Es un debate confuso, pero como en el chalaneo gitano todos mienten y nadie se engaña. El nacionalismo catalán es consciente de que la consulta se planteó con un implícito: independencia sí o no. Por razones tácticas era lógico que así fuera. Por una parte podía movilizar a una mayoría de la ciudadanía, ya fueran independentistas, quisieran cambiar el tipo de relación con el Estado central o consideraran que ser consultados es un derecho que un Estado democrático debe reconocer. Se movilizaron los independentistas, los indignados por la sentencia del Tribunal Constitucional y por las campañas anticatalanas, los afectados por la crisis convencidos que un gobierno autonómico más fuerte o independiente sería más sensible a sus presiones... Por otra parte, la consulta ponía en una situación difícil al gobierno español. A una consulta no vinculante para que la ciudadanía exprese una opinión, un estado de ánimo o una aspiración a un futuro mejor es muy difícil negarle la legitimidad, en democracia. Aunqu, una vez más, constatamos que el Estado actual en el mejor de los casos es una democracia a medias.
La independencia nunca ha sido el objetivo del gobierno CiU, ni de los principales poderes económicos, ni de una parte importante de su electorado. El Govern de la Generalitat se subió a la ola, hay que decir en algunos casos con gusto, pero es significativo que su presidente nunca ha pronunciado la palabra independencia y su socio, Duran i Lleida, sí que lo ha hecho pero para decir que se opone a ella. La hipótesis lógica derivada del comportamiento de la Generalitat era elaborar una pregunta formulada de tal forma que fuera aceptada por el Gobierno español. Por lo tanto, era inevitable no explicitar la opción independentista. El concepto más adecuado hubiera podido ser el de autodeterminación, que había sido bandera de los partidos democráticos durante la resistencia antifranquista. Se adujeron argumentos jurídicos internacionales que consideraban que la autodeterminación era propia de países que se liberaban, o lo pretendían, de la sumisón a una potencia colonialista. Un argumento muy poco consistente.
El caso es que el derecho a decidir ha quedado como antesala al de independencia y permite un uso polisémico, porque cada uno pone lo que más le gusta: independencia u otras alternativas distintas como estructuras de Estado, confederación, federalismo con un status especifico, fiscalidad propia tipo concierto económico, proyección internacional, competencias fuertes en política lingüística y cultural independientes... Es decir, el abanico de la negociación con el Estado era muy amplio.
El gobierno español ha demostrado una nula disposición a entablar un díalogo y cuanto mayor era la expresión de la movilización política y social en Cataluña más rotunda era su negativa. Es difícil encontrar un gobierno como el español que sea tan ignorante, brutal, débil, provocador y fantasmagórico. En consecuencia, el movimiento popular catalán se ha radicalizado y la independencia es hoy el concepto más presente en las movilizaciones sociales. En pocos años se ha más que duplicado el contingente independentista, que representa ya más del 50% de la ciudadanía.
La consulta como ejercicio del derecho a decidir se ha convertido en un passe partout, una caja de sorpresas con un envoltorio llamado “independencia” muy movilizador. Para el gobierno de CiU estaba destinado a abrir un proceso de negociación que reforzara el autogobierno y estableciera una relación bilateral con el gobierno español pero no la independencia. El pacto con ERC es un matrimonio de conveniencia. A CiU le garantiza la mayoria parlamentaria y el feeling con el independentismo. ERC por su parte consolida un aparente liderazgo político del independentismo y le confiere una imagen de partido institucional. Su trayectoria errática desde la transición hacia difícil hasta ahora tomárselo en serio.
El gobierno español lo tenía muy fácil para hacer bajar el suflé independentista. Aceptar a la vez la consulta y abrir el diálogo con el Govern catalán. Bastaba redactar la pregunta que incluyera una opción intermedia entre la situación actual y la independencia. CiU y ERC tendrían crisis internas y probablemente su alianza actual se rompería. La consulta no daría una mayoría absoluta de independentismo, es posible incluso que la tercera vía fuese la opción más votada. El movimiento popular actual se dividiría y se debilitaria. Siempre que el díalogo ofreciera un nuevo y específico estatuto a Cataluña.
Sin embargo el gobierno del PP no ha abierto ninguna puerta de diálogo real, no admite ninguna consulta y por el contrario tiende a recentralizar el Estado. No busca un acuerdo, lo que quiere es radicalizar el movimiento actual y así dividirlo e imponer al sector moderado del catalanismo algunas reformas más parecidas al café para todos que a los sueños federalistas, fueran simétricos o asimétricos. El presidente Mas, al no abrirse a un proceso negociador que incluyera convocar una consulta legal, se ha quedado colgado del pincel. Debe optar entre acercarse mucho a las posiciones de Duran i Lleida, lo cual le debilita a él y a CiU a favor de ERC, o plantear un escenario de ruptura como se deduce de sus discursos más épicos, en cuyo caso estaría más apoyado por ERC que por su partido. Esta opción, poco probable, podría darse si etuviera habitado por el síndrome del General Della Rovere.
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