La planta de tratamiento de purines de Zaidín (Huesca), promovida por el Instituto Aragonés del Agua, producirá seis millones de kilowatios al año a partir de excrementos de ganado porcino procedentes de granjas de la zona.

El Inaga (Instituto Aragonés de Garantía Ambiental) ha concedido la autorización ambiental integrada para una factoría con capacidad para tratar anualmente hasta 180.000 toneladas de purines y 25.000 de otros residuos orgánicos (la mayoría, procedentes de mataderos) de los que, mediante un proceso de digestión o fermentación anaerobia, saldrán los 2,22 millones de metros cúbicos de biogás cuya combustión en sendos motores de cogeneración de 250 y de 500 kilowatios generará esos seis millones de kilowatios. Ese volumen de energía equivale, aproximadamente, al consumo anual de unas 3.000 familias. 

¿Aragón tiende al monocultivo del porcino? No se puede afirmar de manera tajante, aunque llaman la atención datos como los que indican que el crecimiento de la cabaña de ese ganado encadena cinco años con un intenso ritmo de más de 6.000 nuevas cabezas por semana. 

Las estadísticas del Ministerio de Agricultura revelan cómo en ese lustro, de 2011 a 2016, la cabaña porcina aragonesa pasaba de 5.474.601 animales a 7.047.768, un aumento del 35% cuyo grueso se centraba en los animales de engorde, que pasaban de 3,8 a casi cinco millones de cabezas. Esa misma estadística revela cómo la comunidad aragonesa se consolida como una de las principales áreas de producción de lechones, cuya cifra creció un 24%, de 1,65 a 2,06 millones.

La concentración de la riqueza alcanza niveles desproporcionados en Aragón: el valor conjunto de las fortunas que acumulan los 9.819 ciudadanos más ricos que declaran sus propiedades a Hacienda supera al montante de las rentas que se generan en un año en la comunidad, y rebasa en más de un 30% la cuantía de los ingresos salariales anuales de todos los contribuyentes aragoneses. 

El desequilibrio no alcanza las magnitudes del que se registra a nivel mundial, donde, según los estudios de Oxfam, el valor de las fortunas de tan solo 62 personas (1,76 billones de dólares) equivale a todo lo que posee la mitad más pobre de la población mundial.

La mitad de los veinte municipios con mayor renta bruta por habitante de Aragón se concentran en un radio de menos de 30 kilómetros de Zaragoza, un espacio geográfico en el que residen más de la mitad de los ciudadanos de la comunidad. Y ocurre algo similar con los que superan los 20.000 euros por vecinos: 24 de 62 forman parte de ese cinturón.

La realidad económica juega claramente en contra de las eventuales políticas de reequilibrio territorial que puedan impulsar las administraciones para combatir el cuadro de despoblación que sufre una comunidad en la que más de la cuarta parte de sus 732 municipios tiene menos de cien habitantes, en muchos casos distribuidos entre varios núcleos y con los mayores de 65 años como principal grupo demográfico, y casi otro 60% más no pasa del millar.

Cuestión de formas. Joaquín Antón, exalcalde de Alhama de Aragón (Zaragoza), deberá indemnizar al ayuntamiento con 3.459,91 euros (más intereses y costas), pero no por haber enchufado a su esposa como profesora de adultos con cargo al erario, sino por la cuantía de la subvención que, por haberle pagado con fondos públicos tras saltarse las normas de contratación, el Consistorio tuvo que devolver a la Diputación de Zaragoza, 3.291,23 euros de principal y 168,68 en intereses de demora.

Se trata de una de las primeras ocasiones en las que un alcalde de un pequeño municipio acaba viéndose obligado a indemnizar al pueblo por una deficiente gestión de fondos públicos como consecuencia de un procedimiento de reintegro por alcance del Tribunal de Cuentas, similar, aunque de menor cuantía, al que tramita por el 9-N contra varios exaltos cargos de la Generalitat.

La discriminación por motivos de género y el trato discriminatorio a embarazadas y madres puede comenzar a salir caro dentro de unos meses en Aragón, donde los empresarios se enfrentan a clausuras de sus instalaciones por periodos de hasta cinco años en caso de aplicar políticas laborales sexistas.

Esta es una de las novedades de la redacción inicial del proyecto de ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en Aragón que las Cortes autonómicas prevén tramitar en el futuro periodo de sesiones, y cuyo plazo de enmiendas finaliza el próximo 21 de septiembre.

¿Afectan a la salud y al tejido social las políticas de austeridad y de control del déficit? Próximamente, si el Gobierno de Aragón cumple el mandato de las Cortes autonómicas, habrá un dictamen político sobre el asunto.

El ejecutivo autonómico tiene sobre la mesa una resolución en la que la cámara le insta a “auditar las consecuencias, no sólo económicas, sino sobre todo sus efectos sociales y humanos, para la ciudadanía aragonesa de los recortes ejecutados” en las consejerías de Educación, de Sanidad y de Servicios Sociales en el ejercicio de 2014. El mandato forma parte de las 35 resoluciones que las Cortes aprobaron al dar el visto bueno al informe de la Cámara de Cuentas sobre la gestión presupuestaria del ejecutivo en el ejercicio de 2014, entre las que se incluyen otras que instan al actual Gobierno a “no comprometer gastos, reconocer obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos”, a “elaborar las ‘memorias del coste y rendimiento de los servicios públicos’ y la ‘memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados”, a negociar con La Moncloa una compensación por la infradotación económica de las competencias de Sanidad y a exigirle que cumpla sus compromisos en materia de dependencia y pague los atrasos.

¿Qué extraña atracción vincula los campos de tiro militares con las zonas ecológicamente sensibles en la ribera del Ebro? Básicamente, se trata de una herencia de épocas en las que la protección ambiental aparecía muy por debajo de la intendencia militar en el escalafón de prioridades de la Administración, aunque existen indicios claros de que eso está cambiando.

Una mayoría del Parlamento de Navarra reclama, como desde años piden movimientos sociales y ambientales de la Ribera, desmantelar el campo de tiro aéreo de Bardenas, un polígono de 2.000 hectáreas vallado en el corazón de una reserva de la biosfera desértica de 42.000 ha, en el que el Ejército lleva medio siglo ensayando ataques de aviación y cuyo último contrato de uso entre el Ministerio de Defensa y 32 municipios navarros vence el año que viene.

El Tribunal Supremo ha declarado de utilidad pública el Real Zaragoza Club de Tenis, una entidad privada de la capital aragonesa cuyos más de 4.000 socios (4.375 en 2016) podrán desgravarse a partir de ahora las cuotas en su declaración IRPF siempre que la sociedad cumplimente una serie de trámites.

La entidad, fundada en 1913 y que comenzó a finales de los años 70 el traslado de sus instalaciones a su actual ubicación junto a la carretera del aeropuerto, está abierta al público, aunque con algunas restricciones, circunstancia que finalmente ha resultado clave para que el Supremo revocara la sentencia en la que, hace menos de tres años, la Audiencia Nacional avaló la negativa del Ministerio del Interior a reconocerle esa catalogación, que conlleva beneficios fiscales y facilita el acceso a ayudas públicas.