro, ha señalado que "cree que ese tema no se ha planteado nunca y no se le ha sometido a su consideración".

   "Su implicación en el área de gastos era mínima, nula diría él, y por lo que se refiere a las facultades ejecutivas, no las tenía la Secretaría General, ya que su función era realizar estudios e informes", ha aseverado.

   La juez ha insistido en que "para la inclusión de la partida fraudulenta en la Ley de Presupuestos se aprovecharía la complejidad del lenguaje presupuestario", a lo que el exalto cargo ha contestado que, aunque este lenguaje "requiere especial conocimiento, el presupuesto es la ley más importante que se aprueba en cada ejercicio", motivo por el que "se resiste a entender que los parlamentarios no tengan ese conocimiento".

   Al término de la declaración se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en las que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones han pedido medida cautelar alguna para el encausado.

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