Condenado el equipo antidroga de la Guardia Civil de Málaga por narcotráfico

La Audiencia de Málaga ha condenado a un teniente de la Guardia Civil y exjefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de dicho cuerpo y a otras 26 personas por su participación en operaciones de narcotráfico. Además, se absuelve a ocho acusados, entre ellos otros cuatro agentes del instituto armado.

Así consta en el fallo de la sentencia de 299 folios, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido notificada este viernes a los acusados y a sus representantes legales. En total, se imponen 102 años de prisión y 52 millones de multa a los 27 condenados.

Al exresponsable del EDOA se le condena por dos delitos contra la salud pública y otro de falsedad, imponiéndole en total 10 años y medio de prisión. En el apartado de hechos probados de la resolución se explican al menos dos operaciones de narcotráfico y la participación de los acusados.

El juicio a estos 35 acusados comenzó el 14 de octubre de 2015. Uno de los principales procesados, otro agente del EDOA, fue declarado en rebeldía al principio de la vista oral y se tendrá que celebrar un proceso contra él una vez que fue detenido el pasado mes de agosto en el aeropuerto de Madrid.

En el apartado de hechos probados de la resolución se explican varias operaciones de narcotráfico y la participación de los acusados que han resultado condenados. En uno de estos alijos, que tuvo lugar en una playa de Marbella (Málaga), uno de los procesados tenía planeado quedarse con una cantidad sin concretar, pero elevada, de hachís en su beneficio.

La sentencia considera que el exjefe antidroga conocía y “consintió” esos planes, que eran que “los agentes del EDOA actuaran con posterioridad al desembarco de la droga y a la entrada en la playa de los falsos policías, procediendo a la detención y permitiendo la huida de los alijadores”. Era “contraprestación” a la información dada por aquel y para “obtener él éxito en su carrera profesional”.

Pero, se añade, no está probado que fuese a participar en los beneficios de esa apropiación; pero sí se entiende que el teniente quiso “ocultar” lo ocurrido en dicha operación al juzgado para lo que “alteró con mendacidad lo sucedido, no reflejando en el atestado la existencia de la organización” y también “omitió cualquier referencia” a ese otro acusado para “evitar su detención y conseguir la impunidad de éste”, que era un informador.

El Tribunal concluye que la conducta de este agente “excede con creces del marco doctrinal de los actos neutrales”, pues “su actividad no se limitó a recibir y valorar la información” que le facilitaban los informadores sino que “fue mucho más allá, cooperando”.

Otra operación fue dirigida por otro de los acusados condenados y consistía en introducir droga desde Marruecos vía Melilla, aprovechándola para introducir otra cantidad de hachís en su beneficio. En ésta, el exjefe de EDOA, “aprovechando el ejercicio de su cargo”, participó y “daba cobertura”, pero no está corroborado que fuera a cambio de dinero.

Así, la Sala indica que el exjefe facilitó esta operación “no solo en el sentido de obtener méritos policiales” sino también para que su informador “como contraprestación, obtuviera beneficio en la operación; bien económico derivado de su intermediación o bien quedándose con una parte de la droga”.

Algunos condenados pertenecían a una organización --por lo que se les condena por pertenencia a grupo criminal-- dedicada al tráfico de drogas mediante el traslado de alijos de hachís en embarcaciones procedentes de Marruecos, teniendo cada uno su función. La Sala considera que el agente que no ha sido juzgado estaba en contacto con ellos.

No así otros dos guardias civiles. De hecho, se indica que no consta acreditado que los responsables de dicha organización “ofrecieran o abonaran dinero a ningún miembro de la Guardia Civil como contraprestación por servicios de cobertura y vigilancia en el mentado alijo”.

Uno de los acusados que ha sido condenado es el exmarido de Lucia Garrido, mujer que fue asesinada en su finca de Alhaurín de la Torre (Málaga) en 2008, caso en el que estaba investigado aunque recientemente ha sido sacado de la instrucción.