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Eustaquio Villalba

Geógrafo, portavoz de ATAN.

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Carta abierta a la presidenta del Cabildo herreño

Estimada señora presidenta del Cabildo de El Hierro: El motivo para dirigirme a usted de manera pública como portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) es reiterarle, en primer lugar, nuestro decidido apoyo al proyecto de un Parque Nacional, el primero exclusivamente marítimo de la red nacional de parques. Y, al mismo tiempo, manifestarle nuestra perplejidad por los obstáculos que pone para que el proyecto sea la guinda que corone un modelo sostenible para toda la isla. La creación de este parque ha sido apoyada por las instituciones públicas,  científicos, naturalistas, la mayoría de los partidos políticos, las asociaciones conservacionistas y muchísimos ciudadanos, no solo herreños. Los argumentos favorables al parque son múltiples y abrumadores, están recogidos en la documentación previa a su propuesta, sin embargo hay que utilizar las ventajas de la Red para intentar conocer los argumentos que el Cabildo y su presidenta han utilizado para justificar el evidente boicot que están haciendo a este proyecto.

En junio del año 2016 usted fue entrevistada en el programa  “Roscas y Kotufas” de la  Radio Autonómica. El entrevistador, Kiko Barroso, hace una introducción donde da por hecho que este proyecto del Organismo autónomo de Parques Nacionales es una buena noticia para el Hierro y, en su primera respuesta, usted deja claro lo contrario: su vehemente oposición. Pero también deja patente que sustituye los argumentos por juicios de intenciones cuando  atribuye a intereses electoralistas  la presentación del proyecto por el Gobierno -que estaba en funciones en aquellos momentos- como si por ello rebatiera los argumentos contenidos en los informes que avalan la creación de este parque nacional. El segundo falso argumento en contra del parque marítimo es que la población del Hierro no ha sido consultada, pero usted no especifica qué es lo que hay que consultar ni como se hará esa participación del pueblo herreño. Tampoco dice si esa consulta es vinculante o si, por el contrario,  la decisión final corresponde  de la presidenta.  Posteriormente lo ha aclarado: la última palabra la tiene Belén Allende.

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El consejero que no sabía nada

El consejero del área de Medio Ambiente del cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena accedió a esta responsabilidad en las últimas elecciones tras la alianza del CC con el PSOE. Este profesor de universidad consideró que esta consejería no requería mucha dedicación y decidió incrementar el sustancioso sueldo que recibe del cabildo con los procedentes del ejercicio de su profesión de arquitecto técnico. Tan elevada consideración de sus capacidades, su convencimiento de que necesitaba dedicar solo parcialmente su tiempo a gestionar su área, le ha llevado a un “fatal error” que propició que ignorara las responsabilidades de su consejería. Él mismo ha reconocido que en el área de Medio Ambiente no sabían que la piscifactoría que gestionaba carecía del permiso. "Pensábamos que se estaba actuando de una forma correcta". (Por no saber, no sabía que el cabildo no tiene competencias para controlar las piscifactorías, ya estén en tierra o en el mar, la administración responsable es la Consejería de Pesca). Pensaba que actuaba de manera correcta, pero su obligación, para eso le pagamos su sustancioso sueldo los ciudadanos, era y es comprobar como responsable de la consejería que su gestión se hace conforme a la legalidad, es su responsabilidad.

Ignoraba el señor consejero que esta instalación de cría de truchas incumplía las más elementales normas sanitarias, que el cabildo era un vendedor de pescado sin control veterinario, las aguas utilizadas en la crianza de los peces era vertida en los canales de consumo sin que previamente fueran tratadas, no sabía que se utilizaban antibióticos para la prevención de enfermedades en los peces sin ningún tipo de control por parte de su consejería y, por supuesto, ignoraba que estos productos junto con los excrementos y restos de los piensos utilizados para su alimentación terminaban siendo distribuidos para su consumo por el canal del Norte, todo esto ha sido una sorpresa para el pluriempleado consejero de Medio Ambiente del cabildo de Tenerife.

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La disparatada propuesta del Cabildo de Tenerife: un circuito para coches y una línea ferroviaria

La isla de Tenerife carece de una infraestructura suficiente para el tratamiento de las aguas residuales, la sanidad está en el furgón de cola, los centros de enseñanza necesitan urgentes mejoras, las canteras ilegales y las machacadoras están destrozando el territorio, la salud pública puesta en peligro por una piscifactoria inexplicable e inexplicada, la proliferación de especies exóticas está transformando el paisaje vegetal, la gestión de los espacios naturales es nefasta, no se afrontan los problemas creados por el crecimiento del sector turístico, etcétera, etcétera. Y, ante esta situación, el Cabildo ha decidido que lo prioritario es invertir en un proyecto para hacer un tren y un circuito de carreras de vehículos a motor en el sur de la isla. Increíble, pero cierto.

En una recientes declaraciones, su presidente afirmaba que no hay que poner límites al crecimiento, demostrando con ello su ignorancia hasta de las leyes de la física, pues ningún crecimiento exponencial, y mucho menos los económicos, son sostenibles en el tiempo. Por eso, hay que poner límites al número de visitantes que acceden la Rambleta con el teleférico, a las capturas de pesca o al número de turistas que puede recibir la isla para que no colapsen su patrimonio natural y sus infraestructuras públicas. Por ejemplo, la red de saneamiento, cuando existe, no es capaz de hacer frente al aumento del caudal a tratar y se vierten aguas sin depurar hasta en las playas más emblemáticas, como ocurre en El Médano o Las Américas. La razón de este modelo económico es evidente, basta preguntarnos a quién beneficia, quienes son los que ganan apostando por esta vía. La respuesta es clara: los especuladores (no los empresarios) y los políticos que han hecho del servicio público una profesión de rápido ascenso social y económico.

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Es incompatible ser de izquierda y ser nacionalista

La incompatibilidad es de origen, puesto que las ideologías políticas se construyen en base a datos y argumentos, por el contrario, el nacionalismo es un sentimiento y, como todos los sentimientos, es ajeno al mundo de lo racional. Eso explica que pueda ser nacionalista todo el espectro político, desde la extrema “izquierda” como es el caso de Eta, a la extrema derecha, como como fue la dictadura franquista. Esto es una razón más que suficiente para que el nacionalismo no tenga cabida en una ideología política que se defina de izquierda, no en vanos este pensamiento político tomó forma en el Siglo de la Razón. Además, si recurrimos a la historia resulta más evidente la incoherencia. Durante la revolución francesa se dio el nombre de izquierda a la ideología política que defendía la igualdad, sin diferencias de clase social o posición económica, la libertad de expresión y asociación, la separación de poderes y los derechos individuales. Esta izquierda entendía el concepto de nación como el conjunto de ciudadanos libres que eligen tener una ley común, una constitución, y esto valía para los habitantes de cualquier territorio, aunque pertenecieran a reinos distintos y/o hablaran diferentes idiomas.

A comienzos del siglo XIX la deriva conservadora de la revolución francesa hizo posible el periodo napoleónico que dio lugar a dos fenómenos: uno, la extensión a nuevos territorios de la ideología de izquierda en toda Europa y dos, propició el nacimiento de un nacionalismo nacido de la lucha contra el francés. La élites conservadoras, como fue el caso del reino de España, se apresuraron a denigrar esta ideología política como algo extranjero, ajeno a las tradiciones y contrario a los preceptos de la iglesia. Este nacionalismo cobraría auge en los años siguiente, cuando los conservadores convirtieron el patriotismo en su seña de identidad y, para la derecha política, la patria estaba por encima de los derechos de los individuos. Por el contrario, la izquierda acentuaba su carácter internacionalista celebrando reuniones, las Internacionales, promoviendo partidos y sindicatos en los que no había diferencias en función del lugar de nacimiento. El objetivo estaba claro, lo que buscaban era la liberación de todos los oprimidos y, de manera inmediata, intentar mejorar las condiciones de vida de la creciente clase obrera exigiendo el derecho al voto universal, algo que consideraban totalmente necesario para cambiar la situación de los más desfavorecidos.

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El pseudodebate sobre la declaración del Parque Nacional marino en El Hierro

España se encuentra entre los primeros países que aprobaron la creación de parques nacionales, el 8 de diciembre 1916 se publicó la ley en el BOE y decía: “Son Parques Nacionales aquellos sitios o parajes excepcionalmente pintorescos,- forestales ó agrestes del territorio nacional, que el Estado consagra, declarándoles tales, con el exclusivo objeto de favorecer su acceso por vías de comunicación adecuadas, y de respetar y hacer que se respete la belleza natural de sus paisajes, la riqueza de su fauna y de su flora y las particularidades geológicas é hidrológicas que encierren, evitando de este modo con la mayor eficacia todo acto de destrucción, deterioro ó desfiguración por la mano del hombre. Art. 3. El Ministro de Fomento creará los Parques Nacionales, de acuerdo con los dueños de los sitios, reglamentará los que vaya creando, y consignará en sus Presupuestos las cantidades necesarias para vías de comunicación y sostenimiento de todos ellos.” Desde el primer momento los objetivos están claros: en primer lugar la preservación de entornos singulares que conservan poco alterado su patrimonio natural y en segundo lugar contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio afectado por la declaración y la financiación por la administración pública. Pero los avatares de la historia de España en los años siguientes paralizaron la creación de la red de parque nacionales y hubo que esperar al año 1954 para que se aprobaran los dos primeros parques canarios, primero el de El Teide, pocos meses después el de La Caldera de Taburiente; en 1974 el de Timanfaya y en 1981 se aprobó el de El Cedro. Nadie discute los beneficios que estos parques en las islas que tienen la suerte de disfrutar de uno de ellos. Es cierto que la protección de los territorios y los ecosistemas que albergan puede suponer restricciones que afecten a unos pocos en beneficio del conjunto de la sociedad, es lo que ocurrió en El Teide con la prohibición de la ganadería en todo el parque. Está demostrado científicamente que esta medida ha permitido una mejora sustancial de la su flora y su fauna, los ayuntamientos afectados han recibido importantes inversiones y se ha convertido en parte sustancial del atractivo turístico de Tenerife.

Desde hace mucho años expertos, científicos y naturalistas han señalado la conveniencia de completar la red de Parques Nacionales incorporando espacios marítimos singulares y afortunadamente Canarias, en concreto la isla de El Hierro, reúne las condiciones que justificarían el quinto parque nacional en el archipiélago. El apoyo ha sido tan unánime que se aprobó la propuesta por la totalidad de los grupos parlamentarios nacionales. La sorpresa ha saltado por la oposición de la presidenta del cabildo, Belén Allende, a este reconocimiento de la calidad ambiental del litoral de la isla, a la de una imagen de isla respetuosa con el medio ambiente, a inversiones para estudios científicos, a mejoras de la vigilancia medioambiental, a inversiones en infraestructuras en los municipios, etc, y todo ello sin dar ninguna razón convincente, más allá de decir que lo tiene que consultar y discutir con los herreños y sin dejarles claro qué es lo que se discute y, al mismo tiempo afirma que la última palabra la tiene el cabildo.

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La sentencia de Las Teresitas, un guión para una novela negra

La lectura de las 169 páginas de la sentencia sobre el caso de Las Teresitas (un pelotazo de libro, según la fiscala) deja bien claro la manera de actuar de gran parte de la clase política y empresarial de las Islas y, en concreto, las de Tenerife. Su objetivo, según el tribunal, era obtener los mayores beneficios a costa del dinero de los contribuyentes. Los principales protagonistas de este caso de saqueo de las arcas públicas son el delincuente -condenado por delito ambiental en el caso de los “hoyos” de Güímar- Antonio Plasencia; Ignacio González, su socio en este negocio; y el exalcalde de Santa Cruz Miguel Zerolo. La sentencia deja bien claro la connivencia entre estos empresarios, Coalición Canaria y representantes de los otros dos partidos que se han repartido el poder en Tenerife: el Psoe y el PP. Pero esta banda corrupta no hubiese podido hacerlo sin la colaboración activa de otros personajes y de otras instituciones que, a pesar de no figurar entre los condenados, han jugado un papel fundamental en la trama, tanto que sin ellos no hubiese sido posible. Es el caso del entonces presidente de la Caja de Ahorros, cargo al que accedió por su militancia en Coalición Canaria, Rodolfo Núñez y el arquitecto al servicio de Antonio Plasencia José Ángel Domínguez Anadón.

Según la sentencia, el entonces presidente de la Caja, concedió el millonario crédito a una sociedad sin constituir y cuyos dos socios eran el empresario Antonio Plasencia y un testaferro Ignacio González. Lo hizo sin exigir ninguna garantía, pues como dice la sentencia les bastó la solvencia personal de los solicitantes, y sin que fuera óbice la disconformidad del Banco de España con esa incomprensible operación financiera, la mayor en la historia de la Caja. La relevancia de su papel lo evidencia la sentencia que nombra a Rodolfo Núñez en catorce ocasiones. La primera cita está en la página once para decir claramente que Miguel Zerolo, miembro del consejo de administración de la entidad financiera, se sirvió “de la ayuda de Rodolfo Núñez, Presidente de la Caja de Canarias, que se prestó a presentar “esa tasación de TINSA como propia de la Caja y con una fecha de emisión posterior, de 19 de junio de 2001.” En román paladino, falsificó una tasación hecha por encargo de los empresarios condenados para justificar el elevado precio pagado por el ayuntamiento y para avalar la concesión del abultado préstamo y, curiosamente tal comportamiento no le ha acarreado ninguna consecuencia penal. Es más, admitió ante el Tribunal haber recibido en esas fechas cuatro millones de euros de Antonio Plasencia porque eran amigos. Este desinteresado “préstamo” al presidente de La Caja coincide en el tiempo con el inicio de su brillante carrera empresarial, especialmente en Binter

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La libertad de expresión de los funcionarios y la corrupción

En un país democrático la libertad de expresión es imprescindible para que merezca tal nombre y, por eso, está contemplada en la Constitución Española que reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción sin más límites que el respeto a los derechos reconocidos en la propia constitución, al derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Sin embargo es frecuente que los poderes públicos traten de limitar este derecho a sus trabajadores, y no me refiero al caso de los guardias civiles, sino al conjunto de los funcionarios. Esta situación es una de las razones, evidentemente no la única, que explican que el fenómeno de la corrupción se haya convertido en un mal que lleva muchos años enquistado en la sociedad española y que sus protagonistas hayan gozado de muchos años de impunidad. Aunque los medios de comunicación nacionales no presten mucha atención a lo que ocurre en Canarias, las islas encabezan el listado de casos de corrupción, incluso la condena por el caso de Las Teresitas -donde ha quedado claro la existencia de una trama de políticos y empresarios para saquear el dinero público- apenas ha merecido una gacetilla en las páginas interiores de la mayoría de los diarios de difusión nacional. Un caso paradigmático de esta situación es lo que ha ocurrido con el funcionario del Gobierno de Canarias que se atrevió a hacer público lo que consideraba irregularidades y fue sancionado por una falta muy grave y dos graves. Las consecuencias fueron el traslado forzoso, cambio de residencia durante 18 meses y suspensión de funciones durante seis por haber facilitado y difundido en diversos medios de comunicación información relacionada con el trabajo que desempeñaba como Director de Obra. Esta resolución fue anulada por los jueces, pero los responsables de la consejería, en lugar de reconocer la injusticia de estas sanciones, conculcaron el derecho de este funcionario a la libertad de expresión y no investigaron que había de cierto en sus declaraciones. Por el contrario, optaron por volver a sancionarlo pero aumentado la sanción por los mismos hechos. Ante esta situación el funcionario recurre de nuevo a los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia, Sala de los Contencioso-Administrativo en su sentencia anula la resolución y condena en costas a la Comunidad Autónoma. En sus fundamentos jurídico la sentencia es muy clara cuando dice que “el principio de autoridad, por su mera invocación sagrada no debe tener la capacidad de justificar el cese sin razonamiento alguno y máxime cuando este funcionario, según los jueces, habla con conocimiento de causa sin expresiones incorrectas, de modo objetivo y desapasionado, sin afectar al correcto funcionamiento del servicio y de tal manera que su opinión crítica puede ser combatida o desacreditada con hechos y argumentos contrarios y que el recurrente se ha limitado a trasladar a la opinión pública su razonada discrepancia con el contratista sobre hechos técnicos que luego causan el cese en relación con obras de indudable interés general por su presupuesto.” La opinión de Carlos Soler, así se llama este funcionario, no fue debatida ni refutada, simplemente lo sancionaron. Pero esta falta de transparencia, habitual en el gobierno de Canarias, es la que genera un ambiente de sospecha por corrupción en la ejecución de las obras públicas. En lugar de premiar a quienes denuncian posibles corrupciones, los responsables de las administraciones prefieren silenciarlos y, para que el ejemplo no se repita, sancionan a quienes ejercen su derecho constitucional a la libertad de expresión, a los que colaboran para que el dinero público sea correctamente administrado en beneficio del interés general y no para enriquecer a tramas corruptas. Personalmente la sentencia me produjo una gran alegría, en primer lugar porque soy amigo de Carlos Soler desde hace muchos años, he colaborado con él en algunos trabajos y he podido apreciar su gran valía como profesional, su honestidad y su valentía que le han llevado a sufrir un calvario que, afortunadamente, esta sentencia ha puesto fin, aunque algunas de sus consecuencias, como la de trabajo como profesor asociado de la ULL, ya no tengan recuperación posible. En segundo lugar lo sucedido en este caso explica como ha sido posible que casos como lo de los hoyos de Güímar hayan ocurrido; desgraciadamente no hubo un Carlos Soler que se atreviera a salir a la opinión pública denunciando la ilegalidad de estas canteras y los responsables políticos miraran hacia otro lado par no ver lo evidente. Por eso los presidentes del Cabildo de Tenerife y el gobierno de Canarias se niegan a dar explicaciones públicas cuando los periodistas quieren conocer porqué no hicieron nada para detener el gravísimo delito ecológico y mantuvieron -y mantienen- un silencio cómplice. Tampoco han salido a la opinión pública a explicar porqué actuaron en este caso de la manera que lo hicieron, sancionando al funcionario y no investigando las posibles corruptelas y, como dice la sentencia: “la falta de transparencia administrativa es lo que genera un ambiente de sospechas por corrupción en la ejecución de la obra pública.”. Ahora el contribuyente tiene que pagar las costas de un juicio que jamás tenía que haberse celebrado, a ellos no les cuesta nada. ¿Y la oposición? En Belén con los pastores.

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El Parque Nacional del Teide solicita premiar al introductor de los muflones

El próximo día 11 tendrá lugar la reunión del Patronato del Teide. En el punto ocho, dedicado a los informes del Director-Conservador, hay uno que dice: “Informe sobre normas anuales Campaña  control del muflón 2017” y en el punto siguiente “Carta de apoyo para la concesión de la Medalla de Oro a don José Miguel Glez. Hdez.”. Es realmente asombroso que el responsable de soltar esta especie exótica reciba el apoyo del Parque Nacional del Teide para que el Gobierno de Canarias lo premie nada menos que con una Medalla de Oro.

El muflón tiene su origen en ovejas asilvestradas que han recuperado la morfología anterior a su domesticación. Los llamativos cuernos de los machos lo convirtieron en una especie cinemática y los aficionados a la caza mayor los introdujeron en otros hábitats con el beneplácito de las clases dirigentes, no en vano la caza mayor es un deporte de las élites sociales. Personajes de gran relevancia social en España son practicantes como es el caso de Blesa, el antiguo director de la Caja de Ahorros de Madrid, o el conocido político Francisco Granados.

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Los hoyos de Güímar, las machacadoras y la Ley Plasencia

Estos días, con la resaca a cuestas por el triunfo de Trump, se discute en el Parlamento de Canarias la propuesta de ley del cabildo de Tenerife conocida como la ley “Plasencia” por el apellido del condenado por explotar ilegalmente áridos del barranco de Güímar. Este delincuente ambiental es una de las grandes fortunas de Canarias y el principal constructor de Tenerife. Está presente este empresario en los principales casos de corrupción, como el de Las Teresitas, en el caso de la Ciudad Juvenil, (un suculento pelotazo en connivencia con el ayuntamiento de Santa Cruz) en la gestión que llevó a la desaparición de la Caja de Ahorros, en el pelotazo que dio el exconsejero de Obra Pública del gobierno, Adolfo Núñez, con la compra de Binter, etc. etc. No somos excepción, como en otras muchas regiones españolas, la confluencias de intereses entre este tipo de empresarios con algunos partidos ha derivado en una corrupción generalizada, en el saqueo de lo público para beneficiar a esta alianza de empresarios y políticos. Ahora el cabildo de Tenerife , según la oposición y diversos informes técnicos, quiere que el dinero público utilice para la regeneración del enorme daño generado por estos delincuentes, algo incomprensible cuando están condenados a pagarla con su patrimonio.

El cinismo de los partidos en estos temas lo dejó manifiesto el socialista Héctor Gómez cuando dijo en su intervención parlamentaria que el saqueo del los barrancos de Güímar es un fracaso colectivo. ¿Cómo que fracaso colectivo? Los responsables han sido las administraciones públicas que han mirado hacia otro lado para no ver lo que veíamos los ciudadanos cuando pasábamos por el valle: unos hoyos cada vez más profundos fruto de una actividad en la que todos, incluidas las administraciones afectadas sabían que era ilegal; el delito solo fue posible por la complicidad, puesto que no pueden alegar ignorancia, los responsables durante esos años del ayuntamiento de Güímar, del cabildo y del gobierno de Canarias. Fuimos muchos, entre ellos ATAN, los que denunciamos que se estaba cometiendo un delito sin que ello provocara la intervención de la administración durante más de tres décadas, no es un fracaso colectivo, es una manera de gobernar orientada al beneficio de unos pocos.

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La subida a las Mercedes, una carrera de despropósitos

El viernes 12 de agosto el Ayuntamiento de La Laguna publicaba en su página web que el día 24 de septiembre se celebraría una carrera automovilística denominada X Subida Valle de Las Mercedes. Según el ayuntamiento lagunero, “La iniciativa ha contando con el respaldo del Ayuntamiento de La Laguna, a través de su Organismo Autónomo de Deportes (OAD), y de la Asociación de Vecinos Valle de Las Mercedes.” Asombroso, el Consistorio respalda una actividad para la que no tiene ninguna competencia, es otra administración -en este caso el cabildo- la responsable de conceder la necesaria autorización. La institución, en la que si está representado el municipio, y que tiene que emitir informe sobre la pertinencia de celebrar esta carrera, es la Junta Rectora del Parque Rural de Anaga pero ni tan siquiera ha tratado este tema y el cabildo, a fecha de 4 de septiembre, no ha dado ninguna autorización. ¿Que ocurriría si un particular solicita permiso al ayuntamiento para abrir un bar y lo inaugura antes de tener todos los permisos legales? Que el gobierno municipal tendría que cerrarlo, pero en este caso colabora, difunde y promociona una actividad ilegal, aunque su obligación es cumplir y hacer cumplir la ley y las normas emanadas de un estado de derecho. Por cierto, ¿cuándo se reunió el ayuntamiento con los vecinos para conocer su opinión?

Tanto la consejería responsable de las Carreteras como la de Medio Ambiente han confirmado a ATAN que no han resuelto si conceden la autorización o no, tampoco han sido convocados ni consultados los miembros de la Junta Rectora, sin embargo la prensa recogía unas declaraciones de los organizadores que añadían más confusión: "Ha sido primordial el consenso con los vecinos, pero también agradezco profundamente el magnífico trabajo y predisposición del área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, Parque Rural de Anaga, Área de Carreteras y el Ayuntamiento de La Laguna, que han sido claves para el rescate de la prueba. Las solicitudes, permisos y planes de seguridad ya están presentados a falta de su sellado." (DA 28/08) O mienten los organizadores o mienten en el cabildo porque el 30 de agosto no había llegado al cabildo el informe de la Guardia Civil y, según nos informaron los funcionarios, el tema no se ha tratado y, en contra de lo anunciado, todavía no hay informes ni permisos que sellar.

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