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Periodismo a pesar de todo

Elisa Beni

Con 23 años fui la directora más joven de un diario español y ahora escribo en el diario más joven. En medio he pasado por decenas de redacciones y aún así sigo amando el periodismo. Ahora vivo este periodo decisivo como analista y comentarista en Las Mañanas de Cuatro,El Gran Debate de T5, Julia en la Onda de Onda Cero, "Tiempo" y allí donde quieran una voz que cree en lo que dice.

Degeneración

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. / Efe

La degeneración del sistema democrático diseñado en la Constitución del 78 ha quedado finalmente desvelada en toda su crudeza. Parece que hasta los más sordos de sus perpetradores se han ido dando cuenta. Ha hecho falta que les pusieran delante un fenómeno que no entienden aunque el fenómeno sólo tiene de inexplicable el que no haya sucedido antes.

Así que ahora saben que no queda otro remedio que dejar de hacer el tancredo. Claro que, como siempre, no hay ni examen de conciencia ni dolor de los pecados. Van a cumplir una penitencia. Rajoy ha dicho la palabra mágica: regeneración. Juego de trileros. Van a echar un pedacito de carne a la bestia pensando que así la tendrán entretenida al menos hasta que amaine el temporal. Ese empoderamiento ciudadano, ese afán de pedir limpieza y vuelta a la esencia democrática con el que se han encoñado ya pasará. Unos puestos de trabajo y un poco de consumo y todo volverá a su cauce.

Con total cinismo Rajoy dice "regeneración", e intenta colar en el paquete un pucherazo preelectoral, un desprotegimiento de quienes deben perseguir la corrupción y no de quienes puede corromperse y alguna otra finta vistosa para poder meter en los discursos electorales "aforados","indultos" o "iniciativa popular".

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Limpiar la gusanera

Son dos conceptos que oímos manejar de forma aislada y por diversos motivos por parte de los partidos mayoritarios. Regenerar. Reformar la Constitución. Lo hacen en unos casos con más convicción que en otros y, en todos, porque a la fuerza ahorcan y porque el tirón de orejas en las urnas les ha convencido de que algo práctico tienen que hacer para aplacar el clamor popular. Aún no se han dado cuenta de que hacer el gatopardo, cambiar para que todo siga siendo igual, no va a dar resultado.

Rajoy deja claro que ellos en todo caso pactarían un reforma que pusiera un parche a lo de Cataluña, el PSOE, sin embargo, propone cambiar el modelo de Estado hacia uno de corte federal y alguna cosa más. No será eso lo que convenza de que ha habido una regeneración verdadera.

La Constitución no ha sido reformada -excepto para imponernos el neoliberalismo- desde su promulgación pero ha sido toquiteada, sobeteada y emputecida durante todos esos años y a manos de casi todos los Gobiernos para conseguir que dijera lo que en cada caso interesaba. Aspectos sustanciales, no han sido cambiados siguiendo el rígido protocolo legal establecido, sino de rondón y a favor del poder casi siempre.

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Felipe VI y la casta

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Será un Rey, representará a una institución anacrónica y dificilmente explicable desde una racionalidad democrática, pero ha demostrado en su primer discurso que él o los que le rodean tienen más sensibilidad, más oído y más percepción de la realidad que la mayor parte de los políticos que le escuchaban desde los escaños.

Sí, Felipe VI le ha mandado unas andanadas a los miembros de la casta, a los que instalados en las poltronas le estaban escuchando, a los que niegan lo que sucede en la calle y piensan que con un poco más de bienestar todo el mundo se olvidará de todo lo que falla en el sistema. De acuerdo, un Borbón no es un antisistema, pero es que tampoco los que clamamos por la regeneración lo somos por mucho que el PP se empeñe en llamarnos extrema izquierda. Al menos no todos. Muchos queremos preservar el sistema democrático que es el único marco en el que nos vemos viviendo en libertad. Y para ello apostamos por iniciar la transformación "con la energía, la ilusión y el espíritu que inspira a los hombres y mujeres de mi generación". Yo soy de su generación. Yo le creo. Yo veo cómo los que hicieron la Transición no comprenden que aquel periodo se culminó y que ahora toca enraizarnos en la realidad del siglo XXI y crear nuevos consensos sociales capaces de ilusionar y de implicar a la mayor parte de ciudadanos. Sólo así tendremos futuro. Y sólo así la monarquía tendrá alguna posibilidad. No creo que él no lo tenga claro.

Y Felipe VI ha incidido en alguna de estas cosas. En la necesidad de limpieza y transparencia. En la renovación y limpieza institucional. "Revitalizar las instituciones", "primacía de los intereses generales", "fortalecer la cultura democrática". No son palabras. Son conceptos, máxime si los integras en un discurso de proclamación.

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Daños colaterales

No voy a dudar de la veracidad de las informaciones que aseveran que la decisión de abdicar fue tomada por el Rey a principios de año y de que tanto el presidente del Gobierno como el jefe de la oposición la conocen desde marzo. Entra dentro de la lógica de los "asuntos de Estado" que se pactara no hacerla pública hasta después de que se produjera la cita electoral prevista, con el objeto, supongo, de no convertir el debate Monarquía/República en un ítem de campaña, y también de que estuviera atado y bien atado cómo será la ley orgánica que confiera legalidad a lo que es una decisión soberana.

Asumamos que todo eso ha sido tejido y entretejido con toda la sibilina delicadeza que manejan aquellos que se creen llamados a proteger los destinos de la patria. Pensemos que eso incluye también la clarificación de la posible disputa sobre el alcance de la irresponsabilidad penal del Rey recogida en la Constitución para no dejarle al albur de las jaurías que pudieran querer ahora lo que no pudieron antes.Todo ello habría sido hábil y sabiamente pactado y sellado a nuestras espaldas y por nuestro bien antes de conocer la situación a la que nos llevarían estos comicios.

Y de ella es de la que quiero hablar ahora. De esas consecuencias políticas inevitables, sobre todo para la izquierda, que se derivan de un tránsito dinástico que se pretendía amarrado, rápido y con las menos consecuencias.

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Dinamitando la democracia

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Cuando conoces el sistema es fácil distinguir cada punto del proyecto de LOPJ que ha sido diseñado para disciplinar y sojuzgar la independencia del Poder Judicial y, por ende, asegurar una mayor impunidad para aquellos a los que el poder político determine. Un misil al centro mismo de la democracia. Ayer me decía un juez: "ese proyecto no pasará". Pero entendí que era más una incredulidad frente a la magnitud del ataque y la gravedad de las consecuencias que una creencia basada en datos. Cuenta además el Gobierno de Rajoy -me resisto incluso a servir de propagandista del malvado Gallardón- con que, tras unos días de marejadilla en los medios, un encogimiento de hombros general les permita perpetrar semejante desatino democrático. Saben que los que claman por la "democracia real" no se van a ensañar a falta de comprensión técnica de cómo funcionan los mecanismos instalados como bombas de relojería a lo largo de la Ley.

Pero basta conocer el funcionamiento del sistema, saber cuáles son sus puntos de resistencia, aquellos que los políticos han intentado roer cada vez que un caso se les atravesaba en la mandíbula, para detectar la forma en los que los dinamitan. Nos han dado el caramelo del aforamiento de las consortes -que no tienen ninguna función atribuida pero a las que damos la protección- para que nos desgañitemos y así, mientras, cometer el verdadero crimen.

Voy a intentar resumir aunque esto da para mucho análisis. En primer lugar se desmonta de forma total la carrera judicial. El término "carrera" aplicado a lo militar, a lo diplomático o a lo judicial no es gratuito. Refleja un diseño determinado por el que el individuo iba ascendiendo en determinadas categorías, por antigüedad básicamente, de forma que estos funcionarios determinados no pudieran ver su progresión profesional mediatizada por intereses políticos espurios. Ya no quedaban en la judicial más que tres de esas categorias, que fueron muchas más, pero con la nueva LOPJ no quedará ninguna. Todos jueces. ¿Qué significa esto? Que la progresión profesional se produce al ser elegido para determinadas plazas TODAS ya en manos de la elección del CGPJ y, por tanto, como todos sabemos, mediatizadas políticamente. Esto incluye la desaparición de los decanos, los únicos cargos elegidos democráticamente por los propios jueces y, por tanto, los únicos que eran capaces de ser incómodos y denunciar las cosas incluso frente al CGPJ. Fuera pues.

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El sindiós legislativo

Ya saben que tenemos un Gobierno de gente de codos. Opositores a carretadas, personas de orden y, nos sugieren, con la cabeza ordenada. Los más de ellos procedentes del mundo del Derecho. Formidable, si no fuera porque casi todos sus proyectos de ley acaban teniendo problemas técnicos. Es tal su afán de imponer ideológicamente su modelo que ni siquiera alcanzan a ver las líneas rojas que pisan y emborronan con una técnica legislativa puesta al servicio de sus deseos.

La nomografía se les enfanga. Eso sí, están consiguiendo que colectivos jurídicos de todo tipo se movilicen para enmendarles la plana, advertirles o hasta gritarles sobre el sindios que pueden liar si dejan que los proyectos de ley salgan tal y como han sido planteados.

Ya contábamos que la urgente bajada de pantalones ante el gobierno chino, además de aplacar a ese régimen tan democrático, causará daños colaterales en la persecución no sólo de otros delitos de jurisdicción universal sino de delitos de crimen organizado. Desde la Audiencia Nacional, la Fiscalía ha preparado un prolijo informe jurídico en el que se repasan, paso a paso, todos los atropellos que de esta reforma apresurada y poco pensada se derivarían y se lo ha enviado al fiscal general del Estado, a ver si para el desvarío y consigue mejorar técnicamente el dislate.

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Legislar a cañonazos

Son tan listos y, sobre todo, tan prepotentes que puestos a someterse a los chinos lo hacen por la vía rápida. A ser posible, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, o sea, sin consultar. Entrando como un elefante en una cacharrería, sin importarles un bledo llevarse por delante el concepto internacional que intenta cerrar los espacios de impunidad para crímenes tan atroces  relacionados con los derechos humanos que no pueden ser amparados por las meras fronteras físicas. Tal cosa es gravísima y, después de que el gobierno socialista ya se sometiera en su día y rebajara el listón, ahora prácticamente la hacen inoperante. Gravísimo. Como lo es contravenir las normas internaciones suscritas al respecto por España. Intolerable.

Pero es que aún es peor. Lo cierto es que para cargarse esta “justicia de progres”, que así es como la consideran los del PP, han tirado por el camino de en medio con urgencia y se van a cargar la posibilidad legal de perseguir crímenes de esos que la derecha considera “serios”. Lo han hecho tan rematadamente mal que al reformar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no sólo van a acabar con estas cosas de los derechos humanos de la izquierda, sino que van a dificultar gravemente la persecución de todo tipo de delincuencia trasnacional. Sí, señores del PP, también de esa que les importa tanto:  la trata de seres humanos, la piratería, las redes de prostitución, la ciberdelincuencia o la pornografía infantil y la mutilación genital femenina. Sí, incluso del terrorismo internacional.

Haciendo reformas a cañonazos van a contentar a los chinos y a todos los malos del mundo mundial. No lo digo yo. Los fiscales de la Audiencia Nacional andan que se suben por las paredes. Hay quien se preguntan si lo que buscan es cargarse definitivamente ese órgano al limitar de una forma tan brava sus posibilidades de actuación en la persecución de delitos que afecten al crimen organizado.

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Sepulcros blanqueados

La infanta Cristina, a la salida de su trabajo en la central barcelonesa de La Caixa. / Efe

Los estrategas jurídico-cortesanos han sacado a SAR la infanta Cristina de las brasas del evanescente tráfico de influencias para lanzarla al fuego del blanqueo de capitales. Y ahí le espera, con paseíllo o sin él, una larga y dura declaración como imputada que ni el bálsamo del amor ni la sombra paterna van a ahorrarle ya. El juez José Castro, al final, ha puesto el dedo en la llaga. La declaración llegará por unos delitos, por los que Manos Limpias la solicitó ya en marzo de 2012, y que él denegó, y que luego le fueron remitidos casi por encargo en un auto de sus superiores de la Audiencia.

De Aizoon a Nóos, sociedades diseñadas ambas para blanquear y disfrutar de dinero de origen ilícito y ocultado al fisco. Un camino que quizá se hubiera podido evitar con una declaración, esa sí, voluntaria, al principio del procedimiento, pero tiralevitas tiene el Estado que han puesto las cosas en el lugar en el que ahora están para martirio de Zarzuela y satisfacción –en este caso, nada malsana– de los que aún queremos tener una chispa de fe en el Estado de derecho.

De los dos delitos a los que ahora se enfrenta la infanta, hay uno en el que le han cubierto ya enormemente las espaldas. Las interpretaciones realizadas por la Agencia Tributaria, los escritos de la Fiscalía, le dan un más que amplio colchón para rebotar mullidamente sobre esta acusación. Cuestión distinta es el blanqueo de capitales. La cosa se le pone mucho más difícil en este campo, a pesar de los intentos de su catedrático metido a letrado por intentar exonerarla atendiendo a su no conocimiento de la actividad.

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Y, además, legalizan a los proxenetas

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Los proxenetas reciben un trato demasiado considerado del Gobierno.

Hasta la semana pasada nadie había descubierto que el nuevo Código Penal de Gallardón ocultaba más sorpresas. Una, muy desagradable, consistente en alterar la redacción de los artículos en los que se penaba el proxenetismo y la explotación sexual para darles una redacción en la que, de facto, los burdeles de lujo y los grandes empresarios del sexo quedarían exonerados penalmente al hacer desaparecer de ellos el concepto de "explotación sexual".

Lo iban a colar de rondón. De hecho esta transformación del actual artículo 188 del CP en un nuevo 187 con una redacción diferente, no estaba incluida en el anteproyecto que se remitió al CGPJ y al Consejo de Estado para su preceptivo informe. Por lo tanto, nadie se ha pronunciado sobre la idoneidad de un cambio que ha hecho saltar las alarmas en las asociaciones de defensa de las mujeres y en el Parlamento. De hecho, la diputada socialista Ángeles Álvarez preguntará este miércoles en la sesión de control al Gobierno por qué el Gobierno pretende legalizar el proxenetismo de esta manera.

La redacción actual de este tipo penal incluye las penas de 2 a 4 años de prisión para "el que se lucre explotando la prostitución de otra persona aún con el consentimiento de la misma". Y, atención, señores críticos de mi artículo anterior, que aquí ni siquiera estamos hablando de libertad sexual o no de la prostituta sino de quien se lucra de ella.

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Abolir la prostitución

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Ustedes que luchan denodadamente por impedir que seres humanos desesperados atraviesen una línea imaginaria entre el futuro y la miseria, lo hacen con tanto empeño que no dudan en desgarrarles no solo los sueños sino la carne misma. No veo, sin embargo, que estén dispuestos a poner el mismo ahínco en que los tratantes de carne humana llenen de esclavas sexuales nuestras calles, los prostíbulos y hasta el último y sórdido burdel de carretera alumbrado con fluorescentes que señalan nuestra vergüenza como sociedad.

Andan ahora preocupados por si la iniciativa abolicionista francesa que ha llevado a la Asamblea Nacional a aprobar esta semana pasada una “Ley para la lucha contra el sistema de prostitución” va a trasladar a parte de esas mujeres a España. Mejor sería preocuparse por cual es nuestro papel en la lucha contra la esclavitud del siglo XXI, contra los tratantes de mujeres y niñas, contra esos datos que nos convierten en el segundo país de Europa, después de Italia, en número de esclavas sexuales.

Francia ha vuelto a sus orígenes abolicionistas, una actitud que ya inició en 1946 con la ley que ponía fin a las “maisons closes” y que ha ido oscilando desde entonces hasta esta misma semana. Ahora lo hacen con datos en la mano, en concreto con los resultados obtenidos en Suecia después de la entrada en vigor de la ley abolicionista de penalización del cliente de 1.999, ampliada en 2002. En cinco años Estocolmo ha visto descender en 2/3 su número de prostitutas y en un 80% el número de clientes de la prostitución. Justo lo contrario de lo ocurrido en las tres últimas décadas del siglo XX en las que la apertura libre de “saunas” sexuales había propiciado un incremento de la actividad de las mafias y de las mujeres tratadas. Este cambio de actitud en la sociedad sueca, que fue adoptado en un Parlamento en el que el 50% de las diputadas eran mujeres, no ha sido fácil.

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