ICV llevará a la Comisión Europea el proyecto de venta de datos sanitarios
El proyecto Visc+, de venta de datos del sistema sanitario catalán a centros de investigación de todo el mundo, llegará a manos de la Comisión Europea. El eurodiputado de ICV Ernest Urtasun ha anunciado que denunciará estas medidas ante el organismo comunitario al considerar que podrían contradecir la normativa europea. “Creemos que comercializar los datos y permitir su tratamiento por empresas privadas tal y como lo contempa la Generalitat no se adecúa a la ley europea”, ha constatado Urtasun, quien recuerda que la legislación europea en materia de protección de datos “es muy estricta”.
La denuncia por parte de ICV responde a la publicación ayer en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de una resolución que encarga a la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Catalunya (AQuAS) que avance varias medidas vinculadas al programa Visc+. Un camino adoptado por el consejero de Sanidad de la Generalitat, Boi Ruiz, que va en contra de la dirección marcada por el Parlament de Catalunya, que por mayoría votó el pasado mes de octubre la paralización de este proyecto, al menos hasta que se abriera un proceso de debate sobre el mismo.
Visc+ es una apuesta de la Generalitat que pretende poner a la venta la información de los pacientes del sistema público de salud catalán previo proceso de anonimización de los datos. De esta gestión se encargaría una empresa privada, previa concesión. Los datos que se podrían comercializar van desde los relacionados con programas de detección de cáncer hasta las estadísticas de interrupciones voluntarias del embarazo.
La resolución publicada ayer en el DOCG encarga al AQuAS esta tarea de convertir en anónimos los datos de los pacientes y garantizar su confidencialidad. Por el momento el proyecto cederá los datos solamente a centros de investigación públicos, aunque a largo plazo se contempa venderlos a investigadores privados.
Pero según Urtasun, con la confidencialidad con los datos no basta. “En estos momentos el Parlamento y el Consejo están revisando la legislación porque la anonimización de los datos ya no es garantía suficiente de su protección, y por lo tanto cremos que el proyecto de la Generalitat puede no adecuarse a la nueva reglamentación”, asegura.
