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La mercantilización de la sanidad: sin salud no hay libertad, sin libertad no hay salud

Al igual que poder votar libremente, tener una pensión, o recibir educación, ser libre significa que cualquier individuo tenga por ley, de forma garantizada, el derecho a una atención sanitaria pública de calidad, no mercantilizada.

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Aunque a menudo sólo nos acordamos de la salud tras enfermar o sufrir por la muerte de un ser querido, la gran mayoría de ciudadanos europeos (más de 4 de cada 5) piensa que la salud es un bien esencial para alcanzar una buena calidad de vida. Es lógico. Cuando tenemos buena salud disponemos de más energía, más capacidad para estudiar, buscar trabajo, desarrollar nuestras capacidades creativas y ocio, más posibilidades para tener mejores relaciones sociales, además de sentirnos más alegres, satisfechos y tener más libertad. Parece indudable que quienes están enfermos, con discapacidad, o dolor tienen menos autonomía e independencia; al tener más salud aumentamos nuestra capacidad para elegir, tomar decisiones, ser más libres.

Aún y no siendo el principal determinante social de la salud, no cabe duda de que acceder a una adecuada atención sanitaria cuando enfermamos (con profesionales socio-sanitarios bien cualificados y preparados, una atención rápida y eficiente, un uso juicioso de la tecnología y el mejor trato humano y personal posibles) tiene gran valor para nuestra salud y libertad. La literatura científica y la OMS son contundentes al señalar que los sistemas sanitarios universales, con propiedad y gestión públicas, basados en la atención primaria y una elevada calidad de prestaciones, no sólo ofrecen mejores resultados de salud sino que también son más eficientes, equitativos y humanos. La supuesta mayor “eficiencia” de la atención mercantilizada se fundamenta en gran medida en ahorrar en personal y ofrecer bajos salarios y malas condiciones de empleo, todo lo cual afecta la salud de los propios trabajadores sanitarios y daña la calidad de la atención. Además, los centros privados seleccionan a los pacientes, dan altas prematuras, cobran por acto médico y realizan más pruebas e intervenciones innecesarias.

La Ley General de Sanidad sentó en 1986 las bases del Sistema Nacional de Salud (SNS) que amplió la cobertura y proveyó atención sanitaria de buena calidad para casi toda la población del Estado español. A pesar de sus insuficiencias y limitaciones: restringido gasto público, desarrollo limitado de la atención primaria, la salud laboral y la salud mental, excesivo gasto farmacéutico y bajo uso de genéricos, y escasa atención a determinados colectivos, con el SNS casi toda la ciudadanía obtuvo una buena atención independientemente de su clase social, poder adquisitivo y lugar de residencia. Desde entonces, los grandes conglomerados empresariales y lobbies de la industria farmacéutica y tecnología sanitarias, han incrementado su presión para transformar el SNS y abrir nuevas oportunidades y modelos de negocio. Como sea que la sanidad pública y privada son “vasos comunicantes” (si se deteriora la primera se refuerza la segunda y al revés), las estrategias políticas, legales y económicas de mercantilización sanitaria de los últimos años han pasado no sólo por incentivar y fortalecer al sector privado (privatizar o ampliar el espacio para lucrarse, realizar conciertos con la sanidad pública, favorecer el aseguramiento privado), sino también por debilitar, desprestigiar y hacer más opaco al sistema público (recortar presupuesto y recursos, fragmentar, desregular o concertar servicios, establecer “repagos”). Las consecuencias son conocidas: cerrar centros de atención primaria, urgencias y quirófanos, y aumentar las listas de espera y reducir el número de profesionales, produciéndose un incremento del riesgo de enfermar y morir prematuramente y un aumento de las desigualdades. En ese proceso, la ideología y confluencia de intereses entre las elites económicas privadas, y muchos gestores públicos y dirigentes políticos ha sido manifiesta, lo cual se refleja en valores e intereses compartidos y en prácticas de clientelismo y “puertas giratorias”. Boi Ruiz, hombre de la patronal sanitaria y actual conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, lo dijo redondamente al explicar que la salud “es un bien privado que depende de cada ciudadano y no del Estado” y que “no hay un derecho a la salud”.

Un importante punto de inflexión en ese continuo proceso hacia la mercantilización tuvo lugar con la aprobación del Real Decreto 16/2012. Decíamos hace algo más de un año (ver “ Avanzar al pasado: la sanidad como mercancía”, El País 16-08-12), que se trataba de una auténtica contrarreforma sanitaria, un cambio radical que significaba pasar de un SNS a un sistema de pago para los ricos, seguridad social con menos y peores servicios para trabajadores y una clase media empobrecida, y una sanidad de beneficencia para pobres y marginados. Un cambio para acabar con la sanidad como derecho y dar paso al clasismo, la discriminación y la desigualdad. Desde la implantación del RD hace un año las cosas no han cejado de empeorar. Se ha recortado el gasto sanitario público entorno al 12%, se han reducido los médicos y enfermeras en al menos 52.000, ha aumentado espectacularmente el número de desprotegidos (más de 870.000), se han alargado las listas de espera (entre 20-40%), se ha reducido la capacidad asistencial de los centros públicos, y ha empeorado la calidad de la atención primaria y especializada. A ello hay que sumar el creciente aumento de “repagos”, donde cada vez son más los pensionistas que no pueden hacer frente al pago de medicamentos. De confirmarse un nuevo recorte del gasto hasta alcanzar el 20% en los próximos años, el sistema sanitario público recibirá el golpe de gracia final, creándose problemas de salud pública y desigualdades aún mayores. Si con los recortes han empeorado el acceso, calidad y equidad de la atención sanitaria, con la mercantilización de la sanidad se perderá definitivamente no sólo el derecho a la atención y la salud, sino también libertad.

El pensamiento liberal sostiene de forma interesada y clasista que un individuo es libre cuando hace lo que desea, cuando puede tomar decisiones sin que existan interferencias externas. Bajo esa visión, un esclavo sería libre cuando un amo extremadamente bondadoso le dejara hacer todo lo que quisiera. Pero hay otra manera de ver las cosas que entiende que la libertad no nace de la voluntad del amo sino de la existencia de derechos sociales (por ejemplo, el derecho a trabajar la tierra, la democracia en la empresa, o recibir una renta básica universal), donde los ciudadanos disponen de los recursos, los medios y la protección adecuados para trabajar y vivir dignamente y con buena salud. Al igual que poder votar libremente, tener una pensión, o recibir educación, ser libre significa que cualquier individuo tenga por ley, de forma garantizada, el derecho a una atención sanitaria pública de calidad, no mercantilizada. También ahí, Boi Ruiz señaló con claridad su ideología de clase al indicar que elegir una mutua sanitaria privada es una forma de “libre elección” de la gente (léase, clases pudientes), un “derecho” que debe reconocerse fiscalmente. La atención sanitaria no puede ser la mercancía de una minoría con “libertad” (léase, dinero) para poder pagarla sino un derecho universal garantizado que nos haga ciudadanos libres y con más salud.

En la conocida película de Frank Capra “¡Que bello es vivir!”, Clarence, un ángel de segunda clase que intenta obtener sus alas, da la oportunidad a que un George Bailey (James Stewart) sin blanca, desesperado y a punto de suicidarse, pueda mirar qué hubiera ocurrido en Bedford Falls en el supuesto de que no hubiera vivido. George se siente entonces inmensamente feliz cuando comprende las espantosas consecuencias sociales que hubieran ocurrido en su pueblo si las muchas acciones solidarias y justas que ha llevado a cabo durante su vida no se hubieran realizado. Pensemos por un momento en el incontable sufrimiento y dolor, en las enfermedades y muertes, en la brutal desigualdad, sobre todo en las clases populares e inmigrantes, si en las últimas décadas no hubiera habido un SNS público, universal y con un buen nivel de calidad. Imaginémoslo. ¿Podemos apreciar las consecuencias que tendrá el desplome del SNS? Reflexionemos sobre ello porque, si los movimientos sociales y sindicales junto a los partidos políticos que los apoyan no lo impiden, la sanidad pública, universal y de calidad que hemos conocido está en trance de desaparecer. Rebelémonos. Al igual que para George, entender que las luchas justas valen la pena debe crear felicidad y esperanza. La libertad y la salud están en juego.

Joan Benach es profesor e investigador de salud pública y director de GREDS-EMCONET (Dpto. Ciencias Políticas y Sociales, UPF). Su último libro publicado es “La sanidad está en venta” (Icaria). En la actualidad es coordinador del proyecto en vías de financiación a través de un crowdfunding Privatizando la Sanidad. Impacto en la salud de la privatización de la sanidad en Catalunya

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