Uber y Cabify versus taxistas: movilidad insostenible en Sevilla

Sevilla era ya un terreno minado y ha terminado de estallar con la irrupción del nuevo modelo de negocio de empresas como Uber y Cabify, dado que suponen más competencia para transportar viajeros en una ciudad con un conflicto entre los propios taxistas por el control de la parada del aeropuerto, enconado desde hace dos décadas. Una Feria de Abril más larga que nunca, el estreno de las empresas con licencias VTC (vehículos de transporte concertado) en el real y que éstos sean los días de más negocio del año, conforman un nuevo escenario para la discordia.

Nueve vehículos de Cabify, que ha reforzado su flota en la ciudad para la Feria de Abril, han sido calcinados y la Guardia Civil sospecha que se trata de un incendio intencionado. La investigación está todavía en marcha, pero en la ciudad es imposible no acordarse del conflicto a raíz del monopolio por parte de un grupo de taxistas de los trayectos desde el aeropuerto, que desde hace años ha provocado no sólo incidentes en este gremio, sino incluso con el autobús que hace el mismo recorrido a precios populares.

Ha ocurrido en plenas fiestas, cuando las colas para pillar un taxi en el recinto ferial se hacen interminables y ver a uno libre en otro punto de la ciudad es altamente improbable, lo que da idea del dinero que pueden dar estos servicios. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, condenaba en declaraciones a la cadena SER los hechos y era el primero en insinuar una vinculación cuando confiaba en que los responsables, “con intereses muy claros y concretos”, reciban “el castigo que merecen”.

Mientras, el portavoz municipal de C's, la formación que con más insistencia viene exigiendo el fin de este problema en la ciudad, le exige que “no escurra el bulto”. En esta línea, Javier Millán, pese a que ha reconocido que la investigación sigue en marcha, también ha señalado: “Hace falta un esfuerzo para que esta empresa pueda ejercer la libre competencia respecto al taxi o cualquier otro operador que venga”.

No es por casualidad. Primero, porque ocurre tras una semana de protestas de taxistas contra estos operadores. Y segundo, porque no es la primera vez, pese a que se trata de suceso más grave hasta el momento. En los talleres de los concesionarios de las marcas más recurrentes para Cabify confirman en el acto que los servicios de chapa y pintura para esta empresa son una constante desde que aterrizó en la capital hispalense en septiembre de 2016.

Igual que está presente en Madrid, Málaga, Barcelona y Valencia, donde han tenido “problemas puntuales, pero en ninguna como en Sevilla”, según sus responsables. “Somos víctima de ataques por parte de sectores que se consideran amenazados por el progreso y la innovación aportados por Cabify a la movilidad”, remarcan.

La Federación Española del Taxi (Fedetaxi), que agrupa en torno a un 70% de este sector, se ha apresurado también en emitir un comunicado de condena. “Seres como los causantes de los hechos de la pasada noche no tienen cabida en ningún sector, ni en la sociedad misma”, reza. En el otro lado, la Unión Nacional de Autoturismos VTC (Unauto), la principal de este sector, ha emitido otro contra un incendio “provocado” y que “ha puesto en peligro viviendas cercanas” y sus habitantes, además de la del conductor de un décimo vehículo que logró salvarlo de las llamas.

Todo ello en un contexto en el que el Ayuntamiento de Sevilla se ha visto obligado este año a incrementar los efectivos de la Policía Local para intentar acabar con un problema que daña la imagen de una ciudad que vive el turismo. Lo cierto es que, desde el pasado mes de enero, el sector del VTC suma medio centenar de denuncias, tras sufrir sus conductores supuestos daños, amenazas o coacciones que atribuyen a estos taxistas. Por su parte, hay 39 denuncias de la Policía Local contra conductores de VTC, sobre todo elevadas por taxistas. La resolución de estos expedientes todavía está pendiente.

Mientras, la investigación promovida por la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía en el entorno del aeropuerto se ha saldado con un total de 27 taxistas investigados por supuestas coacciones, amenazas y daños. En concreto, dos taxistas eran detenidos el pasado mes de marzo, y se sumaban a las diligencias ya practicadas por el mismo dispositivo con la toma de declaración a otros 25, algunos de ellos como testigos y otros en calidad de investigados no detenidos. Solidaridad del Taxi, la asociación de sector que controla a los que rinden en el aeropuerto, se ha apresurado en decir que “el 90%” de estos 27 “no pertenecen” a la misma.

El concejal de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera, niega que “exista un conflicto” en el sector e insiste en que “sólo se dan cobros irregulares, como en otras ciudades”, pero él mismo se ha visto obligado a reunirse con el director del aeropuerto, Jesús Caballero, para intentar encontrar soluciones. De momento, han acordado dotar al aeródromo de un espacio acotado para VTC, disponer de un registro de los coches autorizados para dicha actividad y colocar paneles informativos con las tarifas de los taxis y de la línea de autobús.

Igualmente, el edil insiste en que los controles son iguales para los taxistas que para los VTC, en referencia a los que le han acusado de mirar para otro lado, entre otras cosas porque en su día fue el primer director del Instituto Municipal del Taxi. De hecho, desde el consistorio recuerdan que el pasado mes de abril, la Policía Local inmovilizó en pocos días dos taxis que prestaban el servicio sin contar con la revisión obligatoria.

La guerra había empezado mucho antes

Eso en cuanto al problema con los VTC, porque la guerra entre los propios taxistas no la reconoce el socialista, como se apuntaba más arriba. En este frente está la asociación Foro Taxi Libre frente a Solidaridad del Taxi en continuos cruces de reproches. La tercera asociación, Unión del Taxi, defendía en su día los turnos rotatorios para garantizar que todos los taxistas tuvieran el mismo derecho a prestar el servicio en un itinerario que deja las mejores carreras, y en estos momentos está sometido a una tarifa de unos 30 euros. Pero ahora no comparte este modelo.

El caso es que en los últimos dos meses han ocurrido un par de hechos que reflejan que la pugna está muy lejos de solucionarse. Por un lado, el pleno rechazó una moción propuesta por C's para la celebración de una consulta entre los taxistas de la ciudad, sobre la implantación o no de un turno rotatorio, como la que se hizo en 2001 y donde ganó mayoritariamente el sí hasta que el Ayuntamiento de Sevilla cedió a las presiones y dejó morir la fórmula.

Fue tumbada por el voto contrario del PSOE y el PP, que aclararon que no se oponían a la consulta, pero que debía posicionarse primero el Instituto Municipal del Taxi. Y este órgano, donde además de los grupos políticos están UGT, los consumidores y las dos asociaciones mayoritarias del gremio -Unión del Taxi y Solidaridad del Taxi- votó en contra.

La segunda cosa que ha ocurrido es la dimisión del presidente Foro Taxi Libre, Juan Martín Caparrós, incansable hasta el momento en la lucha contra lo que llama “mafia” en el aeropuerto. ¿El motivo? “La insoportable situación de acoso” -su vivienda había sido pintada por enésima vez- y el “entorpecimiento” de su labor. “Es insoportable. Pagamos una licencia al Ayuntamiento de Sevilla, pero no podemos ir a trabajar al aeropuerto”, insistía el hasta hace poco líder de una organización con 226 asociados y que, sin embargo, no tiene asiento en el Instituto Municipal del Taxi, que controla más de 2.000 licencias en la ciudad.

Mientras el gobierno local no termina de que se imponga el respeto a la legalidad, los taxistas han llamado a la puerta de la Junta de Andalucía. Las principales asociaciones de taxistas se han reunido con el director general de Movilidad, Rafael Chacón, para abordar una apuesta por “la convivencia pacífica” entre estos profesionales y las empresas de VTC, dado que insisten en que ellos no quieren echar a nadie, “sólo que se cumpla la ley”. Entre otras cosas, la Junta de Andalucía baraja imponer el uso de unos distintivos para identificar claramente a los VTC.

“El PSOE no se atreve a coger el toro por los cuernos”, apunta el edil de IU Daniel González Rojas. “El gobierno de Juan Espadas se tapa los ojos ante un monopolio privilegiado desde hace años por la inacción de distintos alcaldes”, apostilla desde C's Javier Millán.

La preocupación por este problema se ha extendido. Desde la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) emitían recientemente un comunicado respaldando a empresas como Cabify o Uber en el “libre ejercicio” de su negocio. Es más, la CES está convencida que si algún día se desarrolla la prometida conexión ferroviaria con el aeropuerto, este problema terminará, convencida la patronal de que un tren no se enfrentaría a los sabotajes que ya ha sufrido alguna vez el autobús, que además no es un medio de transporte igual de rápido.

Igualmente, asociaciones como sevillasemueve e Iniciativa Sevilla Abierta se han unido en un manifiesto contra determinadas prácticas del taxi. “Los sevillanos, que este año dedicaremos 818.157 euros de nuestros impuestos a rescatar licencias de taxi, cuyo sustento depende en muchos casos del turismo y los servicios, que nos empeñamos día a día en ofrecer la mejor cara de Sevilla, no merecemos que un pequeño aunque bien organizado grupo de malos profesionales lo tiren todo por tierra al objeto de llenarse los bolsillos con prácticas ilegales. Este tipo de grupos de coacción son inadmisibles en una sociedad democrática y decente”.