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La Audiencia rechaza la nulidad de la causa de formación planteada por la Junta

Argumenta que la decisión de la juez Alaya de abrir esta causa a raíz de la denuncia de Teodoro Montes no es "ilógica" ni "arbitraria"

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EFE

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el auto en el que la juez Mercedes Alaya rechazó la petición de la Junta de Andalucía para que declarase la nulidad de todo lo actuado en la causa donde se investiga el presunto fraude en curso de formación financiados por la Administración autonómica, ya que considera que no se han vulnerado las normas de reparto.

En un auto fechado el 29 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia pone de manifiesto que la decisión adoptada por la instructora en cuanto a la apertura de las diligencias previas de los cursos de formación "no pone de manifiesto una interpretación y aplicación de las normas competenciales manifiestamente irrazonable o arbitraria".

La Audiencia dice que, en el auto donde rechazó la petición de nulidad de la Junta, Alaya explica que la causa de la formación tiene su origen en la investigación de los ERE fraudulentos, "pues ya se había apreciado que en determinadas subvenciones sociolaborales, como significativamente ocurre en el caso Delphi, las becas derivadas de las subvenciones a formación se utilizaban para completar las prestaciones económicas de los trabajadores cuando se les acababa el desempleo, siendo así una actividad de las diversas que acometió" el 'conseguidor' Juan Lanzas, "presuntamente por sus importantes influencias en la Junta".

Según la Audiencia, durante el curso de esta investigación se personó en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla Teodoro Montes, quien expuso a la juez, "como jefe del Departamento de Gestión de Formación, lo que a su juicio eran graves irregularidades en materia de subvenciones a la formación, relacionadas en algunos casos con empresas investigadas en los ERE", lo que determinó la remisión a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "para determinar el alcance de esta información y su interés para el esclarecimiento de los hechos que hasta la fecha investigaba".

Todas estas circunstancias, "lejos de poner de manifiesto la existencia de la irregularidad que se denuncia" por parte de la Junta, "aconsejan la aplicación" de la regla 8.3 de las normas de reparto de los Juzgados de Instrucción de Sevilla, "esencialmente porque la instructora, a través de las manifestaciones" de Teodoro Montes, "consolidó los indicios existentes en esta fase embrionaria de la investigación, en el marco de las diligencias 174/11 --caso ERE--, sobre el fraude en fondos de formación derivados de ERE tramitados y otros cursos organizados en las empresas del entorno" de Lanzas.

"NI ILÓGICA NI ARBITRARIA"

A juicio de la Audiencia, la 'noticia criminis' aportada por Teodoro Montes "no era plenamente ajena a los hechos que investigaba en ese momento la instructora, aunque el alcance de esta información no sea de la precisión y diafanidad deseable en esta fase inicial de la investigación", de tal forma que la decisión de la instructora de incoar las diligencias previas al amparo del artículo 8.3 de las normas de reparto "no resulta ni ilógica, ni arbitraria, ni altera las reglas de competencia objetiva, territorial o funcional, ni causa efectiva de indefensión material".

La Junta entendía en su recurso que la denuncia de Teodoro Montes debió ser turnada a uno de los juzgados de Instrucción de Sevilla al no existir conexión objetiva y subjetiva con el caso ERE, criticando además que la juez Alaya aludiera en su auto a la "unidad de intereses" de la Junta, personada como acusación, y el PSOE, una afirmación ésta que la Audiencia no entra a valorar.

"Las irregularidades con posible relevancia penal expuestas por Montes a la instructora no eran plenamente ajenas a los hechos que investigaba en ese momento sino que entroncan y convergen con aquellos y la aplicación de la regla 8.3 de las normas de reparto es consecuencia lógica de lo que viene expuesto", pone de manifiesto la Audiencia.

NO SE APRECIA VULNERACIÓN DE LAS NORMAS DE REPARTO

La Audiencia también rechaza el recurso de apelación por adhesión formulado por el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y la exdirector general de Formación Profesional para el Empleo María Teresa Florido, puesto que "no se aprecia vulneración de las normas de reparto" y, al no apreciar Alaya conexidad con el caso ERE, "la incoación de las diligencias referidas a partir de otras con las que entroncan y por las que se sigue otra investigación es una vía razonable en cumplimiento del derogado artículo 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente en la fecha de autos".

"Aún admitiendo a efectos dialécticos que se hubiese producido vulneración de las normas de reparto entre los juzgados de Instrucción de esta ciudad al incoar las referidas diligencias con las circunstancias expuestas, esta irregularidad procesal 'per se' no afecta al derecho fundamental" al juez ordinario predeterminado por la Ley, "esencialmente teniendo en cuenta que no concreta la supuesta indefensión material causada que constituye una exigencia prevista en el artículo 238.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en su día no formuló recurso alguno contra el auto de 7 de marzo de 2013 cuya nulidad interesa".

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