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Hacia unas finanzas públicas éticas

Acción de denuncia de la campaña Banca Armada delante de una sede del BBVA

Mònica Vega

Setem Catalunya —

Los conflictos armados son una de las principales causas de pobreza en el mundo pero a la vez son un negocio muy rentable para unas pocas personas que se enriquecen a expensas de la vida de miles de personas. Este negocio no funciona sin una serie de actores clave que, además de mantenerlo vivo, sacan partido: las entidades bancarias.

La ratio de endeudamiento de las empresas de armamento españolas es de un 73% de media, según el informe «Los bancos que invierten en armas» del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, lo que significa que estas empresas requieren de la financiación de los bancos para poder fabricar las armas. O lo que es el mismo: sin la financiación de las entidades bancarias, tres de cada cuatro armas no se podrían fabricar. La banca tradicional, con sus inversiones, contribuye a mantener niveles altos de producción de armas que facilitan la proliferación y la permanencia de los conflictos bélicos y aumentan los niveles de violencia y las consecuencias.

No obstante, invertir en empresas que vulneran los derechos humanos no tiene ningún tipo de coste ni por las empresas ni por las entidades bancarias que las financian, hecho que facilita que las inversiones al sector armamentístico sean una práctica extendida en el ámbito financiero y que la mayoría de bancos convencionales, cajas de ahorro y cooperativas de crédito dediquen recursos a hacer crecer la producción de armas, ya sea con la concesión de créditos y préstamos o con la emisión de acciones y bonos a estas emprendidas fabricantes. Los principales bancos que participan de esta financiación en el estado español son el BBVA, el Banco Santander, Barclays, Deutschebank, ING, Banca March, Bankia, el Banco Sabadell, CaixaBank, Banco Popular y Bankinter.

Ante esta situación, conscientemente o no, la administración pública continúa trabajando con estas entidades bancarias convencionales. De hecho, el BBVA tiene el triste honor de ser a la vez el banco que encabeza el ránquing de la «banca armada» española (ránquing de bancos que invierten en empresas de armamento) y el principal proveedor del Ayuntamiento de Barcelona. Completan ambas listas CaixaBank, el Banco Sabadell y el Banco Santander.

Es cierto que los últimos años algunas administraciones públicas han hecho pasos para aproximarse a las finanzas éticas. El mismo Ayuntamiento de Barcelona en 2015 creó el comisionado de economía cooperativa, social y solidaria -órgano responsable del surgimiento y crecimiento de la economía social y solidaria (ESS) en la ciudad de Barcelona-, y el Plan de Impulso de la ESS como programa de acción que contempla el acercamiento a las finanzas éticas entre sus líneas de actuación. Además, a finales del año pasado se hizo socio de Fiare Banca Ética y abrió una cuenta con esta entidad y con Caja de Ingenieros. También el ayuntamiento de la capital catalana firmó un convenio con Coop57 para crear un fondo económico compartido de 200.000 euros para impulsar la financiación de proyectos de economía social y solidaria. Y se ha empezado a trabajar con Triodos Bank, con quien se firmó un préstamo de 7,5 millones de euros para financiar promociones de vivienda social del Patronato municipal de la Vivienda.

Por otro lado, la introducción de cláusulas sociales en la compra y la contratación pública es otro ejemplo de coherencia de políticas que se está dando en el Ayuntamiento de Barcelona. Entre estas cláusulas se encuentra la Declaración responsable sobre paraísos fiscales a los procedimientos de selección de ofertas y contratos con las entidades financieras; medida que obliga a las entidades bancarias que quieran presentarse a concurrencia competitiva a declarar si tienen paraísos fiscales.

Todas estas medidas, que nunca se habían dado a una institución como el Ayuntamiento de Barcelona, son un avance muy importante y valorado por el sector de las finanzas éticas, que ven este comportamiento como un hito además de como modelo para otros ayuntamientos. No obstante, para una institución de las dimensiones del ayuntamiento de la ciudad condal, que tuvo un presupuesto anual de 2.700 millones de euros en 2017, el volumen que gestionan de las entidades de finanzas éticas o cooperativas representa sólo el 8% de la necesidad de financiación del ayuntamiento. Y en cuanto a las cláusulas sociales, carecen de instrumentos y mecanismos de seguimiento y evaluación que puedan validarlas y dotarlas de sentido y efectividad. De hecho, el BBVA anunció que sí que tiene dinero en las Islas Caimán, pero que lo tiene en condiciones legales, y esto no le impidió competir a la licitación.

Por lo tanto, todavía queda mucho camino por recorrer si desde la administración si se quiere apostar por la coherencia de políticas y dejar de trabajar con la banca armada. Se tienen que encarar retos y obstáculos de carácter técnico y jurídico para facilitar la entrada de las entidades éticas a la gestión de sus presupuestos y retos de dimensión y capacidad de gestión de volúmenes elevados, por parte de las entidades de finanzas éticas.

El debate sobre como incorporar las finanzas éticas a nuestras instituciones ya existen y algunas entidades ya están abordando la temática. Un ejemplo son las jornadas “Desarmemos las políticas financieras” que organizan SETEM Catalunya y el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, con el fin de conocer en profundidad los retos y los pasos para avanzar hacia políticas financieras más coherentes con la paz y la justicia social.

Las administraciones públicas tienen responsabilidad en la vulneración de derechos humanos fuera del territorio que gobiernan si son cómplices de las empresas que violan estos derechos. La compra y la contratación pública son los instrumentos clave para la coherencia de políticas que tiene la administración, y por lo tanto, es imprescindible que se incorpore la ética a todas las políticas públicas, incluida la financiación.

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