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¿Desconexión tributaria?

"Estoy seguro de que la CUP no está de acuerdo, como no lo estamos Catalunya Sí que es Pot, con que la estrategia fiscal de Catalunya quede en manos de un Consejo Fiscal" asegura el diputado de Catalunya Sí que es Pot

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En política catalana hace tiempo que casi nada es lo que parece o lo que se intenta vender que es. En el último Pleno del Parlament hemos tenido otro ejemplo. Junts pel Sí y la CUP han presentado como una de las leyes de desconexión una proposición de ley del Código Tributario de Catalunya que ni han redactado estos grupos, ni es de desconexión, ni avanza en la soberanía tributaria de Catalunya.

Comparto la necesidad de reforzar y desarrollar la Agencia Tributaria de Catalunya, después de años en que el “gobierno de los mejores” no lo hizo. Pero esta proposición de ley no va en esta dirección. De su contenido se desprende nítidamente que el texto presentado por Junts pel Sí (JxSí) y la CUP no lo han redactado los grupos que lo firman. Además, sus redactores se han inspirado en los informes de las consultoras Price Waterhouse y Delloite para construir lo que llaman una “Hacienda amiga de los contribuyentes”, hasta el punto que otorgan un papel destacado en el diseño de la estrategia tributaria a los asesores fiscales. Asesores que son, que no se olvide, los responsables de las estrategias de elusión y evasión fiscal de grandes fortunas y multinacionales. Lo defienden con el peregrino argumento de que como son los asesores los que mejor conocen las maneras de eludir impuestos, son los que mejor pueden asesorar para evitar la elusión fiscal. Han leído bien.

Que esta iniciativa se haya presentado como proposición de ley firmada por dos Grupos y no como proyecto del Gobierno es legal, pero constituye un fraude de ley. De esta manera han conseguido eludir el dictamen preceptivo del Consejo de Trabajo Económico y Social y la obligación de presentar la memoria justificativa. Incumplir el Estatuto de Autonomía y las leyes catalanas no es la mejor manera de comenzar un debate importante sobre soberanía tributaria.

El Parlament debate esta proposición de ley nueve años después de la aprobación en 2007 de la Agencia Tributaria de Catalunya. En este periodo, y después de los primeros pasos del Gobierno catalanista y de progreso, la realidad es que el gobierno del presidente Artur Mas no ha hecho nada para desarrollar la Agencia Tributaria.

Mientras el “gobierno de los mejores” se quejaba, un día sí y otro también, de no tener soberanía tributaria, no utilizaba las leyes catalanas que tenía a su alcance. El resultado de esta renuncia al autogobierno por parte del Gobierno Mas ha sido que, nueve años después de su aprobación, la Agencia Tributaria de Catalunya no ha asumido todas las competencias que tiene atribuidas. Muchas otras comunidades autónomas han realizado un desarrollo superior de su administración tributaria. La Agencia Tributaria de Catalunya recauda directamente solo 1.242 millones de los 3.097 millones de euros provenientes de los ingresos tributarios propios. Durante todos estos años el Gobierno Mas ha encargado las funciones de la Agencia Tributaria a terceros y, en concreto, la recaudación ejecutiva de los impagados la tiene encargada a la Agencia Tributaria estatal.

Sí, han leído bien, no es un error. Estos datos forman parte del informe presentado al Parlament por el secretario de Hacienda del Gobierno catalán. El mismo en que se dice que ahora piensan hacer en 10 meses lo que no se ha hecho en cinco años y que necesitaría para hacerse bien un plazo de cuatro años. La proposición de ley presentada forma parte de la estrategia de la apariencia, de hacer cosas de cara a la galería, de hacer ver con gestos lo que en realidad no es, o incluso lo contrario de lo que se hace.

Después de esta renuncia al autogobierno mientras se explicaba a la población que no se podía hacer más, la necesidad de gesticulación lleva a los Grupos de JxSí y la CUP a presentar un objetivo tan ambicioso como el de disponer en Catalunya de un Código Tributario.

Hay que destacar que los países de nuestro entorno no tienen Código Tributario, porque la complejidad y constante modificación de la legislación fiscal dificulta mucho la codificación de las normas tributarias. En nuestro caso se añade un dificultad, y es que, al tener las competencias tributarias compartidas con otras administraciones y especialmente con el Estado español, el Parlament no puede desarrollar toda la legislación tributaria.

Pero la necesidad de convertirlo todo en una estructura de Estado les lleva a exagerar las apariencias. En lugar de dedicar los esfuerzos a recuperar los años perdidos durante el Gobierno Mas, se construye la ficción de un Código Tributario. Eso sí, solo a medias, porque la proposición se limita a regular lo que llama Libros primero, segundo y tercero, referidos a los aspectos organizativos, de estructura administrativa. Porque regular las figuras tributarias básicas y las obligaciones de los contribuyentes catalanes no está al alcance del Parlamento, pero de esta manera se hace creer que sí y que más adelante se hará.

Es lo mismo que pasa con la normativa fiscal catalana. El Gobierno puede sin problemas aprobar reformas fiscales en el tramo catalán del IRPF, en impuesto de sucesiones y donaciones, en patrimonio, en fiscalidad verde, que nos aportarían importantes ingresos para hacer políticas sociales. En cambio, no lo hace, porque no quiere que se vean afectados los intereses de determinados sectores sociales. 

En lugar de esto,  anuncia la recuperación del impuesto sobre depósitos bancarios, solo para aparentar desobediencia. Desobediencia que no se producirá, porque los obligados a pagar, los bancos, obedecerán al Tribunal Constitucional y al Estado español, y la Generalitat no tendrá ninguna posibilidad de exigirles el pago de este impuesto. Esto lo sabe muy bien el Gobierno catalán, que durante el año 2016 ha devuelto a los bancos los ingresos obtenidos por el impuesto de depósitos bancarios liquidados a la Hacienda catalana antes de su anulación por el Tribunal Constitucional. Esto lo hacía el Gobierno catalán mientras en el Parlament se aprobaban todo tipo de declaraciones de desobediencia. Si se quería desobedecer en los depósitos bancarios, lo más fácil hubiese sido no devolver voluntariamente lo que los bancos habían pagado antes de la anulación del impuesto. Esta estrategia de la apariencia genera muchos titulares, pero ni un solo ingreso para mejorar y hacer más justa la fiscalidad catalana y la política social.

Lo más grave de esta proposición de ley es el modelo de gobernanza del sistema tributario. Aquí es donde queda más claro que no lo han hecho JxSí y la CUP.  Estoy profundamente convencido de que la CUP no está de acuerdo con lo que ha firmado y presentado. Estoy seguro de que la CUP no está de acuerdo, como no lo estamos Catalunya Sí que es Pot, con que la estrategia fiscal de Catalunya quede en manos de un Consejo Fiscal en el que la participación social se canaliza a través de los asesores fiscales. Los mismos que diseñan y ejecutan las estrategia de elusión y evasión fiscal de multinacionales y poderosos.

La proposición de ley forma parte de la estrategia iniciada por el Gobierno Mas y continuada por el Gobierno de Carles Puigdemont. A un gobierno amigo de los negocios ahora se añade un gobierno amigo de los asesores fiscales.

Estas son las razones más significativas de nuestra enmienda a la totalidad, que sin duda están en el extremo opuesto a la que han presentado el PP y Ciudadanos, que en el debate ya dijeron que les encanta este modelo de Hacienda.

Si el Gobierno y los grupos que le apoyan no hubieran caído en la estrategia de aparentar lo que no es, estoy seguro de que podríamos haber consensuado una ley de refuerzo de la Hacienda catalana. Una ley para mejorar la de 2007. Para desarrollar plena e íntegramente las funciones y competencias reconocidas, para reforzar los espacios de cooperación tributaria con otras administraciones, imprescindible para mejorar la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Habríamos pactado la Junta de Tributos y el Instituto de Investigación y Estudios Tributarios.

El Gobierno ha preferido, una vez más, la apariencia, aunque sea a costa de la eficiencia y la utilidad para la ciudadanía. Ha preferido presentar como soberanía tributaria lo que de hecho es una cesión de soberanía a los mercados a través de sus asesores fiscales.

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