Los grandes medios de comunicación son propiedad del Poder y no solo suministran noticias, sino que se han convertido en el aparato ideológico y propagandístico de las élites, que a través de la hegemonía social alcanzada, quieren perpetuar sus privilegios y dictar a su favor las normas por las que se debe regir la sociedad.
A mediados de los años 70 el Poder decidió romper el pacto social surgido de la crisis de los años 20 y formulado después de la Segunda Guerra Mundial, por el que se potenciaba el estado del bienestar y se efectuaba una “cierta” distribución de la riqueza. Desde entonces y crisis tras crisis, las diferencias sociales han aumentado y cada vez hay más pobres y excluidos.
Las élites sabían desde principio de los 70 que el capitalismo es insostenible en un planeta finito. Ahora se ha publicado la penúltima confirmación. El 14 de marzo de 2014 conocíamos un informe financiado por la NASA, en el que se habla de un cercano colapso de la sociedad capitalista por 5 causas: clima, agua, agricultura, población y energía.
El colapso sucederá cuando la demanda de recursos supere la capacidad de carga ecológica del planeta y es consecuencia del insostenible ritmo de explotación de recursos y de la desigual distribución de la riqueza. Conocedores de la situación y no dispuestos a compartir los privilegios que consideran suyos, las élites que ostentan el Poder desde siempre, prefieren encaminarse al desastre que evitarlo, porque esperan salir indemnes a través del control total y absoluto de los recursos.
Para ello están convirtiendo la democracia en un privilegio exclusivo de aquellos que aceptan las reglas del juego. Amparados en el control político y económico, están transformando los derechos económicos y sociales en un negocio que se desarrolla legalmente - cooptados como están los gobiernos - mediante las privatizaciones por decreto, la fabricación del dinero que solo pueden generar los bancos privados, la obligación constitucional de pagar la deuda (ilegítima) o la apropiación de todos los bienes de la ciudadanía, de todos los bienes comunes. Lo hacen en nombre de la defensa de la propiedad privada pero apoderándose de los bienes individuales y colectivos de la ciudadanía a través del empobrecimiento: control del trabajo, destrucción de las políticas sociales - sanidad y educación para todos -, restricción del acceso al dinero (crédito), negación del derecho al agua, a la vivienda, la energía, ningún respeto por el medio ambiente, por el planeta... Todo para ellos, ninguna propiedad pública. Y no quieren derechos, sólo obligaciones ligadas a la supervivencia: “si quieres sobrevivir, acepta mis - esclavas - condiciones”. La ciudadanía reducida a población sacrificable.
Una de las herramientas utilizadas y más eficaces para lograr la hegemonía social, partidos políticos y la mayoría de economistas incluidos, es el control de los medios de comunicación, de sus contenidos y de las personas que en ellos se expresan. ¿Qué hacer? Lo primero era y es, destruir o reducir a la nada, el sistema inmunológico de la sociedad: el pensamiento crítico. Sin pensamiento crítico, concebido como un método para analizar la estructura y la consistencia de los hechos, los razonamientos o las proposiciones que en general se aceptan como verdaderas en la vida cotidiana, no hay debate democrático. Sin pensamiento crítico ni debate democrático las “verdades” se introducen en el pensamiento individual y colectivo conformando un pensamiento único, indiscutido. Sin el debate libre de las ideas, no hay democracia.
Lo primero fue controlar los grandes medios de comunicación y todos aquellos con “suficiente” capacidad de influencia. Se hizo y todavía se hace a través de tres procedimientos: 1. - Apropiación de los medios y control de los consejos de administración; 2. - El uso de la publicidad como medida de presión - si quieres el dinero de mis anuncios, inclínate ante mis condiciones - , y 3. - deudas y subvenciones condicionadas a la adscripción sin crítica al sistema. Los tres han servido para controlar los medios privados. La deuda ha supuesto el toque de gracia de los medios públicos. Los tres niveles de gobierno, municipal, autonómico y estatal, atrapados por la crisis y la falta de dinero, han tenido que admitir las condiciones de las entidades financieras si no querían quebrar. Y entre las condiciones, la de poner los medios públicos al servicio del Poder o cerrarlos (también vale adelgazarlos para hacerlos inoperantes).
Según el informe Anual de la Profesión Periodística, entre 2008 y 2013 se han cerrado en España 284 medios de comunicación. Más de 10 mil periodistas buscan trabajo. Y se han creado 380 nuevos medios, la mayoría en internet
La información se ha convertido así en mercancía y los medios de comunicación, abandonado el pensamiento crítico y el fomento del debate democrático, guías de la opinión pública, responsables de la creación de una determinada cosmovisión. Con dos objetivos: pensar de una manera determinada, porque pensar de una manera específica supone actuar de una forma concreta, prefabricada; y sustituir el derecho a la información de la población por la facultad de consumirla, dejando de ser ciudadanos para convertirnos en consumidores.
Y no estamos diciendo que toda la información sea falsa, sino que la información sesgada o la información comprada, se publican en el mismo soporte sin diferenciarse de la Información (con mayúsculas). Además, los medios vinculados al Poder tratan de ocultar, o al menos disfrazar, toda aquella información que pone en cuestión al sistema. Y no hay peor censura que la información encubierta.
En el actual estadio de desarrollo del capitalismo es difícil pensar en recuperar el papel democratizador de los medios de comunicación hasta ahora de referencia. La política ha sido secuestrada por el dinero, la representación social absolutamente condicionada por la propiedad - si no tienes, no vales - y la democracia reducida a un pasivo proceso de delegación de poderes. En este contexto, los medios se encargan de distribuir el pensamiento único que necesita el sistema. Cuando leemos, vemos, escuchamos una información, preguntémonos si nos hace pensar o por el contrario nos dice qué pensar.
El derecho a la información, como la salud, la educación, el medio ambiente, el trabajo o la vivienda, por citar algunos, son derechos de la ciudadanía, derechos inalienables. La población no es la destinataria - consumidores - es la propietaria y tiene derecho a gestionarlos. Debemos hacer uso de estos derechos y, enfrentándonos al Poder y los gobiernos que lo representan, negarles el derecho de propiedad sobre ninguno de ellos, decir sin miedo que la ciudadanía es la legítima propietaria e impedirles que hagan, como están haciendo, un uso interesado y mezquino.
Ahora mismo se están malversando caudales públicos por no hablar de corrupción en todos los ámbitos relacionados con la ciudadanía y sus derechos. Y tenemos derecho a hablar de corrupción porque, tanto en el mundo de la información como en otros, es corrupción desviarte a propósito de los procedimientos morales y éticos que regulan nuestro comportamiento con la voluntad de engañar, atemorizar, culpabilizar, sacar ventaja, obtener beneficios desproporcionados o ilegítimos.
Es necesario un nuevo proyecto de Información. Un proyecto surgido de la ciudadanía, bajo el control de la ciudadanía, es decir, de todos y pensado para las necesidades de la ciudadanía. Un proyecto que deje en evidencia a las élites y les impida distribuir las “verdades” prefabricadas que tanto contribuyen a mantener la hegemonía social a su favor. Un proyecto que no solo conviva con iniciativas informativas no controladas por el Poder como este diario, sino que sea capaz de crear las sinergias imprescindibles para sumar información y no dispersarla.
A continuación, una primera propuesta para fomentar el debate en torno al Derecho a la Información y quién es su legítimo propietario (y administrador)
En cada municipio deberían surgir plataformas de información ciudadana que ejerzan el derecho a la información. Las asambleas físicas y virtuales deben servir para asegurar que todo el mundo tiene derecho y puede participar del proceso informativo. El movimiento debe ser ciudadano y los periodistas, que primero son ciudadanos y después profesionales y consejeros experimentados, deben formar parte, impulsar y facilitar a la población la información que reclama y necesita para ejercer la democracia. La ciudadanía administra y elige la información y los periodistas la desarrollan.
La ciudadanía deberá dirigirse coordinadamente con otras plataformas de auditoría y fiscalización, a los gobiernos locales, supramunicipales, autonómicos, estatales, y exigirles que den a conocer cuánto dinero se gasta en publicidad, información dirigida, propaganda de la acción de gobierno, comunicación, subvenciones informativas, medios de comunicación. Ejemplos: subvenciones a medios de comunicación privados, compra de páginas de periódicos para hacer información interesada, pago a diarios para distribuir información interesada como si fuera verdadera, concesión de servicios públicos a medios privados...
Y exigir el uso de las instalaciones públicas que son de todos.
La ciudadanía, las PIC, deberán alcanzar el control de este dinero que es público y que no se puede administrar a beneficio de inventario.
Este dinero en manos de las Plataformas Locales de Comunicación, con un trabajo coordinado, permitiría crear herramientas de comunicación transmedia y empleos remunerados con dignidad. Y tanto o más importante, generar información, dejar de hacer propaganda, fomentar el pensamiento crítico y el debate democrático de las ideas. En definitiva, alimentar la democracia.
Nos va el futuro, nos va la vida. Y solo será una utopía si no nos lo creemos.
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