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Periodismo a pesar de todo

Elisa Beni

Con 23 años fui la directora más joven de un diario español y ahora escribo en el diario más joven. En medio he pasado por decenas de redacciones y aún así sigo amando el periodismo. Ahora vivo este periodo decisivo como analista y comentarista en Las Mañanas de Cuatro,El Gran Debate de T5, Julia en la Onda de Onda Cero, "Tiempo" y allí donde quieran una voz que cree en lo que dice.

Dinamitando la democracia

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Cuando conoces el sistema es fácil distinguir cada punto del proyecto de LOPJ que ha sido diseñado para disciplinar y sojuzgar la independencia del Poder Judicial y, por ende, asegurar una mayor impunidad para aquellos a los que el poder político determine. Un misil al centro mismo de la democracia. Ayer me decía un juez: "ese proyecto no pasará". Pero entendí que era más una incredulidad frente a la magnitud del ataque y la gravedad de las consecuencias que una creencia basada en datos. Cuenta además el Gobierno de Rajoy -me resisto incluso a servir de propagandista del malvado Gallardón- con que, tras unos días de marejadilla en los medios, un encogimiento de hombros general les permita perpetrar semejante desatino democrático. Saben que los que claman por la "democracia real" no se van a ensañar a falta de comprensión técnica de cómo funcionan los mecanismos instalados como bombas de relojería a lo largo de la Ley.

Pero basta conocer el funcionamiento del sistema, saber cuáles son sus puntos de resistencia, aquellos que los políticos han intentado roer cada vez que un caso se les atravesaba en la mandíbula, para detectar la forma en los que los dinamitan. Nos han dado el caramelo del aforamiento de las consortes -que no tienen ninguna función atribuida pero a las que damos la protección- para que nos desgañitemos y así, mientras, cometer el verdadero crimen.

Voy a intentar resumir aunque esto da para mucho análisis. En primer lugar se desmonta de forma total la carrera judicial. El término "carrera" aplicado a lo militar, a lo diplomático o a lo judicial no es gratuito. Refleja un diseño determinado por el que el individuo iba ascendiendo en determinadas categorías, por antigüedad básicamente, de forma que estos funcionarios determinados no pudieran ver su progresión profesional mediatizada por intereses políticos espurios. Ya no quedaban en la judicial más que tres de esas categorias, que fueron muchas más, pero con la nueva LOPJ no quedará ninguna. Todos jueces. ¿Qué significa esto? Que la progresión profesional se produce al ser elegido para determinadas plazas TODAS ya en manos de la elección del CGPJ y, por tanto, como todos sabemos, mediatizadas políticamente. Esto incluye la desaparición de los decanos, los únicos cargos elegidos democráticamente por los propios jueces y, por tanto, los únicos que eran capaces de ser incómodos y denunciar las cosas incluso frente al CGPJ. Fuera pues.

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El sindiós legislativo

Ya saben que tenemos un Gobierno de gente de codos. Opositores a carretadas, personas de orden y, nos sugieren, con la cabeza ordenada. Los más de ellos procedentes del mundo del Derecho. Formidable, si no fuera porque casi todos sus proyectos de ley acaban teniendo problemas técnicos. Es tal su afán de imponer ideológicamente su modelo que ni siquiera alcanzan a ver las líneas rojas que pisan y emborronan con una técnica legislativa puesta al servicio de sus deseos.

La nomografía se les enfanga. Eso sí, están consiguiendo que colectivos jurídicos de todo tipo se movilicen para enmendarles la plana, advertirles o hasta gritarles sobre el sindios que pueden liar si dejan que los proyectos de ley salgan tal y como han sido planteados.

Ya contábamos que la urgente bajada de pantalones ante el gobierno chino, además de aplacar a ese régimen tan democrático, causará daños colaterales en la persecución no sólo de otros delitos de jurisdicción universal sino de delitos de crimen organizado. Desde la Audiencia Nacional, la Fiscalía ha preparado un prolijo informe jurídico en el que se repasan, paso a paso, todos los atropellos que de esta reforma apresurada y poco pensada se derivarían y se lo ha enviado al fiscal general del Estado, a ver si para el desvarío y consigue mejorar técnicamente el dislate.

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Legislar a cañonazos

Son tan listos y, sobre todo, tan prepotentes que puestos a someterse a los chinos lo hacen por la vía rápida. A ser posible, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, o sea, sin consultar. Entrando como un elefante en una cacharrería, sin importarles un bledo llevarse por delante el concepto internacional que intenta cerrar los espacios de impunidad para crímenes tan atroces  relacionados con los derechos humanos que no pueden ser amparados por las meras fronteras físicas. Tal cosa es gravísima y, después de que el gobierno socialista ya se sometiera en su día y rebajara el listón, ahora prácticamente la hacen inoperante. Gravísimo. Como lo es contravenir las normas internaciones suscritas al respecto por España. Intolerable.

Pero es que aún es peor. Lo cierto es que para cargarse esta “justicia de progres”, que así es como la consideran los del PP, han tirado por el camino de en medio con urgencia y se van a cargar la posibilidad legal de perseguir crímenes de esos que la derecha considera “serios”. Lo han hecho tan rematadamente mal que al reformar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no sólo van a acabar con estas cosas de los derechos humanos de la izquierda, sino que van a dificultar gravemente la persecución de todo tipo de delincuencia trasnacional. Sí, señores del PP, también de esa que les importa tanto:  la trata de seres humanos, la piratería, las redes de prostitución, la ciberdelincuencia o la pornografía infantil y la mutilación genital femenina. Sí, incluso del terrorismo internacional.

Haciendo reformas a cañonazos van a contentar a los chinos y a todos los malos del mundo mundial. No lo digo yo. Los fiscales de la Audiencia Nacional andan que se suben por las paredes. Hay quien se preguntan si lo que buscan es cargarse definitivamente ese órgano al limitar de una forma tan brava sus posibilidades de actuación en la persecución de delitos que afecten al crimen organizado.

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Sepulcros blanqueados

La infanta Cristina, a la salida de su trabajo en la central barcelonesa de La Caixa. / Efe

Los estrategas jurídico-cortesanos han sacado a SAR la infanta Cristina de las brasas del evanescente tráfico de influencias para lanzarla al fuego del blanqueo de capitales. Y ahí le espera, con paseíllo o sin él, una larga y dura declaración como imputada que ni el bálsamo del amor ni la sombra paterna van a ahorrarle ya. El juez José Castro, al final, ha puesto el dedo en la llaga. La declaración llegará por unos delitos, por los que Manos Limpias la solicitó ya en marzo de 2012, y que él denegó, y que luego le fueron remitidos casi por encargo en un auto de sus superiores de la Audiencia.

De Aizoon a Nóos, sociedades diseñadas ambas para blanquear y disfrutar de dinero de origen ilícito y ocultado al fisco. Un camino que quizá se hubiera podido evitar con una declaración, esa sí, voluntaria, al principio del procedimiento, pero tiralevitas tiene el Estado que han puesto las cosas en el lugar en el que ahora están para martirio de Zarzuela y satisfacción –en este caso, nada malsana– de los que aún queremos tener una chispa de fe en el Estado de derecho.

De los dos delitos a los que ahora se enfrenta la infanta, hay uno en el que le han cubierto ya enormemente las espaldas. Las interpretaciones realizadas por la Agencia Tributaria, los escritos de la Fiscalía, le dan un más que amplio colchón para rebotar mullidamente sobre esta acusación. Cuestión distinta es el blanqueo de capitales. La cosa se le pone mucho más difícil en este campo, a pesar de los intentos de su catedrático metido a letrado por intentar exonerarla atendiendo a su no conocimiento de la actividad.

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Y, además, legalizan a los proxenetas

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Los proxenetas reciben un trato demasiado considerado del Gobierno.

Hasta la semana pasada nadie había descubierto que el nuevo Código Penal de Gallardón ocultaba más sorpresas. Una, muy desagradable, consistente en alterar la redacción de los artículos en los que se penaba el proxenetismo y la explotación sexual para darles una redacción en la que, de facto, los burdeles de lujo y los grandes empresarios del sexo quedarían exonerados penalmente al hacer desaparecer de ellos el concepto de "explotación sexual".

Lo iban a colar de rondón. De hecho esta transformación del actual artículo 188 del CP en un nuevo 187 con una redacción diferente, no estaba incluida en el anteproyecto que se remitió al CGPJ y al Consejo de Estado para su preceptivo informe. Por lo tanto, nadie se ha pronunciado sobre la idoneidad de un cambio que ha hecho saltar las alarmas en las asociaciones de defensa de las mujeres y en el Parlamento. De hecho, la diputada socialista Ángeles Álvarez preguntará este miércoles en la sesión de control al Gobierno por qué el Gobierno pretende legalizar el proxenetismo de esta manera.

La redacción actual de este tipo penal incluye las penas de 2 a 4 años de prisión para "el que se lucre explotando la prostitución de otra persona aún con el consentimiento de la misma". Y, atención, señores críticos de mi artículo anterior, que aquí ni siquiera estamos hablando de libertad sexual o no de la prostituta sino de quien se lucra de ella.

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Abolir la prostitución

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Ustedes que luchan denodadamente por impedir que seres humanos desesperados atraviesen una línea imaginaria entre el futuro y la miseria, lo hacen con tanto empeño que no dudan en desgarrarles no solo los sueños sino la carne misma. No veo, sin embargo, que estén dispuestos a poner el mismo ahínco en que los tratantes de carne humana llenen de esclavas sexuales nuestras calles, los prostíbulos y hasta el último y sórdido burdel de carretera alumbrado con fluorescentes que señalan nuestra vergüenza como sociedad.

Andan ahora preocupados por si la iniciativa abolicionista francesa que ha llevado a la Asamblea Nacional a aprobar esta semana pasada una “Ley para la lucha contra el sistema de prostitución” va a trasladar a parte de esas mujeres a España. Mejor sería preocuparse por cual es nuestro papel en la lucha contra la esclavitud del siglo XXI, contra los tratantes de mujeres y niñas, contra esos datos que nos convierten en el segundo país de Europa, después de Italia, en número de esclavas sexuales.

Francia ha vuelto a sus orígenes abolicionistas, una actitud que ya inició en 1946 con la ley que ponía fin a las “maisons closes” y que ha ido oscilando desde entonces hasta esta misma semana. Ahora lo hacen con datos en la mano, en concreto con los resultados obtenidos en Suecia después de la entrada en vigor de la ley abolicionista de penalización del cliente de 1.999, ampliada en 2002. En cinco años Estocolmo ha visto descender en 2/3 su número de prostitutas y en un 80% el número de clientes de la prostitución. Justo lo contrario de lo ocurrido en las tres últimas décadas del siglo XX en las que la apertura libre de “saunas” sexuales había propiciado un incremento de la actividad de las mafias y de las mujeres tratadas. Este cambio de actitud en la sociedad sueca, que fue adoptado en un Parlamento en el que el 50% de las diputadas eran mujeres, no ha sido fácil.

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Sensación de impunidad

Los ciudadanos manejan ya una sensación tan persistente de que los poderosos tienen bula, de que son y se sienten impunes, que lo contemplan casi como un axioma. En los últimos días el aluvión de actualidad que les ha movido a revolverse ha sido enorme. Por una parte el procesalmente inaudito escrito del fiscal para ejercer de abogado de la infanta sin que el juez le hubiera dado vela en el entierro. “La memoria es frágil”, comenzaba Horrach su hazaña, pero la de la sociedad que ve, aún sin saber, como se altera la lógica de un procedimiento a favor de la hija del Rey, esa memoria es de hierro. Sensación de impunidad.

O la sentencia del “Prestige”, en la que pese a que el tribunal afirma que “se han demostrado negligencias, incurias, y modus operandi inaceptables” nos acaba reconociendo que después de diez años de instrucción “se han probado aspectos adjetivos pero no los sustanciales desde la perspectiva del derecho penal”, así que nos dejan huérfanos de condenas y de justicia material. Sensación de impunidad.

O vemos la actitud de la Generalitat y de los Mossos ante los hechos de El Raval y nos acordamos de los indultos a los torturadores y seguimos sintiéndola. Sensación de impunidad. O.... vayan añadiendo. Cada uno tendrá su momento preferido.

He elegido tres en los que verán como el Poder Judicial sigue en sus trece y como es el poder político el que va poniendo las chinas para griparlo. Muy significativa la forma de hacerlo en el caso del “Prestige”, paradigma de cómo diferir las responsabilidades políticas en el resultado de un proceso penal y cuando éste resulta fallido desde ese exclusivo punto de vista pretender que supone un aval sobre toda la gestión política del suceso.

Pero además de la búsqueda de la impunidad a posteriori, también hemos disfrutado de unos cuantos casos de cómo se protegen los políticos ante los ciudadanos para seguir siendo una casta intocable e inviolable. Aquí debe constar el juicio del “Caso Barcina” en el que, agarrando el rábano por las hojas, se piden en la Audiencia Nacional cinco años de prisión por unos hechos que en Francia les costaron 800 euros a los que pusieron a Sarkozy enciscado en tarte à la crème. O el propio anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que pretende blindar a los que ostentan el poder frente a casi todo tipo de protesta o reconvención ciudadana que les resulte molesta mediante una disuasión que es amedrantamiento.

Por eso cuando ha llegado el desgarro y el reparto de la túnica de la Justicia a manos de casi todas las fuerzas parlamentarias, cuando incluso los que saben que la reforma mediante la cual Gallardón ha terminado de someter al Poder Judicial al poder político no puede ser constitucional, cuando incluso esos han participado en el escarnio; la sensación de impunidad se envuelve de desaliento porque nos despeñamos hacia un vacío que nos dejará con una democracia aún más débil y maltrecha y porque, nadie lo duda, si se quiere el poder es para usarlo y si se quiere usar en este ámbito es para procurarse la impunidad propia y la purga del enemigo.

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¡Sentencias a ellos!

Hay una parte de mí que muy gustosamente se explayaría aquí sobre esa fórmula consistente en confundir los servicios públicos con los cortijos privados, explotarlos como tales y conseguir hundirlos sin que los daños alcancen más que a los pardillos y sin una sola responsabilidad política. Esos magníficos gestores, ya saben. Habrá muchos colegas altamente cualificados que lo recrearán con lujo de detalles.

No obstante, en el cierre a sangre fría de Canal 9 laten aún otras cuestiones que no quiero dejar pasar por alto. La primera y primordial es ese desprecio íntimo, interno y asumido que tienen algunos gobernantes del PP por los tribunales y, aún más, por esos subalternillos que los componen y a los que desean someter. Esos, a los que los demás llamamos jueces. El anuncio del cierre del canal autonómico se produjo a las cinco horas de haberse hecho pública una sentencia del TSJV que obligaba a readmitir a los despedidos por el ERE. La reacción de Fabra, revestida desde luego de un argumento economicista, es todo un corte de mangas. ¿Que me vais a obligar vosotros a readmitir a nadie?,¿que me vais a decir como administro yo el cortijo? Pues, como puedo, os vais a quedar de un palmo porque lo cierro. Hubieran podido recurrir la sentencia en casación pero ni lo han intentado.

Y la sentencia, la sentencia tiene miga porque no es que les de un varapalo porque el ERE estuviera mal hecho, no, es que deja claro que se realizó con total desprecio de los representantes de los trabajadores y, sobre todo, que ni siquiera lo económico mandaba puesto que se desestimó y se impidió la oferta de cualquier otra opción que permitiera bajar la masa salarial. Las propuestas de reducciones salariales, reducciones de jornada, salidas temporales ni se pudieron debatir. Como dice el tribunal,  "los términos del despido colectivo estaba acotados de antemano y no había margen alguno para aceptar o asumir remedios menos traumáticos o de inferior coste social que no fueran el despido del 70% de la plantilla". Y creo que se puede afirmar sin riesgo a errar que tal actitud no fue debida a un "error" del Bufete Garrigues al que ahora cínicamente culpan. No, una actitud de desprecio tamaño a los representantes de los trabajadores sólo podía tener su origen en una indicación política.

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Vendrá el llanto y el chirriar

Nos indignaremos con las consecuencias pero pasaremos impasibles por los hechos que las provocaron. Así sucede invariablemente en este país y ellos lo saben. Lo saben y abusan de ello. Los políticos, fundamentalmente. Esta sucediendo ahora mismo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sabían que por mucho que se clamara aquí y allá denunciando que, en la práctica, supone una exterminación practicamente absoluta de la independencia del Poder Judicial, a la larga eso se diluiría y podrían hacerlo a su antojo. Lo están haciendo ya, de hecho. No solamente el partido que pasará a la historia como el rematador de Montesquieu -¡ay, Alfonso, quien te hubiera dicho!- sino también su partido rival que, tras denunciar y clamar contra la iniquidad que se cometía, al final ha pasado a negociar directamente su parte en la tarta con las reglas que ellos mismos han considerado y denunciado como indignas.

Andan en ello. Soraya Sáenz de Santamaría en persona carnal se ocupa directamente de ello. La vicepresidenta del Gobierno negocia aquí y allá quiénes gobernarán a los jueces y quién los presidirá y presidirá el Tribunal Supremo. Ahí es nada. Entre los candidatos que han recibido los avales de sus compañeros, algunos realmente pocos, ya los hay que están en la quiniela de los asegurados para ocupar una de las plazas de vocal en este el Consejo que consagrará el escarnio, la befa y la mofa de la independencia judicial. Y hay que decirlo, algunos son buenas personas, incluso amigos, pero no obstante habrá que afearles siempre que hayan puesto su ambición por delante de la dignidad. También hay que hacerlo con todos aquellos que han estampado su firma en los avales porque sabían que con ella estaban dando carta de naturaleza y legitimidad a un sistema del que ellos mismos han despotricado con indignación y rabia.

Mejor papel han hecho las asociaciones judiciales que se han negado a participar en el proceso aunque lo cierto es que sus asociados sí lo han hecho, lo que de alguna forma lo hace devenir en una protesta formal más que práctica. No los han expulsado, eso está a la vista.

Y luego ha existido un reducto de irreductibles galos. Sólo que estos no han salido ni en una tira cómica. De hecho se ha extendido un ninguneo casi total sobre ese grupo de jueces que decidieron mostrar su disconformidad con esta afrenta, que lo es al sistema democrático y lo es realmente a todos los ciudadanos, aunque se haga en sus personas como encarnadores de ese Tercer Poder encargado de vigilar a los otros, de ponerles coto, de corregir sus desmanes. Cierto es que no han salido a poner barricadas. Tampoco han incendiado la Plaza de la Villa de París. Eso les hubiera dado fotos y espacio. Pero no le pidamos peras al olmo. No son los de las puñetas revolucionarios al uso. Han hecho lo que han considerado una forma de protesta compatible con sus obligaciones y, creanme, conociéndolos, han hecho mucho.

El sábado pasado culminaron las elecciones paralelas al Consejo General del Poder Judicial realizadas según marca originariamente la Constitución Española y tal y como el PP llevaba en su programa electoral antes de traicionarlo como es hábito. Doce vocales judiciales elegidos democráticamente por los propios jueces. Y lo hicieron, no podía ser menos, con formalidades legales y notario que dio fe. En estas elecciones paralelas ni más ni menos que 17 candidatos superaron el apoyo de Rocio Pérez Puig que es la candidata oficial del sistema Gallardón que más apoyo ha recibido de sus compañeros. Esta magistrada ha concurrido respaldada por la firma de de 210 jueces mientras que en las elecciones protesta los ha habido que han obtenido más de 600 votos de sus compañeros. Ha habido 1093 jueces españoles que han querido demostrar con esta iniciativa su absoluto desacuerdo con una reforma que sólo busca conseguir que, finalmente, en este país sólo haya un poder, el Ejecutivo, cuyos tentáculos controlen totalmente el sistema.

Yo no soy de mayorías silenciosas  y por eso no entiendo porqué habríamos de silenciar el testimonio de los que no han querido no sólo participar en la barbaridad que perpetra el Gobierno, con el concurso de la oposición, sino mostrar de una forma activa y visual su desacuerdo frontal. Por eso tenía que escribir este artículo para poder reflejar que este Consejo virtual salido de la voluntad de jueces no dispuestos a dejar que esto suceda en silencio y que lo han hecho a sabiendas de que sólo tiene el sentido simbólico de mostrar que la carrera judicial no está de acuerdo con que la independencia, esa garantía que tenemos todos los ciudadanos de ser iguales ante la Ley, sea masacrada. Sólo por eso se merecen nuestro respeto.

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Así funciona esto

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A veces parece que, cuando discutimos teóricamente sobre la perversión del sistema que supone la politización del CGPJ, perdemos la dimensión real de por qué este reparto de cromos del sistema interesa a los partidos y, sobre todo, supone una agresión a los ciudadanos.

La decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Gerardo Martínez Tristán, de avocar a Pleno la resolución de los recursos presentados contra la privatización sanitaria es un ejemplo de manual de cómo funciona la manipulación que el poder quiere realizar de la Justicia, que no es tan burda como para pasar por la compra/presión de los jueces sino por la utilización de los resquicios del procedimiento para obtener los fines deseados.

La privatización de la Sanidad estaba siendo estudiada por los integrantes de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con los resultados que hasta ahora hemos visto. Unos resultados que al PP y a la Comunidad de Madrid les tenían muy satisfechos. Todo quieto en apariencia, pero no duden de que han estado buscando una grieta desesperadamente, un resquicio legal, algo que permitiera intentar cambiar las tornas. La situación se ha producido cuando un nuevo recurso, de un sindicato, ha entrado en la Sección Octava y ésta lo ha rechazado. ¡Vaya!, dicen, disparidad de criterios. ¡Vaya! les digo yo, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM se han llevado durante años recursos atinentes a miles de asuntos, algunos graves como los de extranjería, con resultados diversos e intentos de unificación de doctrina llevados a trancas y barrancas. Héteme aquí que un recurso volandero inadmitido por la presidenta de una Sección que, según cuentan, quiere ser votada por el CGPJ para el Tribunal Supremo, permite afirmar que hay disparidad de criterios.

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