Educación decide mantener un colegio de Zaragoza con 450 niños en medio de un barranco

La construcción de un muro perimetral de 1,2 metros de altura alrededor del colegio María Zambrano de Torrero, en Zaragoza, es solo una “medida complementaria de seguridad” ante las crecidas del barranco de la Muerte, que el 6 de julio registró una crecida que arrasó sus instalaciones por haber sido construido en zona inundable, como el llamado Tercer Cinturón, y para la cual “la medida principal es la regulación y desvío del cauce que se ha solicitado al Ayuntamiento de Zaragoza”.

Las explicaciones corresponden a la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, y constan en varias de las respuestas que ha emitido a una batería de preguntas parlamentarias del diputado autonómico de IU, Álvaro Sanz.

“Esta actuación se considera medida complementaria de seguridad”, señala en varias ocasiones la consejera, que asegura que en su departamento “no disponemos de más información sobre el informe que debe emitir la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)” ante la propuesta municipal por ser el organismo competente sobre la gestión de los cauces fluviales.

La idea de desviar el cauce procede de un estudio elaborado por dos ingenieros de los despachos Laboratorio de Ensayos Técnicos, S.L. (Ensaya) y EID Consultores, que propone “construir un canal que arranque en el barranco existente y que discurra por la parte trasera del colegio” y del cuartel de la Policía Local para desaguar en el Tercer Cinturón“, señala la consejera, quien anota que ”esta actuación u otra de protección del área que se considere oportuna, es competencia del Ayuntamiento de Zaragoza“.

Desviar un barranco para proteger un colegio en la capital

El consistorio, añade, trasladó a la consejería a primeros de agosto que “ha encargado con carácter de emergencia” un estudio que incluya una “caracterización hidrológica” de la barrancada, una “modelización de la cuenca del barranco y calibración de los resultados”, un “nuevo cálculo extremal (sic) y análisis de vulnerabilidad” y un “estudio de soluciones para la disminución del riesgo de inundación del área”.

La alusión a los cálculos se refiere en realidad a un cálculo de las distintas crecidas previsibles con los distintos periodos de retorno en el cauce, una estimación que normalmente se realiza con periodicidad de un año, un lustro, una década, cincuenta años, un siglo y cinco y diez siglos.

En cualquier caso, tanto los encargos del ayuntamiento como las primeras aportaciones de los ingenieros y las explicaciones de la Consejería de Educación presentan varios puntos de confluencia entre los que destaca uno: la presencia del colegio en el cauce del barranco entraña un grave riesgo de inundación y, en consecuencia, para la integridad física de sus usuarios, que resultan ser 450 niños, además del personal docente y el de servicios.

Lo cual, a su vez, no deja de encontrarse en sintonía con la resolución que en su día emitió El Justicia sobre la situación de riesgo del colegio María Zambrano que quedó constatada con la riada del 6 de julio.

La resolución del ‘ombusdman’ aragonés sugería al Ayuntamiento de Zaragoza que buscara solares “para un posible cambio de ubicación” del centro “de conformidad con las previsiones de suelo que establece el PGOU” y con “un estudio de riesgos naturales”, es decir, fuera de áreas inundables; reclamaba al Gobierno de Aragón “que facilite la tramitación del expediente de traslado” en “el menor plazo posible” y, también, proponía a ambos, a la CHE y a la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) que, “de forma coordinada (..) elaboren y pongan en marcha los protocolos necesarios de alarma y evacuación ante situaciones de riesgo como la acontecida”.

Cerrar una escuela con 21 niños en un pueblo

La batería de preguntas del diputado de IU incluía aspectos como la falta de materiales didácticos, que el ejecutivo considera solventadas, y las carencias de personal en el centro tras la riada, así como a las previsiones de informar de la situación a las familias y al personal, algo que ya ha comenzado a activar y que incluye un simulacro de evacuación realizado el 18 de septiembre.

La decisión del Departamento de Educación de alterar el medio natural en la capital para intentar dotar de seguridad a un colegio que se encuentra expuesto a riesgos naturales de calado, materializada en su apoyo al plan del ayuntamiento, que pretende nada más ni nada menos que el desvío de un barranco, contrasta con su posición en el pueblo de Caneto (Huesca), donde ha dejado a 21 niños sin clase argumentando que el edificio en el que se venían desarrollando las clases en los últimos cinco años resulta inseguro.

El problema tiene en realidad carácter documental, y político, obviamente, ya que la causa del cierre se encuentra en el proceso de legalización del solar sobre el que se levanta la escuela, cuya cesión al Ayuntamiento de La Fueva, del que depende Caneto, está incluida en el nuevo Plan Urbanístico, que el consistorio ha tenido que rehacer tras tumbar su redacción inicial el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Aragón) en un pleito relacionado con la instalación de parques de placas solares.

“Hay un grupo de alumnos matriculados en el CEIP La Fueva de la localidad de Tierrantona (Huesca) que están recibiendo el servicio educativo en unas dependencias no legalizadas en la localidad de Caneto”, señalaba la Dirección General de Planificación, Centros y FP del Gobierno de Aragón.

“No consta expediente alguno sobre el servicio escolar” en cuestión en sus archivos, aseguraba en una carta dirigida a los responsables de la escuela de La Fueva, que basaba su decisión de cerrar el espacio educativo de Caneto y ordenar el traslado de los alumnos a la capital del municipio en unos “informes de la Unidad Técnica de Construcción de ese Servicio Provincial, así como de la Inspección Educativa”.

Se trata de la misma Administración que, hasta donde se sabe, nunca advirtió de los riesgos de inundación en el María Zambrano ni puso peros a su construcción en el cauce del mismo barranco que ahora, años después, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza sostienen que hay que desviar.