Dos directivos de ATLL son apoderados de una filial de Acciona desde antes de la privatización

Dos directivos de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la empresa encargada de proveer agua a los depósitos municipales del área metropolitana de Barcelona, fueron nombrados apoderados de Empresa Operadora ATLL, una filial de Acciona, tres días antes de que la Generalitat formalizara la privatización de la empresa pública con un consorcio encabezado por la multinacional española. El 27 de diciembre de 2012 se firmó el contrato de concesión de ATLL entre la administración catalana y el consorcio formado por Acciona, el banco de inversión brasileño BTG Pactual y los fondos de las familias Rodés y Godia. Tres días antes, estos dos directivos de la ATLL pública, junto a otros cargos de Acciona y sus filiales, fueron nombrados apoderados de la sociedad, según consta en la documentación consultada por Catalunya Plural.

Desde el 24 de diciembre de 2012, el gerente y el director de recursos de la ATLL pública, Josep Rodríguez y Pablo Gil, figuran como apoderados de Empresa Operadora ATLL. El mismo día también fueron nombrados otros dieciocho apoderados, en su mayoría directivos de Acciona o de filiales como Acciona Agua.

Fuentes de ATLL consideran los nombramientos actos normales y preparatorios para la entrada en servicio de la gestión de Acciona en ATLL, que empezó el 1 de enero de 2013. En esta fecha –ocho días después de los nombramientos en la Operadora– todos los trabajadores de la ATLL pública fueron subrogados a ATLL Concessionària, la empresa que gestiona la antigua compañía pública. Rodríguez pasó de gerente de ATLL a director de operaciones y mantenimiento de la Concessionària. Gil mantuvo su cargo.

Fuentes jurídicas consultadas sostienen que, pese a estar adjudicada, la concesión de ATLL no se había firmado todavía, por lo que consideran que hubiera sido recomendable nombrar a los apoderados una vez formalizada la privatización, más teniendo en cuenta la complejidad de la operación y los recursos que ya había por aquellas fechas.

Además, recuerdan que la Operadora no tuvo plantilla en 2013 pese a que su objetivo es gestionar y mejorar las instalaciones de ATLL, y que sus trabajos podrían ser asumidos por la plantilla que se subrogó a ATLL Concessionària. La documentación mercantil indica que la Empresa Operadora está inactiva a día de hoy.

Los nombramientos en Empresa Operadora ATLL son paralelos al proceso de privatización que siguió la empresa pública encargada del agua 'en alta' -la que se capta en las cuencas y desaladoras y se lleva hasta los depósitos municipales- de 4,5 millones de catalanes de Barcelona y su área metropolitana. El por entonces conseller de Territorio, Lluís Recoder, comparó la privatización con “una familia que tiene que empeñar las joyas de la abuela para poder subsistir”.

El Govern adjudicó ATLL al grupo encabezado por Acciona el 6 de noviembre de 2012. El 23 del mismo mes, Agbar interpuso recurso contra la adjudicación ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (Oarcc), dependiente de la conselleria de Presidència. La Generalitat, ávida de ingresar los 298 millones que el consorcio de Acciona pagó para cuadrar las cuentas de 2012, sacó adelante la privatización pese a los claros indicios que mostraban que la operación terminaría en los juzgados.

Menos de una semana después de firmar el contrato, el 2 de enero de 2013, el Oarcc falló a favor de Agbar y dijo que la oferta de Acciona debería haber sido excluida del concurso. El TSJC, en junio del año pasado, fue más allá y declaró nulo todo el concurso, no sólo la adjudicación. A día de hoy, el caso se encuentra en el Supremo.

Orígenes en una empresa fantasma

¿Dónde están los orígenes de la Empresa Operadora ATLL? Según la documentación consultada, en Discov Eurogrup S.A., una firma constituida el 28 de mayo de 2012 por Ramón Cerdá Sanjuán, un gestor valenciano experto en la creación de empresas fantasma a través de Sociedades Urgentes, despacho especializado en la venta “inmediata” (“en solo una hora”) de “sociedades disponibles con garantía de inactividad” garantizando “confidencialidad de los socios ante terceros”.

En noviembre de 2012, el cargo de administrador pasó de Cerdá a Luis Castilla, directivo de Acciona y posteriormente presidente de la ATLL privatizada. Acciona Agua se convirtió en el socio único de la empresa. Un mes después, cambió tanto la denominación como el objeto social de la empresa: pasó de Discov Eurogrup a Empresa Operadora ATLL y de distribuir “artículos sanitarios, higiénicos, de belleza, peluquería, etc” a gestionar y mejorar las instalaciones de ATLL. Esta última modificación tuvo lugar el mismo día en que Rodríguez y Gil fueron nombrados apoderados: el 24 de diciembre de 2012.

Investigada por Antifraude

Aunque a día de hoy está inactiva, la Operadora sí trabajó en 2013, el primer año de concesión. Precisamente los trabajos que la Operadora facturó a la ATLL Concessionària fueron motivo de una investigación de la Oficina Antifraude que arrancó a partir de una denuncia de la sección sindical de la CGT en ATLL. Antifraude concluyó que la Operadora facturó a ATLL trabajos por valor de 7,41 millones en 2013 pese que la Operadora no tenía trabajadores aquel año y sin la autorización de la Agencia Catalana del Agua.

“La Empresa Operadora facturó por servicios prestados a ATLL Concessionària pese a que el contrato que supuestamente los tenía que amparar no estuvo nunca autorizado por parte del órgano de contratación”, reza el informe de Antifraude. Actualmente la Fiscalía investiga estas facturas. Por su lado, Acciona sostiene que ha cumplido en todo momento de forma rigurosa la legalidad y las condiciones contractuales exigidas por el pliego de licitación y por el contrato de concesión.

Antifraude siguió el rastro de la relación entre la privatizada ATLL y la Operadora y concluyó que el contrato entre ambas sociedades y Acciona Agua no se firmó hasta el 27 de diciembre de 2013 y que ese contrato tuvo efectos retroactivos desde el 1 de enero del mismo año. No obstante, Antifraude señala que este contrato “nunca fue autorizado por el órgano de contratación” y que la Operadora debía facturar mensualmente a ATLL.

La cifra de 7,41 millones que la Operadora facturó a ATLL, además, coincide con la diferencia positiva entre ingresos y gastos que la Operadora registró en sus cuentas de 2013.