¿Por qué no contesta el Gobierno al clamor popular sobre la corrupción?, ¿es qué no piensan hacer nada?, ¿están paralizados, atemorizados, esperando a que escampe? Nada de eso. Están trabajando para buscar la impunidad. Es mucho más práctico. ¿Acaso no vienen sus mayores quebraderos de cabeza de no haber podido satisfacer la petición de Bárcenas de que arreglaran lo suyo? Sólo esos jueces díscolos están empeñados en complicarles la agenda. Es algo consustancial al poder que roza sus cotas de desvergüenza más altas en momentos políticos determinados, sobre todo cuando el Tercer Poder se acerca demasiado a las meninges del Primero. Así sucedió en Italia con Berlusconi, así está a punto de suceder en España.

A la chita callando Gallardón está haciendo el trabajo sucio mientras nos despistamos en el juego de malabares de la cochambre y el lodo que cada día nos muestra una actuación judicial aquí, una comisión rogatoria allá. El pasado viernes el Gobierno aprobó remitir a las Cortes el anteproyecto de Ley que masacrará la independencia del Poder Judicial y facilitará una impunidad mayor para los políticos que en el futuro pudieran tener problemas. Desactivados los jueces, con la instrucción en manos de fiscales obedientes, un infierno poco parecido al Estado de Derecho nos acecha.

Gallardón no es que vaya a reformar el órgano de Gobierno de los jueces, es que lo va a sustituir por otra cosa diferente a la diseñada por la Constitución y, a la par, reformará la faz de la Justicia sobre el terreno y dejará su impronta en la Administración de Justicia de nuestro país hasta el punto de que no sea reconocible tras su paso. Sólo que alterará cuestiones básicas para el funcionamiento del Estado de Derecho, sin diálogo, sin pacto social, sin el consentimiento ni siquiera de sus votantes dado que no lo llevaba el PP en su programa electoral... Todo esto qué mas da. El fin justifica los medios y que mejor fin que terminar de una vez por todas con la perpetua amenaza de un Poder Judicial independiente al que ni él ha podido manejar.

La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, lleva adherida la etiqueta de “asociación conservadora” y, con más agresividad, el sambenito de ser la correa de transmisión del Partido Popular en la Judicatura. Ahora hacen frente común contra el intento del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de desactivar la separación de poderes y anuncian que están dispuestos a ir a la huelga si la puerta del diálogo sigue cerrada. María Teresa Sáez, su portavoz, que se faja estos días en la reivindicación sin paños calientes, avanza que tal vez Gallardón no sea el PP, y aspira a encontrar aún cordura y diálogo en el partido que llevaba en su programa sobre Justicia muchas de sus reivindicaciones y de las que sienten que han abjurado. La magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga viene a decir alto y claro que los jueces, conservadores o no, son jueces por encima de todo y que piensan luchar por su independencia que es la garantía del ciudadano y de todo el sistema democrático.

¿Cómo resumiría su opinión sobre las reformas de la Justicia llevadas por Gallardón al Consejo de Ministros?

El anteproyecto habla de una reforma que tiene un alto contenido político. No afecta a las estructuras para mejorar su funcionamiento sino que es un ataque en toda regla a la independencia del Poder Judicial y pretende un control político del órgano legítimo de gobierno de los jueces. Además supone un incumplimiento radical del programa electoral del Partido Popular respecto a la vuelta al sistema constitucional inicial de elección de vocales. Ni siquiera es una vuelta a los existente antes de 1985, no, es darle todo el control de la elección al Parlamento.

Gallardón vive para sus momentos faraónicos. No pudo pasar por Madrid sin cambiar su fisonomía y ya en su comparecencia ante la Comisión de Justicia en enero, nada más llegar al cargo, avanzó su intención de "cambiar la faz de la Justicia". Él piensa quizá que quedaría perfecto en un pedestal junto a Alonso Martínez y para ello ha emprendido un camino de cambios y contrarreformas. Una parte se encamina hacia la resolución de problemas reales a través de fórmulas que, al socaire de la crisis, pretenden hacer una Justicia que lamine a la clase media y a los jueces en cuanto Poder del Estado (tasas y reforma CGPJ) y un segundo paquete es directa y agresivamente ideológico que pasa por utilizar la apisonadora de la mayoría absoluta para imponer sin consenso contrarreformas que contenten al sector más duro del PP, el que él olvidó cultivar en los últimos años, el que necesita para seguir escalando el poder (reforma del aborto, reforma del Código Penal con la introducción de la cadena perpetua revisable y la custodia de seguridad, etc)

Llegó así pero se ha ido viniendo arriba. El inicial "no renuncio a buscar espacios de consenso" no hacía sospechar que fuera tan eficiente como para conseguir que lo hicieran todos pero contra él.

Pero su visión es grandiosa, conceptual, omnicomprensiva. Gallardón no se contenta con poco, Gallardón quiere convertir a un Poder del Estado, al Tercer Poder, en una parte de la Administración, que el Poder Judicial sea una parte de la Administración del Estado sometida directa o indirectamente al poder político. Empeño grandioso que ningún político hasta ahora, por mucho que lo hubiera deseado, se atrevió a esbozar. No será Guerra sino Gallardón el que remate a Montesquieu. Y lo hará con un equipo formado casi íntegramente por magistrados conservadores cuya connivencia sólo es comprensible desde la ceguera que produce el creer que tienen poder.

No hay día sin su afán ni día en el que el Gobierno Rajoy, a través de su Ministerio del Interior, no deje claro que su comprensión de los derechos y libertades es restrictiva y su actitud ante su ejercicio por parte de los ciudadanos, represiva.

Ya nos lo avanzó Mayor Oreja, y lo tomamos a chacota: no puede ser que en las televisiones se vean en directo las cargas policiales. Faltaría más. No ha tardado en salir a escena el propio director general de la Policía a decirnos que no, que no era una boutade, que están estudiando en serio modificar la Ley de Seguridad Ciudadana para prohibir “la captación, reproducción o tratamiento de imágenes, sonidos o datos de miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones cuando puedan poner en peligro su vida o en riesgo la operación”.

La falta de sensibilidad hacia los conceptos democráticos es hiriente. Prohibir la captación de esas imágenes presupone el establecimiento de un control preventivo y supone realizar una proyección de futuro sobre si esas imágenes supondrán un riesgo. En una democracia entre la libertad de información en un espacio público y su prohibición, no existe “un equilibrio que establecer” como se propone. Entre la libertad de expresión en un espacio público y su prohibición sólo existe censura. Y en su supuesto, además, censura previa que es la peor de las posibles.

Los excesos de la Policía y de los políticos acaban dándose de bruces contra el Estado de Derecho. Ha sucedido una vez más. Ignacio Cosidó, director general de la Policía, se iba de caña y avanzaba en la Comisión de Interior del Congreso una calificación de los hechos imputados a los detenidos en la manifestación del 25-S, de una gravedad inusitada: delitos contra las altas instituciones del Estado. En ese mismo y solemne foro, avanzó que los atestados de la Policía se habían instruido en el caso de los 35 detenidos por ese delito competencia de la Audiencia Nacional. Pero no ha sido así. Después de una incertidumbre que ha mantenido a estas personas durante más de 40 horas sin que tuviera lugar la puesta a disposición judicial, el juez Pedraz ha rechazado la competencia de ese órgano judicial ante unos atestados que relataban hechos que, en cualquier caso, serían constitutivos de delitos de atentado, lesiones, resistencia, desobediencia o desórdenes públicos. Nada que entre en las competencias de la Audiencia Nacional.

Dejando a un lado el nuevo patinazo de Interior -casi ya marca de la casa- nos encontramos ante un afán notorio del ministerio de forzar la llegada de la represión a la Audiencia Nacional. Un afán nada inocente. Los políticos, que huyen de este tribunal como de la peste cuando los procedimientos se refieren a ellos o a sus partidos, saben del potencial amplificador de la publicidad que lleva implícita. Ellos, que tantas veces se quejan en privado de que la “pena de telediario” es mucho mayor si la investigación compete a la Audiencia Nacional, querían ahora, claramente, aplicar ese altavoz de resonancia mediática al acervo intimidatorio que manejan. El mensaje era claro y querían para él la máxima repercusión: ojo con protestar, no nos vamos a andar con chiquitas. Claro que matar moscas a cañonazos tiene inconvenientes.

En este caso han vuelto a olvidar que el juez, los jueces, tienen un papel fundamental como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos. Y que lo ejercen. No les va a ser sencillo intentar presentarlos dentro de la rueda restrictiva en la que se mueven todas las decisiones que están tomando y todas las declaraciones que hacen. Quieren además utilizar los tribunales como amplificador propagandístico de sus intereses políticos forzando en ocasiones la presentación de detenidos y asuntos. Buscan conseguir su efecto y, luego, cuando el juez en aplicación de la Ley y actuando con independencia e imparcialidad, deja en libertad a los ciudadanos, entonces es el juez el que peca.